España y Marruecos acuerdan el retorno de los más de 700 menores que entraron en Ceuta en mayo
Los niños han comenzado a ser trasladados a un centro de acogida marroquí a la espera de reunirlos con sus padres. El Defensor del Pueblo y las ONG denuncian que la repatriación incumple la ley española
España y Marruecos han acordado la devolución de los más de 700 menores marroquíes que permanecen en centros de Ceuta tras su entrada masiva la semana del 17 de mayo. La negociación queda acreditada en documentos que ha adelantado la Cadena Ser y cuyo tenor ha confirmado EL PAÍS. En ellos se plasman las gestiones del Ministerio del Interior con la Vicepresidencia del Gobierno de Ceuta para coordinar con las autoridades marroquíes “el dispositivo de retorno” de los menores no acompañados. A última hora de este viernes, Interior ha acabado por confirmar el acuerdo y el primer retorno de un número indeterminado de menores. El departamento de Fernando Grande-Marlaska garantiza que se está evaluando caso por caso, que hay menores que no se retornarán por sus circunstancias de vulnerabilidad, y que este proceso ha sido trabajado en coordinación tanto con las autoridades ceutíes como marroquíes. El Defensor del Pueblo, sin embargo ha considerado que se trata de devoluciones “sin procedimiento” y ha iniciado actuaciones de oficio. A juicio de la institución la actuación de Interior incumple la ley y ha pedido que cese los retornos.
En uno de esos documentos Interior mantiene que el Reino de Marruecos se compromete a velar por los intereses de los menores y, por los detalles que aporta, se desprende que los niños serán acogidos en el centro de menores de Martil, cercano a Tetuán. Interior garantiza que Marruecos protegerá los derechos de los menores hasta reunirlos con sus padres lo antes posible y, en el caso, de que este escenario no sea posible, será L’Entraide Nationale [institución pública autónoma encargada de la asistencia social] quien se hará cargo de ellos. En otro de esos documentos se hace referencia a una reunión que tuvo lugar este miércoles en la que participaron miembros del Gobierno de Ceuta y la Policía Nacional junto a representantes de la prefectura de Tetuán y de L’Entraide Nationale, perteneciente al Ministerio marroquí de Familia, Solidaridad, Igualdad y Desarrollo social.
Las autoridades calcularon que podría haber entre 2.000 y 3.000 menores entre las más de 10.000 personas que entraron de forma masiva en Ceuta en mayo, ante la pasividad de Marruecos. Muchos de ellos fueron devueltos en caliente, otros retornaron voluntariamente y el resto, cerca del millar, acabaron alojados en naves, pabellones y campamentos provisionales en condiciones precarias. Otro número indeterminado de niños, que podría rozar los dos centenares, malvivía en las calles. Actualmente están acogidos unos 740 menores —no hay constancia de qué fue del resto hasta completar el millar—, y la inmensa mayoría había manifestado no querer volver a su país. Los centenares de padres que en un principio se interesaron por la reagrupación acabaron apostando por que sus hijos permaneciesen en Europa.
La devolución de menores extranjeros no acompañados está recogida en un convenio bilateral con Marruecos, pero desde su última revisión en 2012, no se había activado. Por un lado, la legislación española es muy garantista y protege el interés y la voluntad del menor y, por el otro, Rabat no colaboraba. En el caso de los menores de Ceuta, de hecho, se había intentado reagrupar a un puñado de niños que querían reunirse con sus padres, pero las autoridades marroquíes lo habían frustrado al impedir que los progenitores se acercasen a la frontera. Los gestos de distensión con Marruecos han permitido ahora abordar una de las cuestiones prioritarias derivadas de la crisis de mayo.
El acuerdo con Marruecos ya tiene su reflejo en los centros de acogida de Ceuta. Varias asociaciones que trabajan proporcionando asistencia legal a menores no acompañados y jóvenes migrantes en Ceuta, como Maakum, Save the Children y No Name Kitchen, han confirmado a EL PAÍS que los primeros grupos de menores ya han cruzado la frontera. La Policía Local de Ceuta y la Policía Nacional han irrumpido sobre la una de la tarde en el Pabellón de Santa Amelia, un recurso de acogida habilitado por la ciudad autónoma para alojar a algo más de 200 niños de los que entraron a la ciudad en mayo. Los agentes han comenzado a subir en un autobús a los menores en grupos pequeños, de 10 o 15 niños, por cada viaje. “Al principio no querían decir nada. Después nos han aceptado que se estaban llevando a los menores a la frontera para devolverlos. Decían que su país los está reclamando y que allí van a estar mejor”, explica en condición de anonimato una trabajadora social de Samu, la empresa encargada de gestionar los recursos de acogida habilitados, que estaba presente en el momento.
La cuestión que se levanta ahora es si un retorno colectivo como el que se plantea respeta la legislación y los convenios internacionales de los que España es signataria. Entre otros requisitos del acuerdo bilateral con Marruecos para ejecutar las repatriaciones se exigen cuestiones como que el centro de acogida al que sean derivados cuente con recursos materiales y humanos suficientes o la creación de un comité de seguimiento. La legislación española, además, requiere que el proceso sea individualizado y que garantice que los menores, que en la mayoría de los casos se habían negado a volver a su país, sean informados de su retorno y de los derechos que les asisten, entre ellos ser escuchados. En teoría, tampoco pueden ser devueltos sin que se realice una evaluación del interés superior del menor, una tarea en manos de Save the Children, que ya había entrevistado a más de la mitad de los niños acogidos, y que asegura que uno de cada cuatro ha llegado a España huyendo de situaciones de violencia, explotación laboral, sexual o maltrato.
Andrés Conde, director general de Save the Children, lo sintetiza: “Muchos de estos niños van a ser devueltos a una situación de riesgo para su seguridad. Exigimos la suspensión de esta repatriación porque incumple la legislación española en vigor, en concreto tres leyes: la de protección jurídica del menor de 2015; el reglamento de extranjería y la convención de derechos del niño”. Conde denuncia además que la policía ha acordonado la zona y no les permite acceder a las instalaciones. La ONG ya ha elevado una queja al Defensor del Pueblo. En los próximos días, además, presentará un documento solicitando la suspensión de estas repatriaciones ante el juzgado de instrucción, acompañado por otras organizaciones. Carmen Molina, directora de sensibilización y políticas de infancia en Unicef, mantiene: “La legislación es clarísima al respecto. Nos parece increíble que esto esté pasando, cuando nos consta que se están realizando las evaluaciones del interés general del menor, y que no están terminadas. Queremos saber cuál es el amparo legal que les permite hacer esto”.
Un portavoz del Ministerio de Derechos Sociales, uno de los departamentos que ha acompañado de cerca la situación de los menores, ha dicho este viernes que lleva meses “poniéndose a disposición del Ministerio del Interior para trabajar un protocolo de reagrupación familiar” de niños que migran solos que cumpla con la normativa nacional e internacional y no ha obtenido respuesta. En el ministerio se reitera “una vez más” que cualquier proceso de reagrupación familiar debe contar con un protocolo que incluya entrevistas individualizadas a los niños así como el conocimiento pormenorizado por parte de la fiscalía del procedimiento.
