Aguirre ultima su ley para eliminar la letra pequeña en las hipotecas

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha dado hoy los primeros pasos para aplicar el último párrafo del programa electoral, que prometía: "Promoveremos que las familias solo respondan de las deudas que hayan adquirido por la compra de su vivienda con el bien inmueble hipotecado". Después de votar el PP hace tres meses en el Congreso en contra de la medida, la presidenta del PP dio mucho que hablar en la campaña al subrayar este punto de su programa para sumarse a un debate populista y más complejo de lo que aparenta.

Aguirre anunció que fomentaría la dación en pago, término con el que se conoce formalmente a la cancelación de la hipoteca con tan solo entregar la vivienda al banco y que ha popularizado el Movimiento 15-M. Luego se vio obligada a matizar que no tiene competencias para ello y que, en realidad, lo que propone es de que los bancos pongan "en letra bien grande" el tipo de contrato que firman los clientes, de forma que sepan si están comprometiendo todo su patrimonio presente o futuro, como es habitual.

Unos préstamos "más transparentes"

En una de sus primeras medidas tras ganar los comicios, el Ejecutivo de Madrid ha analizado hoy lo que ha venido a llamar el anteproyecto de Ley para la Protección de los Consumidores, con el que pretende eliminar la letra pequeña de los créditos hipotecarios y hacerlos más "transparentes" para que el contratante conozca "todas y cada una de sus obligaciones" con la entidad financiera. Tras el consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, Ignacio González, ha recordado que, además de una promesa electoral, su aprobación y puesta en marcha fue uno de los compromisos adquiridos por la presidenta en su último discurso de investidura. Se trata, según el vicepresidente, de que las entidades financieras tengan la obligación de informar a los clientes de las condiciones, consecuencias y responsabilidades que asumen en caso de que no puedan hacer frente al pago de los créditos.

González ha insistido en que el objetivo es facilitar "por adelantado" a los interesados en solicitar una hipoteca una información "clara y transparente" en la que se refleje "en letra grande" cada una de las condiciones que pone la entidad financiera en cada fórmula de crédito posible y darles tiempo suficiente para analizarlas. De este modo, el firmante de una hipoteca sabrá si, en caso de impago, debe hacer frente a la deuda sólo con la vivienda hipotecada (dación) o con sus bienes presentes y futuros. Ha recalcado que la nueva Ley del Consumidor no tiene que ver con el pago de las hipotecas por dación pues, según ha admitido, la Comunidad no tiene competencia para ello ni la necesita porque "eso ya está hecho".

Ha insistido en que lo único que busca esta ley es "regular los derechos de los consumidores a la hora de suscribir hipotecas y pedir préstamos" y hacer unos contratos claros "en los que toda la letra sea igual de grande". A partir de la entra en vigor de la ley, ha explicado el vicepresidente, los contratos hipotecarios también especificarán claramente las garantías y obligaciones de los avalistas para que ellos también sepan "cual es el alcance de sus responsabilidades". González ha advertido de que la ley establece penalizaciones y sanciones para las entidades financieras que incumplan sus disposiciones, cuya cuantía no ha especificado.

Ha informado de que "probablemente" en la reunión del Consejo del próximo jueves se acordará la remisión del borrador de la futura ley -que aún está en elaboración- al Consejo de Consumo de la Comunidad y al Consejo Económico y Social, así como a las entidades bancarias con el fin de recabar las opiniones y sugerencias de todos antes de proceder a la tramitación y aprobación del texto definitivo en la Asamblea.