Radiografía de la escolarización de 3.000 ucranios refugiados en España: la mitad cursa primaria y Cataluña acoge casi a un tercio

El goteo de escolarizaciones de menores refugiados ucranios en España es constante: el lunes eran 2.367 y el martes ya superaron los 3.000. La mitad se han inscrito en primaria, el 25% en secundaria y el 25% en el segundo ciclo de infantil (de tres a seis años); no hay datos de los mayores de 16 años porque en las etapas postobligatorias (bachillerato y FP) los matriculados tienen que acreditar su titulación para seguir estudiando y su número aún es “residual”. Así lo recogen los borradores de dos documentos ―Plan de Contingencia de España para la atención educativa integral a los estudiantes ucranios desplazados y el Informe sobre la atención educativa integral a los estudiantes ucranios desplazados― elaborados por el Ministerio de Educación, que los trabaja ahora con las comunidades para presentarlos en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo miércoles, que reúne al departamento de Pilar Alegría con los consejeros autonómicos.

Los menores escolarizados a mitad de curso se distribuyen de una manera muy desigual por España, ya que se concentran en localidades en las que ya había una fuerte presencia de ucranios: el 28% en Cataluña (principalmente en Barcelona y Lleida), el 25% en la Comunidad Valenciana (sobre todo, en Alicante), el 13% en Madrid, el 7% en Murcia y otro 7% en Andalucía (focalizados en Málaga). “No está existiendo de manera general una elevada concentración de escolarizaciones por matrícula viva [protocolo para ingresar a mitad de curso] en los mismos centros, sino que se está produciendo de manera distribuida, a excepción de determinadas zonas”, señala el borrador del informe sobre atención educativa al que ha accedido este diario. Antes de la guerra, había 112.000 ucranios empadronados en España, de los que 17.100 eran escolares.

Quizás sí haya que crear “nuevas plazas en espacios nuevos” en secundaria, donde “la situación es muy variada”

Aunque el ministerio hizo una estimación de unos 100.000 menores ucranios que la guerra podría traer a España, los documentos hablan de una previsión mucho menor, dentro de una horquilla de entre 5.000 y 20.000, aunque el número dependerá del reparto de los cuatro millones de refugiados que ya han recibido los países europeos. La mayoría sigue en campamentos de la frontera. Educación cree que hay “plazas y medios” suficientes para acogerlos sin grandes problemas en primaria, pues debido a la baja natalidad el número de alumnos por clase “es más bajo que el de los países de nuestro entorno”. Aunque quizás sí haya que crear “nuevas plazas en espacios nuevos” en secundaria, donde “la situación es muy variada”.

La educación de los menores es un derecho fundamental en España, por lo que el trámite es automático, sin necesidad de mostrar documentación, si no disponen de ella. Todas las comunidades están intentando que los menores de 16 años vayan a un colegio del barrio en el que residan y si tienen lazos de parentesco o de relación con otros menores ―por ejemplo, los hijos de una familia de acogida― estén en el mismo centro. En el caso de que no sobren plazas, se aumenta la ratio de la clase si es factible. El ministerio quiere especialmente crear marcos de diálogo con Madrid, Cataluña, Murcia, Valencia y Andalucía, que concentran ahora al 80% de los inscritos.

“Se está tratando de no concentrar todas las escolarizaciones tardías en los mismos centros, algo que reflejan los datos de los que disponemos en el ministerio. En caso de darse esa situación, podría preverse la dotación de aulas modulares”, afirman los documentos. Estas aulas prefabricadas podrían instalarse, según las previsiones del informe, en zonas de Madrid, Barcelona, Alicante, Valencia, Murcia y Málaga. La Comunidad Valenciana, que ha programado un curso online para formar a su profesorado para atender las nuevas llegadas, ha anunciado este miércoles la apertura de 18 unidades en Torrevieja, Guardamar del Segura, San Juan y Dénia (Alicante) y Vila-Real (Castellón).

