Por donde Franco solía

Hace muy pocas semanas me referí a las noticias menores –así las llamé– a las que no se presta atención y que de hecho no causan alarma, cuando suelen ser indicativas de la grave transformación que están sufriendo nuestras leyes a manos de un Gobierno que aplica su mayoría absoluta sin control, con arbitrariedad, sin rendir cuentas ni buscar consensos, exactamente como actúan las dictaduras.

Sí, la diferencia con éstas es que dentro de dos años y medio votaremos y podremos quitarnos a estos peligrosos gobernantes de encima. Eso será en la teoría, claro, porque de aquí a entonces no sabemos si el Gobierno, que domina el Parlamento y ahora también los Tribunales Constitucional y Supremo, a los que ha restado independencia y convertido en poco menos que títeres suyos, seguirá cambiando de tal modo las leyes que el resultado de las elecciones próximas esté predeterminado. Estamos plenamente embarcados en el modelo de falsa democracia que ha regido Italia durante la época de Berlusconi o Venezuela durante la de Chávez, perpetuada por su patético imitador Maduro; Rusia durante la ya larga de Putin y Ecuador durante la de Correa, Hungría durante la de Orbán y Argentina durante la de los Kirchner. Al PP no le importa copiar a quienes declara sus adversarios, si de ellos aprende a mantenerse en el poder, a acallar voces contrarias, a difamar a los discrepantes (véanse las acusaciones indiscriminadas del Ministro de Hacienda a los colectivos o gremios que considera “críticos”) y a gobernar con cada vez menos garantías para los ciudadanos.

Esas noticias menores a las que casi nadie hace caso son como la letra pequeña de los contratos: nadie la lee, pero es la que acaba por desahuciar a la gente, o por estafarla. De repente llegan unos policías y lo desalojan a uno de su casa. ¿Cómo puede ser?, se preguntan los semipropietarios perplejos, ¿cómo se ha llegado a esto? Lo mismo que quienes compraron preferentes o acciones sin enterarse y se encuentran de pronto desprovistos de sus ahorros. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se ha llegado a esto? La respuesta es invariable: se llegó con las cosas que se pasaron por alto, con aquellas de las que nadie protestó, ni siquiera los partidos de la oposición, que andan todos en sus limbos sin atender a sus deberes. Los unos con sus EREs de Andalucía, los otros con sus berrinches con la Monarquía, los de más allá no con su “derecho a decidir” (porque decidir entre opciones es lo que está justamente excluido), sino con su imposición a proclamar la independencia, velis nolis.

Hace unas semanas hablé de los detectives privados. Bueno, piensa la gente, tampoco somos tantos los que recurrimos a sus servicios. Unos meses atrás, de los agentes del CNI. Bueno, esos siempre son huidizos y secretos, al fin y al cabo. Y así nada tiene importancia. La noticia menor que hoy me ocupa nos podría afectar a cualquiera, pero todo el mundo lo verá improbable, hasta que un día un civil se encuentre ante un tribunal militar acusado de traición o de cualquier otro delito, y se pregunte: ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se ha llegado a esto, como si estuviéramos en tiempos de Franco? Pues se habrá llegado en estos días, sin que ninguna voz se alce. El código militar hasta ahora vigente estipulaba unos pocos casos en los que los civiles podían verse sometidos a su jurisdicción, y uno de ellos era “en tiempo de guerra”. La propia ley aclaraba que ese tiempo se extiende desde la declaración formal de guerra o la ruptura generalizada de hostilidades con una potencia extranjera hasta el cese de éstas. Pero como las guerras ya no se declaran sino que sin más se libran, el Ministerio de Defensa acaba de modificar su código, y donde ponía “en tiempo de guerra”, ahora pone “en situación de conflicto armado”; eso sí, sin explicar a qué llama exactamente conflicto armado, ni quién lo declara ni cuándo comienza o termina. Se trata de un concepto totalmente ambiguo, difuso, indeterminado. ¿Estábamos en esa “situación” mientras atentaba ETA? ¿Lo estamos ahora, bajo la permanente amenaza de ataques terroristas islamistas? ¿Lo estaríamos si en España operaran regularmente mafias sanguinarias como las de Italia? ¿Si hubiera una criminalidad sostenida y cruenta como las de México, Guatemala u Honduras? ¿Bastaría con que se desplegaran unidades del Ejército por cualquier motivo –proteger el Congreso de manifestantes, por ejemplo– para considerar que ya estábamos “en situación de conflicto armado”? No sé si se percatan de que, con este descarado cambio en el código militar, los civiles estamos expuestos a que ya no nos juzgue un tribunal civil en cuanto al Gobierno de Rajoy se le antoje. Las consecuencias no son tan menores: en esa “situación” tan imprecisa, cualquier español que difundiera información clasificada o de interés militar que perjudique la defensa de España o sus aliados –como un periodista, sin ir más lejos–, podrá ser acusado de traición y condenado, por un tribunal militar, a veinte años de cárcel (!). Y cualquier civil que desobedezca un bando militar podrá serlo a seis años (!). Si esto no es militarizar a la población de nuevo, privarla de sus derechos fundamentales y entregarla a la discreción y arbitrariedad del Ejército, que venga el General Franco y lo vea. Se frotaría las manos, les daría un gran abrazo a Rajoy y a sus ministros y les diría: “Bravo, muchachos, se ve que sois de los míos. Volvemos por donde solíamos”.