Espionaje y libertades

Acosado por la alarmante discrepancia entre sus mensajes y los hechos que avala desde su cargo, Barack Obama ha salido a la palestra para defender lo indefendible: los masivos y secretos programas de vigilancia de las comunicaciones en los que su Gobierno lleva años embarcado. Huérfano de argumentos convincentes para justificar esa intromisión orwelliana en los aspectos más personales de las vidas ciudadanas, el presidente de Estados Unidos recurre al efectismo fácil al afirmar que no se puede pretender a la vez el cien por cien de seguridad y de privacidad, como si los hechos no hubieran probado hasta la saciedad, también en EEUU, que el secuestro de la última no hace menos ilusoria la primera.

Las revelaciones de que las autoridades federales, en nombre de la seguridad nacional, bucean rutinariamente en las comunicaciones telefónicas y por Internet de millones de personas son especialmente graves por lo que tienen de allanamiento de los principios democráticos. Sería ingenuo pensar en un control judicial efectivo de semejante leviatán. Y bordean lo tenebroso al conocerse que esa intromisión se ejecuta mediante órdenes y tribunales secretos o programas aún más secretos cuya existencia dicen desconocer los propios gigantes de la red cuyos servidores son escudriñados.

Resulta un sarcasmo que este espionaje indiscriminado —por más legales que algunos de sus aspectos puedan resultar a la luz de la funesta Ley Patriótica, aprobada sin un escrutinio parlamentario digno de tal nombre en el huracán emocional que siguió en EEUU a los atentados del 11-S— haya permanecido secreto con el consentimiento de un Obama que llegó a la Casa Blanca prometiendo precisamente combatir los excesos autoritarios de su predecesor. Un Obama cuya credibilidad se desploma y que nunca habría informado a sus compatriotas de no verse forzado por revelaciones periodísticas.

Lo conocido señala no solo una erosión profunda de las libertades civiles en un país que se proclama adalid en su defensa. Una vigilancia tan masiva y sostenida como la que ha salido a la luz en EEUU, cuyo alcance e implicaciones potenciales estremecen, solo es posible como resultado de un cierto sentido de inmunidad por parte de los poderes que la condonan. El mantenimiento de la seguridad y la democracia no exige una intromisión a ultranza e indiscriminada en la vida de las personas.