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Revés judicial a una de las concesionarias de los nuevos hospitales de Madrid

Un juez da la razón al Gobierno regional sobre el régimen del IVA aplicable a la concesionaria.- Estaban en juego 48 millones de euros

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 22 de Madrid ha desestimado un recurso de una de las concesionarias del Hospital del Sureste, Phunciona Gestión Hospitalaria, al declarar ajustado a derecho la interpretación que el centro hospitalario, es decir, el Gobierno regional, hizo el 10 de febrero de 2010 del régimen del IVA aplicable a la concesión. La sentencia, contra la que cabe recurso, establece que la empresa concesionaria de la construcción y explotación del centro hospitalario, situado en Arganda, debe emitir sus facturas a la Comunidad con un IVA del 7% y no del 16% y considera "desorbitada" la cantidad de dinero que reclamaba a la Administración.

En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, el juez desestima el recurso interpuesto por la concesionaria contra la resolución del hospital relativa al contrato de concesión de obras públicas para la redacción del proyecto, construcción y explotación del hospital. La gerencia del hospital consultó al Ministerio de Economía y Hacienda qué IVA debía aplicar a los servicios de alojamiento y manutención de pacientes y la respuesta, vinculante, fue que tenía que ser el el tipo reducido del 7%, cuando hasta ese momento se aplicaba el general del 16%. En la sentencia, el juez considera ajustado a derecho la interpretación del pliego de condiciones por parte del hospital.

Sería un "enriquecimiento injusto"

La sentencia respalda la tesis del Hospital del Sureste, que sostiene que las pretensiones de la sociedad concesionaria rompían el equilibrio económico del contrato y suponían, como dice textualmente la sentencia, "un incremento de su beneficio que el juzgador no duda en calificar de enriquecimiento injusto". Además, considera obligatoria la regularización tributaria no solo en 2010, sino en un periodo que abarca los tres ejercicios anteriores, es decir desde 2007. La Administración pública calcula que el "desfase" de los nueve puntos porcentuales supondría 48.705.000 euros. La responsable de dirección de Phunciona Gestión Hospitalaria ha declinado comentar el fallo, según informa la cadena SER.

Esta sentencia llega tras desvelarse que las empresas concesionarias de siete de los nuevos hospitales madrileños han exigido por carta al Gobierno de Esperanza Aguirre 80 millones de euros para evitar el colapso de los centros. Estas empresas consideran que se les debe esta cantidad por modificaciones a los proyectos introducidas por la Administración a posteriori. Además, exigen que se aumente el canon anual que cobran por sus servicios en otros 9,2 millones -los cánones de los siete hospitales cuestan 138 millones-. Los hospitales afectados, además del Sureste, son los de Puerta de Hierro, Infanta Sofía, Hospital del Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina y Hospital del Tajo.

Uno de los puntos de la carta se refiere precisamente al problema del IVA, que afecta a todos los hospitales. Las concesionarias reclaman por tanto la devolución de esos "ingresos indebidos por las cantidades repercutidas e ingresadas en exceso". No obstante, consideran que en algunos de los servicios prestados "es coherente y aplicable" la doctrina del Ministerio, pero no están de acuerdo "en la base imponible sobre la que debe repercutirse la cuota del IVA al tipo de gravamen reducido" y, por lo tanto, tampoco en cómo deben emitirse las facturas.

A preguntas de la SER, el firmante de la carta, David Taguas, de la patronal Seopan, no ha querido comentar la misiva porque, a su juicio, se trata de un asunto "confidencial". Por su parte, UGT considera "un chantaje inaceptable" la reclamación de las empresas constructoras de los nuevos hospitales de la Comunidad de Madrid, a las que califica de inmorales por exigir el mantenimiento de sus beneficios cuando "los poderes empresariales y económicos presionan y reclaman recortes salariales de la clase trabajadora y en el gasto social". El sindicato, además, acusa al Gobierno de Esperanza Aguirre de "mercantilizar" un servicio público que, en su opinión, debe velar por la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.