Miles de inmigrantes titulados, abocados a la precariedad

Contar con un título universitario no sirve de mucho si no te permite ejercer. Hacer efectiva la homologación en España supone una travesía burocrática que suele ir de los nueve meses a los dos años para los diplomas europeos, pero puede extenderse hasta cuatro años o más si se trata de extracomunitario. Ahora, el Ministerio de Universidades prepara un decreto en el que se compromete a acortar los plazos de espera hasta menos de seis meses, simplificando trámites. Y para las 15.000 personas (9.000 de ellas desde 2019) que ya han echado la solicitud —esta debe de tramitarse con la normativa actual— el ministerio lanzará un “plan de choque”, que consiste en digitalizar los expedientes y contactar con los demandantes telemáticamente (desterrando el correo certificado).

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En algunas carreras, sobre todo de la rama sanitaria, además de la homologación de las asignaturas cursadas en el país de origen, el Ministerio de Universidades exige superar unos requisitos formativos complementarios para poder ejercer en España. Para ello, las universidades realizan dos convocatorias de exámenes al año, una en mayo y otra en noviembre. Pero la pandemia ha alterado el funcionamiento interno de los campus y en carreras como odontología esas pruebas no se convocan desde 2019. “Necesitamos que el ministerio haga de interlocutor con las universidades para que vuelvan a convocar las pruebas”, reclama Víctor Orezzoli, fundador de la asociación Odontólogos Homologantes en España, con más de 200 miembros. La organización reclama obtener las mismas facilidades de las que disponen los profesionales de otros grados universitarios de áreas sanitarias como enfermería o fisioterapia que sí han podido optar a estas pruebas.

Como resultado de todo ese laberinto burocrático, los extranjeros se ven abocados a la precariedad laboral. Son muchos los inmigrantes con una formación invisible que se ven obligados a encadenar empleos de baja cualificación para sobrevivir. Directoras de colegio que recorren casas para cuidar a niños de otras familias, dentistas que cambian las herramientas de trabajo por una caja registradora o abogados que abandonan su despacho para repartir comida a domicilio. Llegan desde países y contextos distintos, pero comparten la ilusión de mejorar sus condiciones de vida y lograr una integración laboral.

Mercedes Trujillo, la educadora infantil que sueña con volver a dar clase en la escuela

La situación laboral de Mercedes Trujillo ha cambiado radicalmente en los últimos años. Movida por la estrecha conexión que siempre ha sentido con los niños, esta mujer de 52 años estudió un grado en Educación Preescolar en Venezuela, su país natal, donde desempeñó durante tres décadas varios puestos en el ámbito educativo. Trabajó como profesora durante el despegue de su carrera profesional hasta escalar al puesto de directora de un centro infantil privado que finalmente adquirió. Su ambición laboral estaba cubierta, pero poco después decidió abandonarlo todo. Trujillo cerró en 2019 el centro y emigró junto a su familia a Madrid para dar una mejor vida formativa y profesional a sus dos hijos “ante la descomposición social” que experimentaba su país. Sin embargo, las cosas no han ido como esperaba. No tiene el título homologado y no puede dedicarse a lo que siempre había soñado. “Tenía un negocio propio y la vida resuelta en mi país... Aquí trabajo como cuidadora de niños para una familia”, cuenta.

Trujillo desconocía que el trámite administrativo era tan complejo en España. “¡Y mucho más que pudiera demorarse tanto!”, exclama. Solicitó la homologación en febrero de 2020 y aún no ha recibido respuesta. “Llevo un año esperando que validen mi título y ni siquiera me han asignado un número de expediente”, aclara indignada. Lo que más teme es que la espera acabe afectando a su situación económica. Su marido, también venezolano, trabaja como empaquetador para una empresa de reparto con contratos temporales que les auguran una escasa estabilidad. Trujillo reconoce que la familia ha pasado por varios pisos compartidos hasta poder alquilar uno propio. “Teníamos un nivel económico medio-alto en nuestro país, aquí nuestra vida ha dado un vuelco hasta que hemos podido recuperar cierta solidez”, afirma.

A la espera de que se resuelva el embrollo burocrático, Trujillo trabaja como cuidadora de niños para una familia, la segunda desde que llegó a Madrid. Mantiene viva la ilusión por conseguir un puesto como profesora. “Tengo la esperanza de que esto se solucione pronto y pueda dedicarme a lo mío”, afirma. Mientras tanto, se resiste a dejar de formarse. Acaba de terminar un máster de logopedia, que ha compaginado con la atención a la familia para la que trabaja. “Mi objetivo es seguir preparándome para no sentirme apartada de mi profesión”, aclara.

