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EDITORIAL

Regreso al pasado

El Ejecutivo propone una reforma educativa que causa rechazos y no busca el consenso

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, desaprovecha la oportunidad de legislar desde la moderación y el consenso, tal y como exigía el ambicioso propósito de reforma de la enseñanza del que partió para corregir los defectos del modelo actual. La reforma que quiere aprobar gracias a la mayoría absoluta indica que, en capítulos destacados, el Gobierno pone su capacidad de iniciativa legislativa al servicio de la Iglesia católica y de sectores radicalizados de la derecha.

Con la nueva ley, la religión católica recupera una posición de privilegio en el sistema educativo al convertirse en materia evaluable en las calificaciones escolares y en los baremos para la obtención de becas. La Iglesia quiere frenar así el declive de su influencia en una sociedad plural y cada vez más secularizada. Se elimina la Educación para la Ciudadanía al tiempo que se crea una materia sobre “valores” de perfiles no definidos. El proyecto de ley refuerza además las posiciones de los centros religiosos concertados, en detrimento de la red pública, y blinda la posibilidad de que se pueda separar a los alumnos por sexo sin que los centros que lo hagan dejen de financiarse con fondos públicos. El propósito que anima al Gobierno queda claro cuando, allí donde la actual normativa indica que el Estado garantizará a los españoles una plaza escolar pública, se limita ahora a garantizar simplemente una plaza.

También recorta la capacidad de decisión de las autonomías al fijar con mayor amplitud las materias troncales, con la idea de reforzar una determinada idea de España en las comunidades con una cultura propia diferenciada. La solución por la que Wert ha optado para garantizar la enseñanza del castellano en Cataluña no solo augura un conflicto con las autoridades catalanas, sino una dificultad de aplicación; porque al garantizar que pagará la escolarización en castellano de los alumnos que lo soliciten en un centro privado, parece ignorar que en la mayoría de los centros privados catalanes la lengua vehicular no es el castellano, sino el catalán.

Con la nueva ley, profesores y padres pierden la capacidad de intervenir en decisiones tan importantes como los presupuestos, el proyecto educativo o el proceso de admisión, pues allí donde hasta ahora tenían una capacidad de voto del 60%, pasan a estar en minoría frente a la Administración. Finalmente, pero no es lo menos importante, con el nuevo sistema de itinerarios en 3º y 4º de la ESO se corre el riesgo de que se instale en la práctica un mecanismo de segregación de los alumnos más desfavorecidos socialmente. La articulación de un potente sistema de formación profesional es, sin duda, una asignatura pendiente desde la Transición: el proyecto del Gobierno proclama su propósito de conseguirlo, pero para ello hace falta algo más que intenciones. La nueva ley, ideologizada en sus postulados, queda ahora confiada al mecanismo de la mayoría absoluta.

 

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