Malentendidos del saldo fiscal catalán

Según la Generalitat, en 2009 el Estado obtuvo de Cataluña un saldo fiscal de 16.410 millones de euros, un 8,4% del PIB catalán. Esta cifra ha quedado fijada en la retina del ciudadano. Hoy el argumento clave de quienes abogan por la independencia no tiene nombre; tiene un número: 16.000 millones.

Dada la trascendencia de las elecciones del próximo 25 de noviembre, es importante que la ciudadanía entienda bien cómo se ha calculado y qué mide esta cifra. El concepto de saldo fiscal es muy resbaladizo cuando trata de identificar la incidencia territorial de la acción económica del Estado. No estamos ante un concepto nítido y estadísticamente acreditado como puede ser, por ejemplo, el volumen de deuda pública publicado por el Banco de España, sino ante un cálculo materialmente complejo, basado en supuestos múltiples y en el que pequeñas variaciones de estos supuestos llevan a resultados dispares. De entrada hay dos problemas alrededor de la cifra de 16.410 millones que los electores deberían conocer para aquilatar debidamente el significado de la misma.

El primero es que la cifra no refleja el saldo real de 2009. Si de esta cuestión va a hacerse uso político, los ciudadanos tienen derecho a saber de forma clara y directa cuánto dinero el Estado obtuvo de y aportó a Cataluña a lo largo del año en cuestión. Las cifras, de acuerdo con la misma metodología y con los datos suministrados por la Generalitat, son las siguientes: En 2009 el Estado obtuvo en Cataluña ingresos por valor de 46.195 millones y aportó recursos en forma de gasto público por valor de 45.403 millones. Es decir, el saldo fiscal real obtenido por el Estado no fue 16.410 sino de 792 millones; no fue un 8,4% del PIB, sino un 0,4% del PIB.

El segundo problema es que la cifra es incorrecta. Está basada en una imputación territorial de los ingresos y gastos del Estado según la metodología del flujo monetario (es decir, según el lugar donde se obtiene la recaudación fiscal y donde se realizan los pagos asociados al servicio público), cuando la metodología económicamente correcta es el del flujo beneficio (según la residencia de quién finalmente soporta el impuesto y del beneficiario del servicio público). Esto puede parecer un detalle técnico sin importancia, pero tiene un efecto muy significativo sobre los resultados del ejercicio.

Utilizando la metodología correcta, las cifras (siempre con datos de la propia Generalitat) son las siguientes: en 2009 los ingresos del Estado en Cataluña fueron 45.184 millones y la aportación en forma de gasto público de 49.199 millones. Por tanto, el saldo fiscal real fue -4.015 millones; un saldo no sólo menor, sino de signo negativo; un saldo a favor de Cataluña. En 2009 el Estado gastó en Cataluña más de lo que recibió en impuestos. Cataluña se benefició de la actuación fiscal del Estado por un importe equivalente al 2,1% del PIB. El informe de la Generalitat proporciona los datos de base para este cálculo, pero no explicita el saldo favorable a Cataluña que del mismo resulta.

La aportación neta del Estado crecerá en años sucesivos por la subida del paro y la caída de ingresos

Hasta aquí los datos puros y duros que el ciudadano tiene derecho a conocer. A partir de aquí, lo que nos gusta a los economistas: el análisis y la interpretación. En definitiva, el ajuste de los datos. A este segundo estadio es al que pertenece la cifra de 16.410 millones propagada por la Generalitat. Seré el último en decir que para sacar todo el jugo a la información estadística, ésta no deba ser analíticamente ajustada, pero el primero en exigir que, si lo hacemos, expliquemos claramente el alcance del ajuste y no nos quedemos con un relato parcial del resultado del mismo. En lo que sigue, me limito, por ser la correcta, a la metodología del flujo beneficio y sigo utilizando (es importante reiterar este extremo) los datos suministrados por la Generalitat.

