La Federación de Jóvenes Investigadores se rebela contra la promoción de los profesores asociados: “Van a tergiversarse los concursos”

Cada vez que se modifica levemente el proyecto de la Ley Orgánica de Sistema Universitario (LOSU), un colectivo sale ganando y otro se lamenta. Y una de las enmiendas a la norma incluidas en la votación en el Senado el pasado 22 de febrero habla de “actuaciones específicas que favorezcan el paso del profesorado asociado con título de doctor a la figura de profesorado ayudante doctor”. La intención de “favorecer” a los asociados —figura pensada para que profesionales en activo aportaran sus conocimientos a la universidad, pero que, pervertida con el tiempo, se convirtió en una manera barata para cubrir puestos de docencia — ya estaba en el texto de la ley, pero esta enmienda, que refuerza el propósito, ha encendido a la Federación de Jóvenes Investigadores, que ha emitido un duro comunicado este lunes. Recelan de esta nueva vía de competencia a la hora de presentarse a una plaza.

Las nuevas generaciones de científicos que han entrado en la rueda de contratos (malos) por una vía ortodoxa ―beca para hacer la tesis tras un concurso muy competitivo, estancias en el extranjero, sueldos a cargo de proyectos, contratos temporales posdoctorales…― ven como la LOSU abre una ventana a que los profesores falsos asociados ―sin otra ocupación principal― que han leído la tesis se conviertan en ayudantes doctor. Los asociados normalmente tienen muchos méritos docentes, pues son un puntal de la enseñanza de grado, pero escasos en el ámbito de la investigación, porque las clases les dejan poco tiempo y a veces no disponen de recursos materiales. Actualmente, hay 6.000 ayudantes doctor (el 4,5% del total del Personal Docente Investigador).

La federación, conformada por doctorandos y profesores en los primeros peldaños de la carrera académica, sabe que con su comunicado no se van a granjear amigos. Reconocen la “innegable precariedad” del profesorado asociado ―se calcula que un tercio de los 26.000 son doctores―, pero temen que se les “dé trato de favor en los concursos públicos”, pues a su juicio se van a “tergiversar los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y concurrencia en convocatorias públicas”. La idea del Ministerio de Universidades es premiar más la docencia, el punto fuerte de los asociados, normalmente relegada a un segundo plano.

En los concursos a ayudante doctor se incluirá como mérito preferente la experiencia docente del docente temporal. Además, se van a equiparar los méritos de investigación y docencia en todos los concursos.

“Deben poder optar en igualdad de condiciones [a ayudantes doctor] también aquellas personas que están fuera de España y que ven con un justificado esperpento cómo la carrera académica en nuestro país a menudo consiste en una suerte de ‘aguanta aquí la precariedad, que ya saldrá tu plaza”, defiende la federación. Las facultades están repletas de asociados ―cuando el personal laboral no debería superar el 40% del profesorado― porque, durante los años sin apenas relevo de los jubilados entre 2011 y 2017, se cubrieron esas horas de clase con ellos; unos docentes cuentan con una profesión principal ―son verdaderos asociados, como abogados, ingenieros, economistas que comparten sus experiencias―, pero otros, que han defendido la tesis, aguardan desde hace años abandonar la precariedad sin estancias en el extranjero (muy valoradas para hacer carrera académica).

La LOSU prevé que los 26.000 profesores asociados ―con sueldos hasta solo 400 euros― se conviertan en indefinidos a tiempo parcial, lo que les otorga mejores condiciones laborales (antigüedad, acceso a reconocimientos docentes, paro e indemnización), pero algunos no seguirán en el puesto, pues la plaza sale a concurso público y pueden concurrir a ellas aspirantes con más méritos. En algunas comunidades, los asociados mantienen una huelga intermitente, pues denuncian que su precariedad se mantendrá. Ahora se les abre un nuevo frente con el motín de la Federación de Jóvenes Investigadores. La LOSU se aprobará el próximo jueves de forma definitiva.

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