Con título universitario y en riesgo de pobreza: “Estudié Derecho, estoy en paro y antes trabajé 14 años limpiando”

Gema Riesco se quedó sin trabajo en febrero de 2020. A raíz de la anterior crisis, le recortaron de seis horas a dos, de cobrar más de 800 euros a 200. “Pedí que me aumentaran la jornada y decidieron despedirme”, recuerda. No es lo que tenía en mente cuando se licenció. “Estudié Derecho, estoy en paro y trabajé 14 años limpiando”, resume. Buscó algo de lo suyo. El “ya te llamaré” tras las entrevistas no se materializó. Entonces surgió este, su “primer empleo”, en una empresa de limpieza, y logró estabilidad. Con su sueldo y el de su marido, camionero, se apañaban. Se separaron este enero. A sus 41 años, ingresa 142 euros al mes del paro. Paga 500 de alquiler por el piso en el que reside en Asturias con su hijo de cuatro años. “Así no se puede vivir”. Necesita la ayuda de sus padres. Los ahorros se agotan.

La educación superior es el principal mecanismo protector ante situaciones de vulnerabilidad económica. Quienes tienen estudios universitarios o de FP Superior tienen la menor tasa de riesgo de pobreza de todos los niveles formativos: del 9,9% en 2020, frente al 30,4% de quienes tienen estudios primarios o inferiores, según el INE. La cifra ha subido desde 2008 para todos los grupos educativos. Pero, pese a estar mejor en conjunto, una de cada diez personas altamente cualificadas vive en hogares con bajos ingresos. Son alrededor de 1,2 millones, con datos de la Encuesta de Población Activa, casi el doble que en 2008 (7,2%). Y eso que la cifra aún no refleja el efecto de la pandemia, dado que este indicador se calcula con la renta de 2019.

Vivir en un hogar en riesgo de pobreza quiere decir que se ingresa menos del 60% de la mediana de la renta del país, ajustada al tamaño de las familias. El umbral cambia en función de cómo fluctúe la renta de la población. En hogares unipersonales, incluye a quienes ingresen menos de 9.626 euros anuales; para un adulto con un hijo, 12.514. Una cifra inalcanzable con los 142 euros mensuales de Gema. Ahora participa en un programa de emprendimiento de Acción contra el Hambre: su ilusión es “montar una pequeña frutería”. No encuentra un trabajo que le permita cuidar de su hijo por las tardes.

El ascensor social “cada vez funciona menos”, afirma Ana Alarcón, gestora de Programas de Inclusión Sociolaboral de esta ONG en España. Dice que la situación ya era precaria y se “ha agudizado mucho más”. “Las personas con estudios superiores que atendemos han aumentado este año un 15% respecto a 2020 entre inmigrantes y refugiados. En familias monoparentales o con todos los miembros en desempleo de larga duración, un 5%”, señala. Un 40% de los atendidos tienen educación superior, afirma, gran parte interesados en el programa de emprendimiento. “Son jóvenes muy cansados del mercado laboral”, dice.

Vista la situación, es muy probable que las cifras oficiales vayan a peor en 2021 y que el riesgo de pobreza aumente. Una encuesta de Cáritas y la Fundación Foessa estima que la exclusión social para titulados universitarios subió del 6,9% de 2018 hasta el 15,3% de este año. Es un indicador complejo compuesto por 37 variables, que no solo incluye los ingresos, también los niveles de aislamiento y conflicto social o la exclusión política. Fue el grupo en el que más creció. La ONG considera “necesario abrir una reflexión sobre el efecto cada vez menos protector de la enseñanza universitaria”.

A esta conclusión llegan los expertos consultados. Formarse es la mejor inversión a futuro: en 2030 los nuevos puestos requerirán de un 35% de profesionales con titulaciones altas de FP superior o universitarias y de un 65% de cualificaciones medias (FP), según la agencia Cedefop, de la Unión Europea. Pero ser universitario ya no es lo que era.

“El riesgo de pobreza ha ido en aumento en las últimas décadas”, explica Luis Ayala, catedrático de Economía de la UNED. “Ahora los estudios reducen a la mitad la posibilidad de ser pobre y en los ochenta casi la eliminaban”, añade. Apunta a un doble problema: un mercado de trabajo con “niveles altos de precariedad” que afectan a estos titulados, que cuando están en situación vulnerable “normalmente tienen una cualificación superior a la que requiere su puesto”, y un “sistema social que protege poco a los trabajadores con bajos salarios”. España es uno de los países de la UE con mayores tasas de trabajadores pobres. Abunda en la idea la profesora de Economía Aplicada de la Universidad de Castilla-La Mancha María Ángeles Davia: “Las cifras de temporalidad y de empleo parcial de los trabajadores con titulación universitaria menores de 40 años han subido respecto a 2008″.

