El Gobierno defiende en los tribunales el nuevo sistema para pasar de curso

La implantación del nuevo sistema para pasar de curso y obtener los títulos de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato que establece la ley educativa, la Lomloe, —que refuerza el margen de decisión de los equipos de profesores a la hora de decidir y resta importancia al número de suspensos— avanza pese a las resistencias de algunas comunidades autónomas. El año pasado, según el recuento de este periódico, ocho autonomías habían publicado o estaban en proceso de aprobar normativas que contradecían lo recogido en la ley orgánica, al endurecer los requisitos de promoción y titulación. De ellas quedan seis. Por el camino, el Ministerio de Educación ha llevado a los tribunales los decretos de dos comunidades, Madrid, gobernada por el PP, que se ha negado a rectificar, y Castilla-La Mancha, donde mandan los socialistas, que una vez iniciado el proceso contencioso-administrativo ha aceptado rehacer sus currículos para adaptarlos a la Lomloe. El otro territorio que elaboró borradores que chocaban claramente con la ley y ya los ha corregido ha sido Murcia, del PP, que en diciembre publicó sus decretos definitivos. El ministerio, según fuentes del departamento, apuesta por solucionar las discrepancias mediante el diálogo, dejando el recurso a la justicia como última opción.

El pacto parece imposible con Madrid, con cuyos responsables educativos ha mantenido el Gobierno reuniones al respecto. Y también con otra comunidad gobernada por el PP, Andalucía, a la vista de las declaraciones realizadas este miércoles por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, Patricia del Pozo. Los otros cuatro territorios cuyas normativas, definitivas o en fase de borrador, no se ajustan a la Lomloe son Galicia (PP), País Vasco (PNV), Aragón y Extremadura (ambas del PSOE), y el ministerio mantiene conversaciones con ellos.

En la ESO, antes de la Lomloe, los alumnos repetían con más de dos suspensos (aunque la legislación contemplaba diversas excepciones). Dicha regla, enmarcada en una tradición muy arraigada en el sistema educativo, hacía de España un caso peculiar entre los países desarrollados, con tres veces más repetidores (un 29%) que en la OCDE, pese a las evidencias de que se trata de una fórmula cara e ineficaz de enderezar la marcha educativa de un alumno. La Lomloe cambió las cosas, al establecer que la repetición debe ser excepcional. Y que, en la ESO, un alumno pasará de curso y obtendrá el título de la etapa cuando sus profesores decidan, de forma colegiada, que será mejor para su trayectoria educativa, al margen de su número de aprobados.

En Bachillerato, el cambio introducido por la Lomloe ha sido menor. De primero a segundo se pasa con un máximo de dos suspensos, como antes. Y la novedad es que el título de bachiller se puede lograr aunque al alumno le haya quedado una materia pendiente si lo decide el equipo docente, y se cumplen otras circunstancias, como que el estudiante haya ido a clase y el promedio de sus asignaturas alcance el cinco.

Estas reglas deberían estar en vigor este curso en todas las comunidades autónomas a través de sus respectivos decretos autonómicos, según el calendario previsto en la Lomloe, pero el retraso en la aprobación de los currículos ha hecho que algunas de ellas hayan aprobado órdenes transitorias para este curso, y estén acabando de elaborar sus normativas definitivas.

La estrategia de ocho comunidades (de las cuales dos ya han rectificado) ha sido añadir en sus normativas autonómicas mayorías reforzadas que limitan la capacidad de los equipos docentes para decidir qué pasa con un alumno que tiene más de dos suspensos en la ESO o un suspenso en segundo de Bachillerato. Lo más frecuente, como Andalucía, ha consistido en establecer que los equipos docentes deben reunir mayorías de dos tercios. Madrid (e inicialmente Murcia) los fijaron, en cambio, en cuatro quintos.

El Ministerio de Educación considera que dichas adiciones desvirtúan la previsión de la ley educativa, en el sentido de que, aunque no lo diga expresamente, respetar la decisión colegiada de los docentes implica que en caso de desacuerdo la decisión se tome por mayoría simple. Aparte de la interpretación que pueda hacerse de los textos legales, fijar los requisitos para la obtención de títulos oficiales es competencia exclusiva del Estado. Y ese fue el motivo por el que Murcia, tras ser advertida por el ministerio de que el asunto acabaría en la justicia, aceptó cambiar su normativa. Su decreto de la ESO, aprobado en diciembre, señala que los alumnos obtendrán el título “cuando hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las competencias clave establecidas en el perfil de salida y alcanzado los objetivos de la etapa”. Y que dichas “decisiones se adoptarán por mayoría simple, previa deliberación del equipo docente”. El Ejecutivo regional también eliminó del decreto de Bachillerato las mayorías reforzadas que había incluido en el borrador.

Rectificación por carta

Castilla-La Mancha rechazó inicialmente aplicar los criterios de la Lomloe argumentando que desde antes de que se aprobara la nueva ley educativa, su normativa regional ya establecía que las decisiones colegiadas adoptadas por los profesores debían ser apoyadas por dos tercios de los docentes implicados en ellas. El ministerio acabó llevando el asunto a los tribunales, y hace unas semanas el Ejecutivo castellano-manchego aceptó ajustar su currículo a la ley, garantizándolo en sendas cartas remitidas al Ministerio de Educación y al órgano judicial encargado del recurso.

Madrid ha mantenido, en cambio, su desafío, a pesar de que los contactos entre la consejería y el ministerio para intentar solucionar el conflicto han continuado. El Gobierno también ha tenido comunicación con la Junta de Andalucía, pero su consejera de Desarrollo educativo dejó claro el miércoles que no contempla cambiar de postura, informa Eva Saiz. “Defendemos la misma postura que Madrid”, ha dicho Patricia del Pozo, que ha argumentado que las mayorías reforzadas “dotan de garantías a los docentes, alumnos y familias a la hora de tomar una decisión tan importante como repetir u obtener un título”.

Países del entorno

La estrategia de hacer que un alumno que suspenda tres o más asignaturas vuelva a cursar el año siguiente el mismo nivel, incluyendo las materias que sí había aprobado, se ha demostrado poco útil a la hora de combatir el abandono educativo. Y por ello casi todos los países desarrollados han tendido a reducirla al mínimo, entre ellos los que compartían con España la propensión a hacer repetir a sus alumnos, como Francia o Portugal.

La mayoría de los expertos en educación considera necesario que cuando un alumno va mal el sistema educativo actúe, pero que son preferibles otras vías, como las tutorías individualizadas o las clases de apoyo en grupos pequeños. En un artículo publicado en este periódico al hilo del nuevo real decreto que regula la evaluación, promoción y titulación, Lucas Gortazar, coordinador de Educación del laboratorio de ideas EsadeEcPol, explicaba que al ordenar 35 intervenciones educativas, la Education Endowment Foundation, entidad británica de referencia en el campo del estudio de las políticas públicas de enseñanza, situó la repetición de curso como la menos eficaz.

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