Pacto a prueba

El presidente del Gobierno no ve posible el pacto nacional por el empleo que los líderes de los principales sindicatos le pidieron ayer en La Moncloa, en presencia de los dirigentes de las organizaciones patronales. En cambio, les ofreció diálogo sobre reformas concretas, como la de las pensiones. Una recesión tan prolongada y el mazazo de los 6,2 millones de parados ayudan a explicar el giro táctico del presidente, hasta ahora renuente al diálogo, aunque Rajoy anticipó que seguirá con su hoja de ruta y se dijo dispuesto a asumir “el coste y el desgaste” que sean precisos, en una declaración que recuerda aquella de “cueste lo que cueste y me cueste lo que me cueste” de su antecesor, José Luis Rodríguez Zapatero.

La convocatoria a La Moncloa corrige el error de no haber recibido pública y conjuntamente a dirigentes patronales y sindicales en 16 meses. Un tiempo en que este país sufrió dos huelgas generales, pero también la incómoda situación de que Angela Merkel convocara a los líderes de CC OO y UGT antes que el propio jefe del Gobierno. Las encuestas de opinión se han encargado de reflejar la pesada factura que el presidente paga por su aislamiento y los pocos resultados tangibles que esa estrategia ha producido: de ahí el giro realizado.

Otra cosa es lo que pueda esperarse del diálogo social. El líder socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, lo considera insuficiente; y Rajoy, que asegura haber hablado mucho con Rubalcaba, no desaprovecha la ocasión para quejarse de falta de apoyo en las iniciativas que ha hecho aprobar, desde la reforma laboral y la ley de estabilidad presupuestaria a la reforma financiera o los planes sobre desahucios y preferentes. Rajoy solo está satisfecho del apoyo recibido en “temas europeos”, que por cierto son los que más le importan, como dejó claro en su comparecencia de ayer. El jefe del Ejecutivo persiste en no dar bazas políticas a la oposición y le acusa de pretender solo aumentos del gasto público, para los que no hay dinero. En ese camino se va a encontrar también con los sindicatos, que le piden que suba la presión fiscal, no por la vía de incrementar los tipos del IVA o del IRPF, sino aumentando la lucha contra el fraude, obligando a la economía sumergida a emerger y forzando una “nueva regulación” de las Sicav.

La exclusión de la oposición parlamentaria reduce la ambición de la iniciativa presidencial, pero no debe matar la expectativa de un diálogo social, por limitado que sea. Es positivo que los líderes sindicales hayan presentado sus propuestas en tono moderado y resaltando la voluntad de huir de maximalismos. El Gobierno tiene ahora que dar pruebas de que la convocatoria de ayer a La Moncloa no ha sido un mero tanteo de la disposición de los sindicatos a mantener la moderación salarial o aceptar la reforma de las pensiones, sino la de responder a esa gran mayoría de españoles que reclama pactos contra la crisis.