Los adolescentes españoles, entre los que más apoyan la igualdad de género y la protección del medio ambiente

El nuevo informe sobre educación cívica y ciudadanía publicado este martes por la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA) ofrece a España motivos para la esperanza y la preocupación. De un lado, los adolescentes españoles muestran un mayor compromiso con la protección del medio ambiente, la igualdad de género y los derechos de los inmigrantes que en la media de los 22 países analizados, 17 de ellos pertenecientes a la UE. Del otro, el ambiente de polarización y tensión política instalado en España se trasluce en una confianza significativamente inferior al promedio hacia el Gobierno, el Parlamento y los tribunales de justicia. Para elaborar el informe, la IEA, una entidad sin ánimo de lucro con sedes en Alemania y Países Bajos e integrada fundamentalmente por organismos educativos oficiales y universidades, entrevistó en la primavera de 2022 a 82.000 estudiantes de segundo de la ESO (13 y 14 años), 3.500 de ellos españoles.

El alumnado español es el tercero más concienciado acerca de la necesidad de proteger el medio ambiente ―con 53 puntos, tres más que la media―, solo por detrás de Taiwán y Francia. Y se sitúa en sexto lugar tanto en defensa de la igualdad de género ―con 55 puntos en el índice que elabora la IEA, frente a los 52 de la media de los países participantes―, como en el apoyo a los derechos de la población inmigrante ―52 puntos, dos más que el promedio―.

Al mismo tiempo, sin embargo, los adolescentes españoles están entre quienes menos confían “completamente o bastante” en su Gobierno. Lo hace un 44%, frente a un 53% de media tanto del conjunto de los países participantes como de los que son miembros de la UE. Solo cinco Estados tienen porcentajes menores, entre ellos Polonia (27%), Croacia (31%) y Colombia (40%). La clasificación, en este punto, la encabezan Noruega (86%) y Suecia (78%). En el informe de 2009, España mostraba un nivel de confianza del 62%, igual al del promedio internacional de los 38 países participantes. El problema de confianza detectado por el informe de la IEA en España no es solo del Ejecutivo, sino del conjunto de la clase política, como refleja el dato de que el Parlamento obtenga un resultado todavía menor: una confianza del 41%, frente a la media del 48%. El crédito que dan a los tribunales es del 62%, cuatro puntos por debajo del promedio de los países.

Los exámenes se realizaron en abril y mayo del año pasado, durante o inmediatamente después de varios sobresaltos políticos en España. Entre ellos, la defenestración de Pablo Casado como líder del PP tras haber denunciado un supuesto caso de corrupción que afectaba a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el escándalo por el espionaje, mediante el programa Pegasus, de los móviles primero de políticos independentistas catalanes y luego del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; y las grandes dificultades del Ejecutivo para salvar en el Congreso el paquete de medidas anticrisis y la reforma laboral.

Preparados para ser ciudadanos

La prueba, cuyo nombre completo es Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS), evalúa conocimientos y también pregunta a los chavales sobre sus creencias y actitudes en terrenos como la sostenibilidad, la participación, la diversidad y la percepción sobre el sistema político de su país. Su objetivo, asegura el director de la prueba, el alemán Wolfram Schulz, en una entrevista por videoconferencia con EL PAÍS, es medir cómo de preparados están los adolescentes de los distintos países para asumir plenamente la ciudadanía.

A nivel global, el informe registra un importante retroceso en los conocimientos del alumnado respecto a la anterior edición, de 2016, que Schulz atribuye a la pérdida de aprendizaje como consecuencia de los cierres escolares y otras restricciones durante la pandemia. Un impacto que ya han constatado pruebas internacionales anteriores y, previsiblemente, certificará la madre de todas las evaluaciones globales, el Informe PISA, a principios de diciembre. El resultado promedio de los 22 países que han participado en el ICCS ha sido de 508 puntos (lo que coincide con la media de los países de la UE incluidos en la prueba), 17 menos que en 2016. España ha obtenido un poco más, 510 puntos, pero como no participó en la anterior edición ―por decisión del Gobierno, presidido entonces por el popular Mariano Rajoy― el dato solo puede compararse con el de 2009. En aquella primera edición de la prueba, España sacó cinco puntos menos que en la de ahora.