Esta apasionada de la educación considera injustas las trabas que los inmigrantes encuentran al aterrizar en España. “La llegada de profesionales cualificados podría ser, más que una problemática, un trampolín de crecimiento para una sociedad. No aprovecharlo, es perder cualificación”, aclara. Reconoce que a pesar de las dificultades, está dispuesta a hacer lo que sea para que sus hijos vivan “sin tener las alas cortadas” como en su país, con la libertad y las oportunidades laborales que sigue esperando de España. A menudo se aferra a la ilusión del día a día. “Me encanta pensar que estoy cuidando a niños a los que algún día podré educar”.

Marco Pérez, el abogado que reparte comida con Uber Eats

A lo largo de un día, uno puede presenciar muchas irregularidades legales. Marco Pérez se topa con ellas a menudo, mientras recorre Madrid en moto y lleva pedidos de la plataforma Uber Eats. Este venezolano de 38 años las observa con ojos de graduado en Derecho. Detecta fácilmente los abusos laborales que sus amigos le cuentan. Aparte de eso, de poco le han servido sus estudios desde que llegó a España hace tres años. En Caracas, Pérez había optado por especializarse en la rama de derecho procesal. Llegó a trabajar en un banco y como asesor jurídico para una empresa de asistencia médica. “Los últimos años trabajé para una institución del Gobierno, pero cuando descubrieron que no era muy adepto a su línea ideológica, me despidieron”, cuenta. “Aquí he pedido asilo político, pero me lo han denegado”.

Durante su estancia en España, Pérez ha pasado por varios trabajos intermitentes, que van desde reponedor a fontanero, pero ser repartidor ha sido el empleo más estable. “Vivo al día, por lo que estoy bastante preocupado”, comenta en un descanso entre repartos. Sus ingresos varían mucho en función del mes, pero su cuota de autónomo es fija. Muchas noches, al terminar su jornada, se sube a una tarima para recitar monólogos y rascarle unos billetes más al día. “Lo de comediante es una afición que tengo desde niño. No es la mejor forma de ganar dinero, pero ayuda”, cuenta. Cuando llegó a España hace tres años, intentó homologar su título para continuar su formación con un posgrado. Aún no lo ha conseguido. Cuenta que es un proceso que puede alargarse más de cinco años si se incluye el máster habilitante de acceso a la abogacía. No es difícil imaginar lo que cambiaría la realidad de Pérez si lograra homologar su título. Podría tener una previsión de gastos, dejar de compartir piso, o incluso plantearse formar parte de un bufete de abogados. “Me abriría un abanico de posibilidades. A fin de cuentas, lograría una estabilidad”.

Adriana Mejía, una odontóloga que hace de auxiliar

La vida de Adriana Mejía y Omar Zarate es muy diferente a lo que habían previsto para cuando cumpliesen 30 años. El matrimonio se conoció mientras estudiaba la carrera de odontología en Bolivia. Al ser él español, decidieron mudarse a España para estar más cerca de su familia. Ambos sabían que el proceso de homologación de la carrera sería duro, pero ya llevan cuatro años y sienten que apenas han avanzado. “Te afecta anímicamente, psicológicamente e incluso físicamente. El nivel de frustración es impresionante”, confiesa Mejía. La pareja inició el proceso en 2017, pero no obtuvieron el dictamen hasta septiembre de 2020. En él, el ministerio resolvía que a Mejía le quedaba una asignatura para lograr la homologación y a Zarate, cinco.

“Lo peor es que la universidad nos ha dicho que no va a sacar una nueva convocatoria hasta dentro de dos años debido al coronavirus. Nos sentimos atrapados”. Su sueño es cursar un máster en cirugía, desarrollarse como profesional y obtener una estabilidad suficiente como para formar una familia. “Tengo 30 años, llegué con 26. No me hago más joven. Cuando quiera solicitar un trabajo me pedirán una experiencia que no tendré”. Por eso ambos decidieron sacarse un curso como auxiliares para, por lo menos, poder trabajar en su campo. Una elección que conlleva un sacrificio económico. “Si lo hacemos los dos a la vez no nos da, por eso primero lo hice yo y ahora le toca a Omar. Llevamos ahorrando mucho tiempo”.

Al no poder ejercer, durante ese tiempo han ido saltando de trabajo en trabajo. Mejía ha sido camarera, cajera y dependienta, pero ya lleva seis meses trabajando como auxiliar en una clínica dental. Allí se encarga de esterilizar espejos, pinzas y demás instrumentos, para luego dejarlos al alcance del odontólogo que atiende al paciente como a ella le formaron. “No quiero que me regalen nada, tan solo que me den la oportunidad de hacer el examen y poder empezar a contribuir”.