Cualificaciones profesionales

A un profesor del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts, EE UU) cuyo despacho está a unos pocos metros del mío, el presidente Obama acaba de designarle para ocupar el puesto de ministro de Energía, aunque para su nombramiento definitivo queda todavía la rigurosa audiencia en el Senado estadounidense. Se trata de Ernest Moniz, doctor en Física, director del Programa de Energía en el MIT, que enseña estrategia energética y que ya fue subsecretario de Energía con la Administración de Clinton. El saliente ministro de Energía, el doctor Steven Chu, es premio Nobel de física y experto, entre otros temas, en energías renovables.

Estados Unidos tiene que hacer frente a complejas decisiones en el ámbito energético. Dispone de muchas opciones, por su gran capacidad tecnológica y sus enormes recursos naturales —algunos en zonas de alto riesgo medioambiental—. Actualmente importa mucho petróleo, apoya sin gran convicción la energía nuclear (no se ha instalado ninguna nueva central en los últimos 30 años), no termina de decidirse abiertamente por las energías renovables, es uno de los países con mayores emisiones de CO2 per cápita y aún no ha conseguido un consenso interno que le permita adoptar una estrategia coherente sobre el cambio climático.

Es por tanto lógico que el presidente Obama elija a una persona de alta cualificación profesional para establecer la política energética. Es también el caso de otros cargos de alta responsabilidad en el campo de la energía, como el de presidente de la Agencia de Regulación Nuclear (NRC) o la de Protección Medioambiental (EPA). Es fácil encontrar en Internet las excelentes cualificaciones de los profesionales que han ocupado estos puestos. Por supuesto que una elevada capacitación no es garantía de una gestión acertada, esto es, no es condición suficiente para el éxito, pero sí es, en mi opinión, condición necesaria. Un claro indicador de la importancia que el país más poderoso del planeta le da al sector energético es que hay un ministerio exclusivamente dedicado a la energía.

Los partidos se creen
con el derecho de colocar en cualquier puesto a cualquier persona de su círculo, en detrimento
del interés general

España tiene también que hacer frente a complejas decisiones en el ámbito energético. Tenemos una elevada dependencia del exterior (84%, que es mucho mayor que la media europea, 54%), un gasto anual por importación de combustibles fósiles de más de 1.000 euros por habitante, una intensidad energética (consumo de energía por unidad de PIB) superior al valor medio en Europa, serias dificultades para cumplir con nuestro compromiso internacional de reducción de emisiones de efecto invernadero y precios de la electricidad superiores a la media europea, que el ministerio fija por debajo de los costes que él mismo autoriza, habiéndose acumulado una deuda tremenda. Al contrario que otros países de nuestro entorno, España carece de una estrategia energética de largo plazo, aunque afortunadamente la pertenencia a la Unión Europea impone determinados compromisos energéticos y medioambientales. En España está por decidir si la energía nuclear es aceptable como una opción de futuro; se ha dado un brusco frenazo a la fuerte expansión de la última década en energías renovables sin ofrecer perspectivas de medio y largo plazo a las empresas que trabajan en estas tecnologías; nuestro Gobierno ha tratado de vetar la directiva europea de eficiencia energética, cuando el ahorro y la eficiencia en energía son las primeras medidas por las que se debiera apostar decididamente; se subvenciona el carbón nacional en detrimento de la producción de electricidad con gas natural en centrales existentes y parcialmente ociosas, lo que permitiría reducir las emisiones de CO2; y se da una penosa imagen de inseguridad jurídica a la potencial inversión en nuevas tecnologías limpias al aplicar medidas retroactivas y arbitrarias.

En España, donde el actual Gobierno quiere reducir las competencias de la comisión que regula la energía y fusionarla con otras entidades, solamente en esta última legislatura aparece por primera vez la palabra energía en el título del actual Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Hay una Secretaría de Estado en el ministerio dedicada a la energía, donde se han alternado con demasiada frecuencia (siete en los últimos 10 años) expertos profesionales con otros sin cualificaciones adecuadas para el puesto. Esto último ha sido el caso de cada uno de los ministros durante la última década. Parece que aumentan las probabilidades para ocupar el puesto de ministro a cargo de la energía si se es político de carrera, economista de amplio espectro, médico o alcalde, de acuerdo a las estadísticas. El análisis puede extenderse, con excepciones, a los nombramientos para otros organismos con competencias energéticas, como la Comisión Nacional de Energía, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía o la Oficina Española de Cambio Climático.

Esta reflexión mía no es acerca de las personas en particular, sino de una cultura arraigada en nuestro país que tolera que altos cargos que requieren elevadas cualificaciones profesionales no sean expertos en la correspondiente materia, y que los partidos políticos se crean con el derecho de colocar en cualquier puesto a cualquier persona de su círculo de confianza, en detrimento del interés general. El control parlamentario de este asunto en España es un mero trámite, todo lo contrario que en EE UU.

El debate energético en España no puede reducirse a tratar de encontrar una salida al embrollo del déficit tarifario eléctrico o a conseguir que baje momentáneamente el precio de la gasolina. Necesitamos también en los puestos de la máxima responsabilidad energética a profesionales cualificados que lleguen con ideas y con visión. Que vengan con la lección aprendida de casa.

José Ignacio Pérez Arriaga es director de la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad y profesor del ICAI (Universidad Pontificia Comillas) y del MIT, y miembro de la Real Academia de Ingeniería de España.