El Parlamento de Extremadura aprueba una universidad rechazada por el ministerio: “3.000 euros de capital social parece insuficiente”

El Parlamento de Extremadura ha aprobado con el voto a favor del PP y Vox la apertura de la Universidad Internacional del Desarrollo, la primera privada de la región. Los socialistas se han abstenido y Unidas por Extremadura ha votado en contra. Uninde se convierte así en el campus de pago número 47 de España (hay 50 públicos), pese a contar con un informe demoledor de los técnicos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, que fue luego ratificado por la Conferencia General de Política Universitaria (con presencia de los gobiernos autonómicos). Según la documentación presentada, una de las sedes estará en el centro comercial Las Vaguadas de Badajoz y cuenta con una previsión de plantilla de 125 profesores cuando impartan todas las titulaciones.

La abstención del grupo socialista choca con la posición del Gobierno central de no abrir universidades que no hayan demostrado su calidad ante los técnicos del ministerio, lo que le ha llevado este martes a endurecer los criterios de creación. Su diputada Rosa Chamorro ha recordado en el atril de la Asamblea extremeña que la Abogacía General de la Junta tildó el informe de incompleto, lo que en su opinión crea “inseguridad jurídica” y ha dejado caer que podría poner en riesgo la inversión de los empresarios. “Señora consejera, ¿puede asegurarles que no es así?”.

Chamorro no ha criticado el proyecto de Uninde, pues a su juicio se han subsanado errores ―en contra de la opinión del ministerio―, sino la gestión de la Junta: “Tras leer los informes nos surgen muchas dudas. Sobre todo, ¿a que vienen esas prisas?“. Cree que el Gobierno autonómico ”no ha gestionado bien", con opacidad y rapidez. Porque ha desoído al Consejo de Estado, que en junio sugirió en junio que el ministerio elaborase un informe complementario que no se ha redactado, y a la Abogacía General. “Está en duda la credibilidad de toda la administración autonómica”.

En las conclusiones, los expertos de Universidades reprochan a los promotores que mucha información relevante es “insuficiente” o “carece de concreción”. Entre las “inconsistencias”, el dictamen reprocha que “el capital social de la entidad promotora (3.000 euros) se considera insuficiente para el inicio de la actividad propuesta y como garantía a terceros frente a determinadas situaciones de riesgo”.

“La plantilla de profesorado es escasa y se considera insuficiente para atender al número de grupos que previsiblemente se conformarán”, concluyen los expertos. Y añaden: “La información aportada permite concluir que los espacios necesarios para llevar a cabo la actividad académica e investigadora de la universidad no son idóneos, ni están garantizados”.

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional de Extremadura, Mercedes Vaquera, ha enumerado estas graves carencias recogidas en el informe del ministerio de marzo de 2024 en su discurso en la cámara, incluso con un power point. Según su relato, los promotores incluyeron luego documentación para rebatir ese dictamen. Incluyeron entonces un compromiso de disponibilidad de un local en el centro comercial Las Vaguadas, un plan de internacionalización y otro de garantía de la calidad de la plantilla.

La consejera se ha enorgullecido de los promotores: es “un consorcio de entidades con experiencia educativa internacional”. Lo conforman la Universidad Autónoma de Chile, el Grupo Educativo Neumann de Perú y la escuela de negocios extremeña ITAE.

Ofertarán los grados de Emprendimiento, Márketing Digital o Videojuegos con otros más clásicos como Enfermería, Fisioterapia o Ingeniería Informática. “Complementa y acompaña a la oferta de la universidad pública, no sustituyéndola de ningún modo, ni competiendo”, ha argumentado Vaquera. E

El Consejo Económico y Social de Extremadura respaldó la propuesta en su informe, reclamando más solvencia económica, con el voto contrario del sindicato UGT. Pero en su análisis queda clara esa “escasa” plantilla a la que se refiere el ministerio. “A los seis años de implantación, una vez desplegados todos los títulos, la universidad tendrá unos recursos humanos de 152 personas, 125 de carácter académico y 27 de personas de administración y servicios (secretaría, conserjería, bibliotecas, técnicos), pero no se indica la equivalencia a tiempo completo”. Cualquier instituto de secundaria grande bordea el centenar de docentes. La Universidad de Extremadura, pública, se acerca a los dos millares.

“El proceso administrativo descrito refleja un trabajo transparente, riguroso y sostenido en el tiempo para garantizar que cualquier nueva institución académica en Extremadura cumpla los más altos estándares de calidad académicos y organizativos establecidos en la normativa estatal”, ha defendido Vaquera.

El rector de la Universidad de Extremadura, Pedro Fernández Salguero, ha mostrado su pesar de la decisión en un comunicado: “La Universidad de Extremadura no se opone a la existencia de otras instituciones universitarias y entiende que la diversidad puede enriquecer el sistema, pero considera que en el marco actual no se aplican los mismos niveles de exigencia a las universidades públicas y privadas, especialmente en ámbitos como la investigación y la garantía de calidad académica”. Por ese motivo cree que resulta “imprescindible revisar esta situación para asegurar que todas las instituciones universitarias, cumplan los mismos estándares de calidad, rigor y compromiso con la sociedad”.

Los cambios en el decreto

El Ejecutivo extremeño ha podido obviar el dictamen de los técnicos del ministerio porque su informe es preceptivo, pero no vinculante. Pero esta ventaja se acaba de esfumar. Este martes se ha modificado el decreto de creación de universidades y a partir de ahora una comisión de la Agencia Extremeña de Evaluación Educativa ―formada por profesores y catedráticos elegidos por sorteo― elaborará un informe sobre el proyecto (instalaciones, plantilla) que el promotor tendrá que aprobar antes de que los técnicos del ministerio tomen cartas en el asunto. Si suspende, no podrá presentar una nueva iniciativa en dos años.

Uninde se convierte en la quinta universidad que se aprueba en España con informe negativo de los técnicos del ministerio desde que en 2018 la izquierda tomó el poder: Hespérides (Canarias, 2019), UDIT-Diseño, Innovación y Tecnología (Madrid, 2019), Tecnológica Atlántico-Mediterráneo (Andalucía, 2021) y Tecnológica de Canarias (2023). Las leyes de creación de todas ellas fueron respaldadas en sus asambleas regionales en legislaturas con gobiernos del PP o Coalición Canaria.

Extremadura tiene entre manos tres proyectos. La Universidad Abierta de Extremadura, del Grupo Planeta y a distancia, previsiblemente se aprobará porque tiene el fallo favorable aunque condicionado de los técnicos del ministerio. Y se someterán a un análisis más detallado, con un informe previo de la agencia autonómica, la virtual Universidad CEU Núñez de Balboa, en Jerez de los Caballeros (9.300 habitantes), y la Universidad Europa de Extremadura, presencial, con Medicina como reclamo.