Ángela (25 años) se encuentra en esta situación. Graduada en Periodismo el año pasado, con un nivel “casi bilingüe” de inglés, acaba de terminar un contrato de sustitución en una empresa de ventas de alimentación al por mayor: seis semanas. Vive en Castilla-La Mancha. “He buscado trabajo de mi carrera, pero resulta frustrante. Los contratos son precarios”, afirma. Se costeó los estudios “trabajando de camarera, cuidando niñas, de relaciones públicas...”. Se fue de casa en enero y ya no recibe ninguna ayuda familiar. Está inscrita en el programa de empleo de Cruz Roja. Vive con su novio y no puede poner para el alquiler. El dinero tampoco le da para formarse en periodismo internacional.

Sin vocaciones técnicas

En 1900 a la universidad solo llegaba la élite (5% de titulados), fue la Ley General de Educación de 1970 la que dio el espaldarazo definitivo a las matriculaciones. España tiene unas tasas de graduados al nivel europeo ―por encima del 30% entre los nacidos después de 1975―. Con el Plan Bolonia se generalizaron los másteres y muchos no pueden asumir su coste.

Pero hay un problema añadido: la oferta de empleos para universitarios ha crecido menos que el número de alumnos y, sobre todo, sus preferencias no coinciden con el mercado, como indica Antonio Villar, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olvide. Faltan vocaciones de ingenieros y sobran graduados en ciencias sociales o humanidades.

España tiene, por tanto, altos niveles de sobrecualificación, si bien la pandemia ha deformado las estadísticas. En 2020 bajó a niveles de 2013 (36%, frente al 25% en la OCDE), según destaca la Fundación Conocimiento y Desarrollo en un informe, pero se explica porque se perdieron sobre todo trabajos en el sector servicios, forzados a cerrar: bares, ocio o comercios. Los contratos firmados en 2020 a titulados universitarios con empleo de contable, camarero o dependiente fueron un 18,3% del total, cuatro puntos menos que en 2019.

Un abogado de segunda generación puede ganar 700 euros más al mes que un abogado de orígenes humildes”

Resolver el problema llevará tiempo. El profesor de Sociología en la UNED Juan Ignacio Martínez recalca que, aunque se aluda a la necesidad de “cambiar el mercado y que haya mayor proporción de empleos para cualificados, como en el norte de Europa”, va para largo. “Hay una proporción que estará años trabajando en empleos que no requieren título y con salarios no acordes a las expectativas”.

Enrique Fernández compaginó los estudios con empleos desde los 16 años. Entonces su padre sufrió el infarto que le impidió seguir trabajando y él se encargó de su madre, que había tenido una hemorragia cerebral. A sus 36 tiene un grado medio de FP en hostelería, dos grados de FP Superior en Informática y Finanzas y contabilidad, y es graduado en Ciencias Políticas. Está en paro. “No soy el típico caso”, reconoce. Ha trabajado de comercial, administrativo, camarero… Su madre falleció en junio. Su padre, su hermano y él viven con la pensión del primero: 800 euros. Recibe ayuda de Cáritas y prepara oposiciones. “Lo que hace falta ya es un golpe de suerte, un empujoncito”.

Menciona, sin saberlo, el concepto que emplea Fabrizio Bernardi, profesor de Sociología en el Instituto Universitario Europeo y en la UNED: el “efecto empujoncito”. “La clase social sigue manteniendo un efecto sobre el logro ocupacional, incluso entre personas con mismo nivel educativo. Cuando las cosas van mal, la clase no te deja caer, y cuando van bien, proporciona una cierta ventaja, no tanto entre tener un empleo o no tenerlo, sino en términos de ingresos”, explica. “Un abogado de segunda generación puede ganar 700 euros más al mes que un abogado de orígenes humildes”, prosigue.

El economista Villar también asocia, en un informe para Funcas, la relación entre el origen familiar y la elección del título universitario, “seguramente clave para entender las desigualdades posteriores en el mercado, a la vista de las diferencias en la inserción laboral”. En las materias más duras de secundaria, como Matemáticas o Física, “se requieren unas condiciones ambientales de estudio y una capacidad de absorber resultados negativos que puede sesgar la elección”. Porque las familias ricas “están dispuestas a asumir los grados más duros, y por tanto con mayor probabilidad de fracaso”. El origen social importa, y mucho.

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