El destino incierto de los menores marroquíes en Ceuta

Ceuta, de poco más de 19 kilómetros cuadrados, ha soportado durante meses una presión que ha puesto en jaque un delicado equilibrio demográfico. En mayo de 2021, unos 1.500 menores de edad consiguieron cruzar desde Marruecos, a nado o sorteando el vallado fronterizo. Muchos regresaron voluntariamente a su país o fueron devueltos por las autoridades españolas. Unos hechos que aún investiga la Fiscalía, después de frustrarse en agosto el intento ilegal de devolución masiva que fue detenido por los tribunales tras la expulsión de 55 menores. Pero varias organizaciones han denunciado que el goteo de repatriaciones sumarias no ha cesado.

“El Gobierno sigue devolviendo gente, también menores”, protesta Francesca Fusaro, activista de No Name Kitchen, organización que trabaja en Ceuta desde el inicio de la crisis con personas en situación de calle y que ha documentado al menos seis expulsiones entre octubre y diciembre, “hay un procedimiento de repatriación y el Ejecutivo no lo está cumpliendo”. Si en septiembre había más de 700 menores de cuya tutela debía hacerse el Gobierno de la ciudad, a comienzos de enero no son más de 370 los niños y adolescentes que aún permanecen en la localidad, de 85.000 habitantes. El Ejecutivo regional y la Dirección Provincial del Ministerio de Educación han tenido que hacer malabarismos para acoger y escolarizar a quienes se han quedado mientras se resuelve cómo proceder a formalizar los expedientes de repatriación que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometió a gestionar este año.

Muchos permanecen fuera del sistema o se han lanzado al mar para llegar a la Península. El temor a ser enviados de vuelta a Marruecos ha hecho que los chavales prefieran estar fuera de los centros gestionados por el Gobierno ceutí y se arriesguen a embarcar en las líneas regulares de barcos a Algeciras o en embarcaciones propias. “Cada noche intentan hacer riski (encaramarse a los bajos de camiones o los motores de los ferris), entran o directamente duermen en el puerto”, explica Fusaro. Cinco menores, uno de ellos bajo tutela de la Administración, desaparecieron a finales de noviembre tras montarse en una balsa inflable.

Estabilidad en las llegadas

La llegada de migrantes a España de forma irregular se ha mantenido en 2021 en un contexto europeo en el que se han disparado las entradas hasta máximos registrados en 2017 y en un año marcado por la crisis sin precedentes con Marruecos, socio prioritario de la política migratoria en la frontera sur. Hasta el 28 de diciembre de 2021, últimos datos difundidos por el Ministerio de Interior, 41.632 migrantes llegaron a España de manera irregular, un 0,4% más que en 2020. Más de la mitad, a Canarias, y la mayoría desde la costa atlántica marroquí. La cifra obvia, sin embargo, el éxodo que se produjo a través de la frontera terrestre con Ceuta a mediados de mayo, cuando entre 9.000 y 13.000 personas cruzaron desde Marruecos a la ciudad autónoma en solo dos días.

La cooperación con Marruecos sigue siendo clave, una baza que Rabat ha sabido jugar para presionar a la UE tras el reconocimiento de EEUU a sus aspiraciones soberanistas sobre el Sáhara. Mientras que sí se ha mantenido un férreo control con redadas sobre migrantes procedentes de terceros países, especialmente subsaharianos en el norte del país, Rabat deja abierta la puerta al éxodo de sus propios nacionales en la costa atlántica y en torno a Ceuta y Melilla. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Melilla ven como extraordinaria la presión sobre el perímetro por parte de nacionales marroquíes que han intentado sortear la valla en grandes grupos, algo que no se había vivido antes en la ciudad y que se explica, entre otros factores, por la mala situación económica que atraviesa gran parte de la población en las zonas limítrofes que tradicionalmente cruzaba cada día a Melilla para trabajar. El cierre de los pasos fronterizos terrestres desde marzo de 2022 ha dejado a muchas familias sin sustento y ha empujado a los ciudadanos a buscar salidas desesperadas, como recurrir al procedimiento de asilo para poder viajar desde Ceuta o Melilla hacia la Península y buscar allí trabajo.

Por primera vez desde que se registran cifras, Marruecos forma parte del top cinco de países de origen de solicitantes de asilo en España, con 6.123 solicitudes presentadas hasta el 31 de noviembre de 2021, frente a las 1.110 en 2020. Los datos superan el conjunto de todas las solicitudes registradas entre 2017 y 2019 (531 en 2017; 1.323, 2018; 2.559, 2019), cuando se dispararon las solicitudes de protección internacional por parte de activistas rifeños que escapaban de la política de represión del movimiento Hirak por parte de las autoridades marroquíes. El espectacular crecimiento enmascara un flujo de inmigración marroquí sin precedentes. En Ceuta se han registrado hasta 3.078 solicitudes de asilo a 30 de noviembre, frente a las 285 cursadas en 2020; en Melilla, 2.985, casi el doble que las contabilizadas el año anterior (1.421).

“Desde el punto de vista jurídico es una aberración”, comenta Josep Buades, abogado coordinador del Servicio Jesuita a Migrantes, una de las entidades impulsoras de las denuncias que llevaron al Supremo a reconocer en 2020 la libertad de movimiento de los solicitantes de asilo por todo el territorio del Estado, “desde el punto de vista político, han encontrado un camino práctico para darles una salida para residir y trabajar en España hasta que se resuelve su expediente de protección”.