Justicia a la carta

La reforma judicial impulsada por el Gobierno de Cristina Fernández amenaza con dinamitar la separación de poderes en Argentina, al aumentar el control del Ejecutivo sobre la judicatura. Así ocurre con la nueva composición del Consejo de la Magistratura, encargado de la selección y destitución de jueces. El órgano pasa de 13 a 19 miembros: siete serán, como hasta ahora, representantes políticos, nombrados por el Congreso y el Ejecutivo. Los restantes (jueces, abogados y académicos) pasan de 6 a 12, pero ya no serán escogidos por sus gremios, sino por el voto popular en las elecciones generales. Para ello deberán ser candidatos en las listas de los partidos. El ganador de las elecciones tendrá el control del Consejo de la Magistratura.

Cristina Fernández llama “democratización de la justicia” lo que a todas luces es un atentado contra la independencia judicial. Como lo es limitar las medidas cautelares que suspenden decisiones gubernamentales, lo que genera indefensión de la ciudadanía frente a los abusos del poder. Esta iniciativa tiene dedicatoria: el grupo de comunicación Clarín, salvado hasta ahora por un amparo del intento del Gobierno por desarticularlo.

Estas son las dos medidas más polémicas del paquete. De nada han servido las críticas de las asociaciones profesionales de jueces y abogados —que han anunciado recursos de inconstitucionalidad—, la huelga de los funcionarios judiciales, las multitudinarias protestas ciudadanas o la condena de varias organizaciones de derechos humanos. Tampoco la severa advertencia de la relatora especial de la ONU sobre la independencia judicial, la brasileña Gabriela Knaul, que ha alertado de que la reforma compromete la separación de poderes y la tutela judicial efectiva.

En realidad, nunca estuvo en la intención del Gobierno consensuar unas medidas tan cruciales. Más parece que Cristina Fernández haya optado por seguir el ejemplo de sus homólogos en Venezuela o Bolivia, empeñados en vulnerar el equilibrio institucional.

Es muy improbable que esta iniciativa contribuya a mejorar la alicaída popularidad de la presidenta. Pero sin duda va a minar todavía más la credibilidad internacional de Argentina, socavada, entre otras cosas, por la manipulación de los indicadores económicos o la ausencia de seguridad jurídica.