Credibilidad de la política fiscal

La evaluación del último ajuste fiscal presentada por el Gobierno el 3 de agosto ha sido muy insuficiente para explicar el proceso de consolidación y aumentar la credibilidad de la política fiscal española. Y ello por los siguientes motivos. Primero, el Gobierno no ha explicado el ajuste necesario para cumplir estrictamente el objetivo de déficit público cada año del período 2012-2014. Segundo, las cifras difundidas no resultan compatibles con las medidas de política ya anunciadas con anterioridad al 13 de julio ni tampoco con el cumplimiento del objetivo de déficit.

Para abordar la primera tarea resulta conveniente introducir el concepto de déficit estructural. El déficit público alcanzó en 2011 el 8,9% del PIB, estimándose que el déficit cíclico, el efecto sobre el déficit de la situación cíclica de la economía, fue del 1,8%. El déficit estructural es el resto, es decir, el 7,1% del PIB. Su interpretación es que, en ausencia de medidas, este componente estructural permanecería y se alcanzaría un déficit en cada período que sería la suma de los componentes estructural y cíclico. El objetivo es que el déficit público no supere el 6,3% del PIB en 2012, el 4,5% en 2013 y el 2,8% en 2014. La primera cuestión es estimar el impacto de la actividad en las cuentas públicas, el déficit cíclico. Para responderla es necesario introducir el concepto de output gap, el porcentaje de desviación entre el PIB y el PIB potencial, que se estima en el -4,2% en 2011. Con un crecimiento del PIB del -1,4% y un crecimiento potencial del 0,5%, el output gap este año sería -6,1%, es decir, el anterior más el crecimiento del PIB menos el crecimiento potencial. Considerando expectativas de crecimiento en 2013-2014 del -1,0% y 1,5% y un crecimiento potencial del 0,6 y 1,0 respectivamente, se alcanzaría un output gap mínimo del -7,6% en 2013, que se empezaría a cerrar hasta el -7,1% en 2014. La evidencia muestra un déficit cíclico proporcional al output gap que se situaría en el entorno del 2,5 en 2012, del 3,0 en 2013 y del 2,8 en 2014.

La conclusión es que para alcanzar el objetivo de déficit, será necesario reducir el déficit estructural al 3,8% en 2012, al 1,5% en 2013 y al 0,0 en 2014. Para ello, se requerirá un esfuerzo fiscal (reducción del déficit estructural) de 3,3 puntos del PIB en 2012, de 2,3 adicionales en 2013 y de 1,5 en 2014. En total 7,1 puntos del PIB, es decir, ajustes por 78.100 millones de euros.

Las cifras difundidas no resultan compatibles con las medidas de política ya anunciadas

La segunda tarea es la evaluación de las medidas anunciadas en términos de este esfuerzo fiscal necesario. El ajuste anunciado asciende a 13.118 millones de euros en 2012, 38.956 en 2013 y 50.075 en 2014. Dado que se trata de desviaciones en niveles entre dos escenarios alternativos (con y sin medidas de política), el impacto total es la desviación en 2014, 50.075 millones de euros, y no la suma de las desviaciones cada año como se ha interpretado erróneamente. Ello supondría el 64,1% del esfuerzo fiscal necesario hasta 2014, por lo que se requerirían ajustes adicionales por 28.025 millones de euros.

Pero hay un problema adicional y doble. Este año se evalúa el ajuste en 13.118 millones pero el esfuerzo fiscal necesario es casi tres veces superior, de 36.300 millones (para reducir el déficit estructural desde el 7,1 al 3,8% del PIB). Parece evidente que no se incluyen las medidas anteriores al ajuste del 13 de julio que ascendían, entre ingresos y gastos, a 22.864 millones, que, conjuntamente con el último ajuste, suponen 35.982 millones de euros, es decir, el esfuerzo fiscal necesario para alcanzar el objetivo de déficit en 2012.

Las conclusiones resultan extremadamente preocupantes. En primer lugar, las explicaciones ofrecidas por el Gobierno del proceso de consolidación fiscal son claramente insuficientes. No se ha explicado a los mercados que, dadas las expectativas de actividad, alcanzar el objetivo de déficit del 2,8% del PIB en 2014 supone el equilibrio estructural de las cuentas públicas en dicho año, anticipando en varios años el cumplimiento de la reforma constitucional. Tampoco se ha explicado que el esfuerzo fiscal durante estos tres años es muy importante, ascendiendo a 7,1 puntos del PIB. En segundo lugar, la evaluación del ajuste ha generado incertidumbre. No parecen incluirse las medidas anteriores al 13 de julio, infravalorando el ajuste en 2012, lo que genera dudas sobre el cumplimiento del objetivo. Se interpreta erróneamente el ajuste total, sumando desviaciones en niveles, y no se ofrece la información con el detalle requerido.

En definitiva, resulta imprescindible cambiar la percepción que tienen los mercados y las instituciones sobre la política fiscal y presupuestaria española. Ello exige la revisión del Programa de Estabilidad 2012-2015, eliminando las incertidumbres sobre la política fiscal y la inmediata creación de un Consejo de Estabilidad Presupuestaria independiente, siguiendo las recomendaciones de las instituciones europeas, como el que ya tienen las principales economías. Esta es la vía para impulsar permanentemente la credibilidad de la política fiscal y presupuestaria.

David Taguas es director del Instituto de Macroeconomía y Finanzas, Universidad Camilo José Cela.