Netflix y Shakespeare se cuelan en una encuesta del Gobierno vasco para identificar a alumnos vulnerables

El Gobierno vasco se ha propuesto “evitar la segregación de los alumnos vulnerables” y la creación de guetos en la escuel; por eso ha lanzado un plan para repartir a estos menores de forma “equilibrada y diversa” en toda la red de centros públicos y privados concertados. A partir del próximo curso, todos los colegios que reciban fondos públicos deberán reservar un número de plazas para estudiantes cuyas familias tienen escasos recursos económicos o presentan necesidades de apoyo educativo.

El debate se ha encendido al comprobar la metodología que ha introducido el Departamento de Educación para clasificar al alumnado vulnerable. Al tramitar la prematrícula, los padres deberán rellenar un formulario con preguntas referidas al número de miembros de la familia, el nivel de estudios de sus miembros o la ocupación laboral de estos. Lo que está siendo muy discutido es que este cuestionario también obliga a responder sobre otras cuestiones más chocantes: ¿Tiene televisión de pago (Netflix, HBO o Amazon Prime)? ¿Cuántas enciclopedias, diccionarios o libros de consulta tiene? ¿Cuántos e-books y tablets? ¿Cuántos teléfonos móviles con WhatsApp? Deben rellenarse casillas para conocer si la familia tiene conexión a internet, si lee el periódico en papel o en la web, o si en casa dispone de ejemplares de la literatura clásica contemporánea de autores como Rosalía de Castro, Cervantes, Shakespeare, Gloria Fuertes o el escritor clásico en euskera Axular.

Adrián tiene cuatro años y estudia en un centro religioso concertado de San Sebastián con un alto índice de alumnos de origen extranjero. Su madre, Carolina (que prefiere ocultar su nombre real), nicaragüense de 28 años, quiere matricular al pequeño de la familia en el mismo colegio: “No he tenido inconveniente en responder al cuestionario. No tengo Netflix ni enciclopedias. En mi casa vivimos dos familias. Lo que a mí me preocupa es que tenga que separar a mis hijos en dos colegios distintos, aunque me dicen que eso no va a pasar”, comenta a la salida de la escuela.

Responder al cuestionario es obligatorio para matricular a los hijos de dos o tres años que acceden por primera vez a Educación Infantil. Lurdes Imaz, coordinadora de Ehige, la confederación que agrupa a las familias de la escuela pública, es crítica con la fórmula elegida por el Ejecutivo autónomo para identificar al alumnado vulnerable: “Es muy cuestionable si este es el mejor método, porque no se piden datos económicos. Nadie va a controlar si las respuestas se ajustan a la realidad. Cualquiera va a responder de acuerdo con lo que más le interesa. Cataluña los tiene identificados a través de los servicios sociales de los ayuntamientos. Podría haberse hecho igual aquí”.

En el sistema educativo vasco hay en torno a un 15% de alumnos con necesidades socioeconómicas o de otra naturaleza, según datos de la consejería. Los centros públicos son los que acogen a la mayoría (un 80% del total, según el sindicato CC OO), aunque también centros religiosos concertados. El titular del ramo, Jokin Bildarratz, considera que ha llegado “el momento de dar un gran paso hacia la escuela inclusiva”. “La educación debe servir para unir y reforzar los pilares de una sociedad más igualitaria. Los colegios deben ser el reflejo de una sociedad más cohesionada y equilibrada”, explicó en la presentación del proceso de matriculación iniciada el pasado 13 de febrero. Este próximo curso se esperan algo menos de 13.000 nuevas matrículas.

Índice de vulnerabilidad

El objetivo de esta iniciativa es hacer frente al riesgo de crear guetos en las escuelas y evitar que la población menos favorecida se concentre en los mismos colegios. La encuesta trata de conocer la situación socioeconómica de las familias y definir en qué áreas geográficas hay una mayor concentración. A partir de los resultados recabados, el Departamento de Educación establecerá un mapa con el número de plazas que los centros deberán ofrecer a este tipo de alumnos necesitados. Cada familia podrá seleccionar para escolarizar a sus hijos todos los centros de su área de influencia. Los colegios deberán adaptarse al índice de vulnerabilidad (número de alumnos vulnerables que deben tener en sus aulas) que les asigne la consejería. El Ejecutivo se reserva la potestad de repartir a los alumnos en aquellos centros públicos existentes en el área de influencia de cada familia para que la escolarización no esté descompensada, como ocurre en la actualidad, aunque priorizará los criterios de proximidad y tratará de no separar a los hermanos. Los que sean trasladados a un centro privado concertado verán cubiertos los gastos extra, como el transporte o el comedor, por parte de Educación.

Carolina confía en poder matricular a sus dos hijos en el mismo colegio, pero ahora está “un poco nerviosa” porque no sabe cómo se va a interpretar el cuestionario que ha cumplimentado: “Nosotros recibimos ayuda para libros y comedor. Sin eso no podríamos llevarles a un colegio privado [de monjas]. Tampoco me parece bien que ahora nos puedan cambiar de escuela y mi hijo mayor pierda el contacto con sus amigos”.

Delia Fernández, catalana y residente en Euskadi desde hace cuatro años, también ha rellenado el formulario, aunque en su caso “no ha sido por problemas económicos, sino para lograr un cambio de centro que le permita a mi hijo estudiar las matemáticas en castellano”. Ella quiere matricular en tercero de la ESO en el colegio Summa Aldapeta. Lo mismo que Ana Argibar, a quien le ha parecido “exagerado y curioso” que le hayan preguntado si tiene uno o varios coches y no le pidan su nivel de renta: “Nadie va a comprobar si lo que he puesto es cierto. Deduzco que será para una estadística”, comenta.

El cuestionario, que se viene utilizando “desde hace unos 15 años”, según la Consejería de Educación, para conocer la situación socioeconómica de las familias, ha sido validado por el Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa (ISEI-IVEI). Dos directores consultados por este diario dudan de que el sistema elegido para sacar la foto de la vulnerabilidad en la escuela vasca sea el más adecuado. El sindicato Steilas, mayoritario en Euskadi en la educación pública, es muy crítico: “La actual oferta escolar pública y privada no se ajusta la natalidad porque hay más plazas que niños. Si a esto se añade que a partir de este año la concertada suma a su sobreoferta los puestos gratuitos para alumnos vulnerables sin una planificación de plazas previa, el futuro de la red pública es preocupante”, opina su portavoz, Nagore Iturrioz. “No va a resolver el problema de la segregación”, dice, y tiene el peligro de “dar es más financiación a los privados concertados” si aumentan la cuota de niños vulnerables.

Pablo García de Vicuña, de CC OO, incide en lo mismo: “No es una mejora para la enseñanza pública y esto acabará dando más influencia a los centros concertados”. Fuentes de la consejería señalan que la decisión busca “terminar con los guetos” en el sistema educativo vasco y logra que la escuela vaya siendo “más inclusiva” en los próximos años.

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