Los estudiantes de la FP privada se disparan un 460% en una década por la falta de plazas en la educación pública

La Formación Profesional está protagonizando uno de los grandes cambios educativos de la última década. Ha superado los 1,1 millones de alumnos tras crecer más de un 55% en la última década. Un nuevo estudio pone de relieve, sin embargo, otro cambio de fondo que se está produciendo dentro de la FP, y es que mientras los estudiantes de la educación pública se han incrementado un 31% en una década, y los de la educación privada concertada lo han hecho un 23%, los de los centros privados sin subvencionar han aumentado un 468%. La enseñanza pública todavía matricula ahora a dos tercios de los alumnos de FP, pero hace 10 años rondaba el 80%.

El auge de los centros privados puros se sustenta, en gran medida, en el enorme crecimiento de los cursos de FP a distancia, cuyo alumnado se ha disparado casi un 3.000% en la última década, y, con un total de 117.912 matriculados, el 52% de todos los que tiene, supera en esta modalidad a la pública (que suma 85.728). Los datos del informe Radiografía de los centros de FP en España, difundido este miércoles por Caixabank Dualiza y Orkestra-Instituto Vasco de la Competitividad, plantean un problema de equidad y suscitan preguntas sobre cómo controlar la calidad de estas enseñanzas.

Mónica Moso, coautora del estudio, considera que globalmente los datos son muy positivos, ya que reflejan que la Formación Profesional resulta hoy atractiva para la sociedad, a diferencia de lo que ocurría no hace tanto tiempo. Y que, especialmente los jóvenes ―cerca de un 75% de los estudiantes tiene menos de 25 años―, la ven cada vez más como “una vía útil y válida para formarse y cualificarse”. El crecimiento de la privada pura resulta porcentualmente apabullante, admite, pero cree que ello se debe en buena medida a que partía de un nivel muy bajo.

Alejandro Tiana, que fue secretario de Estado de Educación hasta 2022, advierte, por su parte, del problema de equidad que reflejan los datos, al constatar que la educación pública se ha quedado lejos de responder al aumento de la demanda que se ha producido en los últimos años. Especialmente de la nueva demanda online, a la que se ven abocados, por ejemplo, muchos de aquellos que tratan de mejorar su cualificación a la vez que trabajan. Estudiar FP en la educación pública es gratis en casi toda España ―en Madrid y Cataluña cuesta cerca de 400 euros por curso en grado superior―, mientras en la privada la factura suele ascender a entre 2.500 y 6.000 euros al año. El Gobierno actual, del que Tiana formó parte, ha destinado 748 millones de euros a la creación de plazas públicas desde 2020, por lo que el ex número dos de Educación apunta a la responsabilidad de las comunidades autónomas al respecto.

El informe ―cuyos datos corresponden al curso 2022-2023, ya que los últimos oficiales, del curso pasado, no ofrecen información desagregada entre educación privada pura y subvencionada― muestra el cambio estructural que se está produciendo en el reparto de la tarta de la FP. En el curso 2013-2014, los centros concertados matriculaban al 22% del alumnado, y ahora a un 13%. La privada ha pasado, en cambio, de tener un 5,7% a casi un 21%.

La educación pública acoge al 71% del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, cinco puntos más de lo que correspondería por su participación en el total de la matrícula. A la concertada va el 22%, 9 puntos más de lo que en teoría le tocaría, probablemente por las características especiales de algunos de sus centros. A la privada pura, en cambio, solo asiste el 6,5% de los estudiantes con necesidades de apoyo educativo, 15,5 puntos menos de lo que debería tener si su distribución entre redes equitativas fuera equilibrada.

La Formación Profesional consta de tres niveles. La FP de grado básico ―que combinan materias teóricas y profesionales y está pensada como una vía para que los chavales que no van bien acaben la ESO―, la de grado medio, y la de grado superior. La privada pura no tiene ningún interés por la primera, según refleja el informe de Caixabank Dualiza: matricula a un 0,15% de su alumnado, o lo que es lo mismo, a 126 de un total de 78.674 alumnos. A la concertada asiste un 23,5%. Y a la pública, el resto, un 76%.

La educación concertada sigue superando, aunque por poco, a la privada pura en los grados medios; la primera matricula a un 17%, frente a un 15% de la segunda (que, sin embargo, ha incrementado su alumnado en estas enseñanzas un 435% en la última década), y a un 68% de la pública. En los grados superiores, en cambio, los centros privados no subvencionados atraen ya al 28,5% del alumnado ―hace 10 años no llegaban al 8%―. Los concertados, al 9%, y los públicos, al 62,5%.

Mayoría en la rama sanitaria

La educación privada, una parte de la cual ha pasado en los últimos años a estar controlada por fondos de inversión, también tiene claro a qué familias profesionales dirigirse. Su presencia en ramas como Artes y artesanía o Vidrio y cerámica es nula (0% del alumnado). Y es baja en otras áreas como las de Energía y agua, Marítimo-Pesquera, Química, Industrias Alimentarias y Edificación y obra civil, donde no alcanza el 10% de la matrícula (sumando privada pura y concertada, ya que los datos en este caso no se ofrecen por separado). El peso de la privada en el conjunto de la FP se sitúa en el 34%. Supera esa proporción en la familia de Comercio y marketing (35%), Actividades físicas y deportivas (44%), Imagen y sonido (44%) y, sobre todo, en la de Sanidad, en la que abarca ya el 60% de la matrícula.

A Tiana no le parece un problema la reducción del peso de la educación concertada en la FP. Salvo el grado básico, que solo representa en torno al 7% del alumnado total, no son enseñanzas obligatorias, y por tanto subvencionarlas no tiene mucha justificación, como no la tienen los conciertos de bachillerato que han ido aprobando muchas comunidades autónomas con gobiernos del PP. El principal problema reside, prosigue, en la existencia de plazas públicas suficientes, especialmente para que no se vean cortadas las posibilidades del alumnado de bajos recursos en un contexto en el que el aumento de la demanda está elevando las notas de corte de los ciclos formativos. Y, de forma secundaria, en garantizar la calidad de los grados. La nueva ley de FP refuerza los mecanismos de control, señala, pero estos deben ser activados por las comunidades autónomas.

Puedes seguir EL PAÍS Educación en Facebook y X, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.