Aguirre avanza la ley que obligará a los bancos a informar bien sobre las hipotecas

La ley de transparencia hipotecaria que anunció la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ya tiene borrador. El Consejo de Gobierno regional ha conocido esta mañana el anteproyecto de ley, que prevé multar con entre 15.000 y 600.000 euros a los bancos y cajas que no informen correctamente a los consumidores que contraten con ellos una hipoteca.

Aguirre ha recordado que las comunidades autónomas tienen competencias para garantizar los derechos de los consumidores: "Queremos protegerles de modo que conozcan lo que están firmando", ha señalado. El borrador se enviará a los especialistas del sector: entidades bancarias, notarios y registradores o asociaciones de consumidores, entre otros.

Las infracciones que pueden conllevar sanción son, por ejemplo, por no dar información previa o que la oferta vinculante que hace el banco al consumidor no coincida luego con lo que estipula el contrato que se firma. El objetivo de la ley, ha asegurado Aguirre, es "regular la transparencia tanto en la información previa como en el contrato que se firma".

Durante la precampaña pasada para los comicios del 22 de mayo, Aguirre se había comprometido a que los madrileños no tengan que poner como aval sus bienes presentes y futuros cuando firmen una hipoteca bancaria y que solo respondan con su vivienda si no pueden hacer frente a los pagos. El último párrafo del programa electoral decía: "Promoveremos que las familias solo respondan de las deudas que hayan adquirido por la compra de su vivienda con el bien inmueble hipotecado".

La propuesta fue sorprendente porque tres meses antes el PP y el PSOE habían votado en el Congreso en contra de la medida, presentada por IU. La presidenta del PP se sumó de esa forma a un debate populista y más complejo de lo que aparentaba.

La propuesta inducía a pensar que se permitiría la entrega del inmueble para cancelar la hipoteca. Cuestión sobre la que la Comunidad de Madrid no tiene competencias. Por eso, tanto el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, como el Ministerio de Fomento se lo recordaron a la presidenta. El Gobierno regional sí tiene competencias en materia de consumo, por eso lo que prevé la ley es obligar a los bancos a precisar si lo que se firma. Algo bien distinto a lo que decía el programa.