La financiación de CDC

Tras cuatro años de peripecias procesales, el caso Palau ha llegado al final de la instrucción. El juez considera probado que Convergència Democràtica, el partido que preside Artur Mas y gobierna en Cataluña, recibió por lo menos 5,1 millones de euros de la empresa Ferrovial mediante un procedimiento de financiación ilegal que utilizaba como vehículo el Palau de la Música.

El juez imputa a 17 personas, entre ellos un exdiputado y un tesorero de CDC, además de los dirigentes del Palau, Félix Millet y Jordi Montull, autores confesos del expolio estimado en 35 millones de euros. El mecanismo es muy similar al que se investiga en los casos Bárcenas y Gürtel, con el agravante de que el partido que se presenta como el genuino defensor de Cataluña, no habría tenido reparos en utilizar una de sus instituciones más emblemáticas para financiarse y adquirir una posición de ventaja sobre sus adversarios políticos. La empresa, que niega acuerdos que hayan podido alterar procedimientos de contratos públicos, habría aportado, según el sumario, el 4% del valor de las obras adjudicadas a la firma por Gobiernos de CiU, que suman 1.159 millones. La financiación se habría canalizado en forma de donaciones a la fundación del Palau, que a su vez habría trasladado un 2,5% del valor de las obras a CDC por diferentes vías.

La instrucción ha tenido que sortear numerosas resistencias, entre ellas una inaceptable falta de colaboración por parte de varias entidades bancarias, que dicen no encontrar los datos relativos a 9,6 millones de euros cobrados en cheques o en metálico cuyo destino se desconoce. Mas sigue negando que se haya producido financiación irregular y pretende pasar el apuro compareciendo ante una comisión del Parlamento catalán el último día de julio. Aunque eso es ya mucho más de lo que Rajoy parece dispuesto a conceder, resulta totalmente insuficiente. El presidente debe asumir las responsabilidades políticas que corresponden a una acusación tan grave.