El Congreso aprueba la ley de universidades: 10 claves de una norma que cierra la caja de Pandora

La Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) ha sido aprobada finalmente en la mañana de este jueves con los 182 votos a favor del PSOE, Podemos, ERC, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias y PDCAT. El Gobierno, entre los compromisos para recibir los fondos de recuperación europeos, se comprometió con Bruselas a reformar una universidad poco ágil en su gestión y transparencia, lo que retrasa cualquier transformación en un mundo en constante cambio. Los intereses de los distintos colectivos (sindicatos, rectores y estudiantes) son tan contrapuestos que en siete años del Gobierno de Mariano Rajoy, el PP no abrió esa caja de Pandora.

La norma anterior, la Ley Orgánica de Universidades (LOU), data de 2001. La aprobada este jueves es un texto concebido por el exministro Manuel Castells como un ejercicio comunal ―tras reuniones con decenas de colectivos sin un documento base― desarrollado con muchos bandazos y culminado por su sucesor, Joan Subirats, a la manera tradicional, con diferencias relevantes con el original. La LOSU ha sufrido luego más cambios en las enmiendas. Se han abstenido Junts y Bildu ―en total 8 votos― y han votado en contra PP, Vox, Ciudadanos, UPN, el PRC, CUP y Bloque Galego (157).

Unas bases para el autogobierno de las universidades

Castells propuso legislar con detalle la composición y funcionamiento de los órganos de gobierno y participación, pero Subirats finalmente ha consensuado con los partidos una “ley de bases”, de forma que cada universidad, a través de sus estatutos, decidirá cómo se autogobierna y se estructura. El Ejecutivo sostiene que no puede someterse al mismo modelo a todas las instituciones, pues son muy distintas (con vocación internacional, volcadas en su territorio, pequeñas y grandes…). Esta “ley marco” que, en su opinión, respeta las competencias de las autonomías y las universidades, explica en parte el voto de los partidos nacionalistas.

El camino al rectorado, más abierto

No solo los catedráticos podrán postularse al puesto de rector, sino cualquier profesor titular o permanente laboral con los méritos científicos, de docencia y gestión que establezca la universidad en sus estatutos. Tendrán un único mandato de seis años; ahora los rectores no toman decisiones arriesgadas en el primero ante el temor de no ser reelegidos para el segundo. Con la LOSU estos cargos elegirán a un tercio del consejo de gobierno, el órgano de gestión, para facilitar que puedan poner en marcha sus políticas en detrimento del poder (en opinión de muchos, excesivo) de los decanatos o los departamentos mastodónticos.

Transparencia en los concursos

Casi tres de cada cuatro profesores imparten clase en la universidad en la que se doctoraron, un dato negativo para la internacionalización de los campus y la transferencia de conocimiento. Con el nuevo modelo de concurso público, el ministerio aspira a fomentar la transparencia y la objetividad puesta en entredicho. La mayoría del tribunal lo conformarán profesores de fuera de la universidad elegidos por sorteo público (tras elaborarse una lista de profesores) y la convocatoria se publicará en un registro.

Mecanismos contra la precariedad

España se ha comprometido con Bruselas a reducir hasta el 8% la inestabilidad laboral en el sector público, y eso obligará a las universidades a convertir a los 26.000 profesores asociados en indefinidos a tiempo parcial con derechos de antigüedad, paro y vacaciones. Además, los campus van a “favorecer” una vía para que los falsos asociados (que no tienen otra ocupación principal) que han leído la tesis puedan llegar a ser ayudantes doctores, al valorarse más su labor docente (muchos apenas han hecho ciencia). La Federación de Jóvenes Investigadores ―conformada por científicos en puestos precarios con estancias en el extranjero― ha emitido esta semana un comunicado muy duro en contra del artículo: “La carrera académica en nuestro país a menudo consiste en una suerte de ‘aguanta aquí la precariedad, que ya saldrá tu plaza”. Los científicos españoles en el extranjero, se lamenta, no se ven favorecidos.

Categorías laborales

La LOSU crea la figura de profesor permanente laboral (a la que se incluirá a los acreditados como contratados doctores). Este perfil existe ya en Cataluña y País Vasco y permite, tras la acreditación de méritos en una agencia de evaluación local, contratar a investigadores de sólida trayectoria de forma paralela al sistema funcionarial. A los sindicatos les preocupa que sirva para meter a enchufados. Las agencias locales toman poder y la diputada María Jesús Moro, portavoz de universidades del PP, se ha planteado en el pleno si eso explica que no se haya renovado a la saliente directora de la ANECA, la entidad nacional, Mercedes Siles, que ha expresado públicamente su disconformidad con la descentralización.