El Ministerio de Educación calcula ahora el coste por alumno, ―con la referencia de la cuantía del ingreso escolar de los menores que llegaron a Ceuta y Melilla en 2021― con intención de compensar a las comunidades que les escolaricen [El coste de un alumno de primaria sin necesidades especiales es en torno a 5.000 euros]. La horquilla de la partida económica es enorme ―”Este coste podrá variar entre los 15 millones y los 100 millones de euros”, se estima―, pues está condicionada a que se instalen más o menos refugiados ucranios en España.

Este jueves y el viernes la Comisión Europea decidirá si destina fondos extra para la escolarización de los menores en los países de la Unión. Se estudia la posibilidad de que se usen los fondos no utilizados del CARE 2014-2020 (Acción de Cohesión para los Refugiados en Europa) que ahora tienen que justificarse; también el uso de una parte de los fondos de recuperación tras la pandemia (REACT-UE) o millones de euros del programa de movilidad Erasmus+. Bajo el paraguas de Erasmus, los profesores ucranios podrían recibir ayudas económicas para facilitar su integración o enviar personal cualificado temporalmente a las regiones que acogen a los refugiados.

Bruselas ha creado también un grupo de expertos, EU Education Solidarity Group for Ukraine, que se va a reunir semanalmente para que todos los países conozcan las experiencias de escolarización del resto de socios y se difundan las buenas prácticas.

La ley de educación obliga a las comunidades autónomas a desarrollar programas específicos para los alumnos con graves carencias lingüísticas, como es el caso de estos escolares ucranios. Además, se les ha otorgado la protección temporal como desplazados a causa del ataque ruso, lo que les da derecho a tener el comedor y el transporte (de necesitarse) gratis. La intención es contratar a profesorado ucranio desplazado “para el apoyo a la atención educativa de los escolares”.

Educación baraja dar subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que contraten a personal de habla ucraniana”

Las webs de las comunidades tendrán que incluir información en español y ucranio para facilitar las matriculaciones y el plan de contingencia pide crear “materiales en ambos idiomas para favorecer la integración y acogida”. La Junta de Castilla-La Mancha, que ha escolarizado a cerca de un centenar de refugiados, ha comprado 150 libros en ucranio “para que dispongan de recursos en su propia lengua”. Y las autonomías están elaborando un manual de vocabulario básico para facilitarles la comprensión del castellano, igual que hace más de una década se hizo para integrar a los menores magrebíes y rumanos que se instalaron en España.

La idea es que se inscriban en aulas ordinarias cuando el número lo permita, pero se van a fomentar las aulas de inmersión lingüística ―con menos de 10 estudiantes― en las que los escolares aprenden además herramientas para integrarse en la sociedad española. Para todo ello es necesaria la contratación de profesorado de orientación, pedagogía terapéutica e intervención sociocomunitaria. Educación baraja también dar subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para que contraten a personal de habla ucrania, para la atención lingüística y socioafectiva. Madrid, por ejemplo, ya ha anunciado que ampliará las aulas de enlace, pues contaba con 80 y ahora ha inscrito ya a más de 300 refugiados.

La recuperación psicológica tras el trauma de la guerra es clave. Por eso, el protocolo valenciano es claro: hay que “priorizar los aspectos emocionales y relacionales sobre cuestiones académicas, como mínimo las primeras semanas o meses”. Una práctica común es que los recién llegados tengan un mentor ―que a poder ser hable su idioma― y un tutor de referencia. En algunas comunidades se están dando alternativas a los mayores de 16 años que no tienen escolarización obligatoria. En Madrid se pueden inscribir en las escuelas de adultos o aprender español en sus escuelas oficiales de idiomas.

La intención es que en la Conferencia Sectorial de Educación del próximo miércoles se den los primeros pasos para la homologación de los títulos de los refugiados, para que los mayores de 16 años puedan seguir estudiando y los mayores de edad, trabajar en España. Para ello tiene que establecerse un mecanismo de intercambio de documentación con la Embajada de Ucrania en España y se propone en el plan de contingencia prolongar la “validez de los documentos provisionales que permiten la continuación de los estudios durante el proceso de homologación”. Pero, en paralelo, se quiere facilitar también que estos alumnos continúen la enseñanza a distancia, pues muchos centros ucranios prosiguen las clases online aunque se hayan cerrado sus instalaciones.

Puedes seguir EL PAÍS EDUCACIÓN en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.