Los saldos fiscales territoriales, como la gran mayoría de conceptos macroeconómicos, vienen afectados por el momento cíclico en que la economía se encuentra. Dada la variabilidad temporal que esto implica, los economistas han creído oportuno descomponer el saldo fiscal real en dos partes: una estructural, que aspira a identificar el saldo fiscal permanente a lo largo del tiempo, y otra coyuntural, cuyo objetivo es medir el efecto del ciclo económico sobre este saldo. En el caso que nos ocupa, el saldo real de -4.015 millones se descompone en un saldo estructural de 11.261 millones y un saldo coyuntural de -15.276 millones.

El cálculo de las balanzas fiscales territoriales es resbaladizo y se ve muy afectado por la coyuntura

Los 16.410 millones (8,4% del PIB) enfatizados por la Generalitat corresponden al saldo estructural y deben ser comparados con la cifra correcta de 11.261 millones (5,8% del PIB). La utilización de la metodología del flujo monetario ha significado pues una sobreestimación del saldo estructural del 45,7%.

La visión completa de lo ocurrido en 2009 es la siguiente: según el análisis anterior, detrás del saldo real de 4.015 millones a favor de Cataluña, existe un saldo fiscal estructural a favor del Estado de 11.261 millones y un saldo fiscal coyuntural a favor de Cataluña de 15.276 millones.

El saldo fiscal estructural no es despreciable, máxime si lo tomamos como una medida de lo que Cataluña ha contribuido en términos netos lo largo del tiempo (de media, un 5,7% del PIB en el período 2006-2009). Pero debe señalarse también que la asistencia que en 2009 el Estado prestó a la economía catalana para hacer frente al efecto depresivo de la crisis —ésta es precisamente la interpretación del saldo coyuntural— fue incluso más importante: un 7,8% del PIB. Esta ayuda, que fundamentalmente refleja la caída de los ingresos fiscales y el aumento del gasto asociado a la enorme incidencia del paro, sin duda ganará importancia en años sucesivos y, dada la inercia del paro, será significativa hasta más allá de la recuperación. Una implicación de este análisis, difícil de resistir, es que quizás no sea éste el momento oportuno para independizarse de un Estado que contribuye de esta forma a paliar los terribles efectos depresivos que una economía como la catalana, relativamente más industrial y expuesta al ciclo que la media española, está sufriendo en estos momentos.

Por otra parte, a pesar de ser significativamente más bajo que el dado por la Generalitat, ¿sigue siendo un saldo estructural de 11.261 millones de euros demasiado alto para Cataluña? La respuesta naturalmente depende de la referencia que utilicemos. Todos los países generan flujos económicos entre regiones si éstas son lo suficientemente heterogéneas en términos de riqueza y población. Si el sistema fiscal español fuera estrictamente proporcional y si el gasto público estatal se distribuyera según la población —una referencia que muchos aceptarían como razonable— el saldo fiscal estructural de Cataluña, una Comunidad relativamente más rica que la media, habría sido en 2009 de 8.475 millones de euros. El saldo fiscal estructural es pues del orden de 3.000 millones de euros mayor que lo que sería de esperar; un exceso del 1,5% del PIB.

¿Por punto y medio del PIB, vale la pena asumir los altos costes  asociados al proceso independentista?

¿Por punto y medio del PIB, vale la pena asumir los altos costes de transición asociados al proceso independentista que el Gobierno catalán propone? ¿Es razonable la secesión de Cataluña cuando el Gobierno central está contribuyendo del orden de unos 15.000 millones anuales (un 7,7% del PIB) para paliar los terribles efectos de la crisis sobre la economía catalana, y seguirá haciéndolo hasta que la recuperación económica sea una realidad? Éstas son preguntas sobre las que el elector catalán debe reflexionar, como debe hacerlo también sobre el hecho más tangible tratado en estas líneas: en 2009 Cataluña no pagó al Estado 16.410 millones de euros, sino que recibió del Estado 4.015 millones; no contribuyó al resto de España con un 8,4% de su PIB, sino que se benefició de la asistencia de las demás regiones españolas por un montante igual al 2,1% del PIB catalán.

Antoni Zabalza es catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.