En el cómputo global, Taiwán (583), Suecia (565) y Polonia (554) ocupan las primeras posiciones. España figura en octavo lugar; por detrás de Italia (523) y por delante de Países Bajos y Francia (508). En los últimos puestos aparecen Colombia (452) y Bulgaria (456). En casi todos los países, las chicas logran mejor resultados que los chicos, y los estudiantes de hogares de mayor estatus socieconómico y cultural logran más puntos que los de familias pobres. España destaca por presentar diferencias inferiores a la media por ambos factores. Y también por mostrar un alumnado más compacto que el promedio, con menos chavales en los niveles bajo y alto, algo que se repite en evaluaciones internacionales de otras parcelas de conocimiento.

Una de las preguntas

La IEA ha liberado parte de las preguntas que tuvieron que responder los estudiantes en 2022, algunas más difíciles que otras. Una de ellas, por ejemplo, decía: “¿Cuál de las siguientes acciones del Gobierno de Exlandia [país ficticio] tiene como objetivo la justicia social? A) Hacer una ley que obligue a votar en las elecciones nacionales a los adultos que superen cierto nivel de ingresos, pero no obligue a los adultos con menores ingresos. B) Reducir la edad mínima para solicitar el permiso de conducir de los 18 a los 16 años. C) Aumentar la puntuación de acceso a la universidad requerida a los estudiantes. D) Ofrecer clases gratuitas de educación para adultos a las personas que han perdido su empleo recientemente”. Elegir la respuesta correcta, en este caso, la D, daba al alumnado un punto.

El 77% de los adolescentes españoles opina que la democracia es “la mejor forma de gobierno para el país, a pesar de que pueda tener algunos problemas”. Un porcentaje superior al de la media internacional (74%) y de la UE (73%), aunque no tan alto como los de Noruega (91%) o Taiwán (90%). En el otro extremo, en Letonia dicha opinión se queda en un preocupante 47%. Solo la mitad de los estudiantes españoles prevé votar en el futuro, un punto más que el promedio internacional y comunitario (un dato similar al que mostraba el ICCS en 2009).

El alumnado español tiene bastante más confianza en los medios de comunicación tradicionales, como la televisión, los periódicos y la radio (60%), que la media (50%), aunque el uso que hacen de ellos se ha reducido desde 2009. El 62% asegura informarse a través de la televisión (12 puntos más que el promedio internacional), el 15% de los periódicos (21% de media) y 21% “buscando por internet” (29% de media).

España es el tercer país, por detrás de Taiwán y Noruega, donde más dispuestos están los estudiantes a aceptar la restricción de libertades en situaciones de emergencia como la covid, con un índice de 53 puntos, tres más que el promedio. Solo el 30% (tanto en España como en el promedio) dicen estar “algo o muy interesados por cuestiones cívicas”, un porcentaje que sube al 37% cuando al menos uno de sus progenitores lo está.

Países participantes

La lista de participantes está formada, además de por España, por Bulgaria, Brasil, Colombia, Croacia, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Francia, Italia, Letonia, Lituania, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Rumania, Serbia, Suecia y Taiwán. La educación cívica se estudia en algunos de ellos con materias específicas y en otros de forma transversal. En España fue introducida como asignatura por la ley de Educación elaborada en 2006 por el PSOE. El PP la eliminó tras llegar al poder en 2011, y la actual ley educativa la ha recuperado. Existe, afirma Schulz, una correlación entre un mayor estudio de los contenidos y una mayor fortaleza de las convicciones cívicas y democráticas del alumnado. Algo que, en su opinión, los gobiernos deberían tener en cuenta especialmente a la vista de resultados electorales como los producidos en las últimas semanas en Países Bajos y Argentina.

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