La figura de ayudante desaparece y los jóvenes investigadores tendrán una carrera “estable y predecible”, pues no podrán ser más de seis años ayudantes doctor ―el primer escalafón de la carrera académica―, con una evaluación a los tres años del contrato. El profesor sustituto no podrá impartir más horas de clase que las del remplazado ni el profesor visitante eternizarse en el puesto, como ocurre ahora. “[La financiación] permitirá recortar la carrera académica para la permanencia de los profesores, bajando la edad promedio para convertirse en fijo de 45 a 35 años”, ha explicado Subirats tras la votación.

La financiación

La madre de todas las discusiones es la financiación de la nueva ley, que para su aplicación exige un fuerte desembolso en sueldos. El problema esencial es que el 77% de los fondos los ponen las comunidades autónomas y en la apuesta por la universidad las diferencias son abismales. Aunque en una primera versión de la ley se obligaba a los gobiernos a destinar en 2030 un 1% de su Producto Interior Bruto (PIB) a universidades, finalmente ha quedado en una recomendación tras las críticas de muchos políticos, como el socialista Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. “Es un ‘yo invito y tú pagas”, ha ilustrado en el pleno la diputada María Jesús Moro. El texto dice así: “Las comunidades autónomas y las universidades comparten el objetivo de destinar como mínimo el 1% del PIB al gasto público en educación universitaria...”. Para ello, en los presupuestos generales, en los autonómicos y en los de las universidades se establecerán cada año unas aportaciones que deberían ser crecientes. La inversión en universidades ahora ronda el 0,7% del PIB.

Feminismo y cambio climático

En unas oposiciones, a igualdad de idoneidad (méritos), las universidades podrán tomar decisiones de discriminación positiva para favorecer la presencia del género minoritario (normalmente mujeres). En España no hay ninguna catedrática, según los datos del pasado año, de Didáctica de la Lengua, Fisioterapia o Traumatología. Los colegios mayores privados que segregan por sexo y quieran seguir adscritos a universidades públicas y mantener el nombre, se verán obligados a juntar a los alumnos. El artículo se incorporó como enmienda tras los cánticos machistas del colegio madrileño Elías Ahuja. Los campus, además, tendrán que desarrollar una estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.

El debate de la neutralidad

Uno de los puntos más polémicos de la ley ―a los que se agarran con fuerza la derecha y la ultraderecha― es una enmienda aprobada de los nacionalistas que permite a los claustros “analizar y debatir otras temáticas de especial transcendencia”. Más de 1.200 profesores, la mayoría catalanes, se manifestaron en contra en una carta: “Que el Gobierno deje claro que hay neutralidad institucional en los órganos académicos”. El Ejecutivo, tras el revuelo por la misiva, aseguró que con sus votos habían parado que los claustros pudiesen posicionarse —solo debatir—, como pretendían Esquerra y Bildu. “Garantizando el pluralismo ideológico es cuando consigues que la universidad siga fiel a sus principios fundadores”, ha argumentado Subirats.

Fomento del alumnado adulto

La cohorte de jóvenes que llega a la universidad está condenada a decrecer por una cuestión demográfica y, en paralelo, la población que trabaja va a tener que reciclar sus conocimientos si no se quiere quedarse atrás. Por eso se va a promocionar que acudan a la universidad adultos sin bachillerato, pero con gran experiencia en un campo para que profundicen en él; y se fomentará el llamado “aprendizaje para toda la vida”, a través de cursos de mayor o menor duración. El ministerio ya prepara un programa piloto de microcredenciales ―no solo para graduados universitarios― con un presupuesto de 50 millones de euros.

Ciencia abierta

Subirats va más allá del Ministerio de Ciencia, en su apuesta por que la ciencia llegue a toda la ciudadanía. Aunque sean financiadas con dinero privado, las investigaciones de las universidades públicas serán de acceso libre y gratuito; los contratos con las revistas científicas, que han encontrado un filón en las universidades, deberán ser más transparentes y en las evaluaciones a un investigador se tendrán en cuenta publicaciones ligadas al territorio aunque no estén indexadas en un registro internacional.

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