España prepara un nuevo modelo fronterizo para Ceuta y Melilla

El Gobierno asume que el contrabando tolerado no volverá cuando Marruecos reabra los pasos y esboza un plan socioeconómico y comercial alternativo para ambas ciudades

Porteadoras en el paso de Barrio Chino en Melilla esperaban la orden de la Guardia Civil para cruzar a Marruecos, en diciembre de 2019.
Porteadoras en el paso de Barrio Chino en Melilla esperaban la orden de la Guardia Civil para cruzar a Marruecos, en diciembre de 2019.Ana Nance

El Gobierno ha creado una comisión con representantes de al menos seis ministerios para prepararse ante la futura reapertura de las fronteras de Ceuta y Melilla, una medida para la que aún no hay fecha y que depende de la voluntad de Marruecos. Madrid da por hecho que Rabat no abrirá su frontera (que lleva casi dos años cerrada por la crisis sanitaria) antes del segundo trimestre de 2022, pero necesita ir ejecutando ya una hoja de ruta —con cambios comerciales, socioeconómicos y de control fronterizo— para el nuevo escenario que se producirá entonces, y que será muy diferente al que existía antes de la pandemia.

El objetivo, según fuentes gubernamentales, es que España avance en su propio plan en este ámbito, independientemente de las decisiones que tome Marruecos, que —como lamentaba el equipo de Pedro Sánchez en un documento interno del pasado verano— mantiene una estrategia de “presión económica” y “asfixia” sobre las dos ciudades autónomas, cuya soberanía reclama.

Una comisión interministerial (en la que participan los departamentos de Presidencia, Política Territorial, Interior, Asuntos Exteriores, Hacienda, Sanidad y el servicio secreto CNI) ha mantenido ya varias reuniones para definir los cambios que deben ponerse en marcha cuando se reabran los pasos fronterizos cerrados desde el 14 de marzo de 2020. El foco de estos encuentros, a corto plazo, está en la pura gestión de la frontera, pero, a medio y largo plazo, sigue pendiente el plan de rescate socioeconómico que el Gobierno comenzó a definir tras la crisis migratoria de mayo y que aún no ha pasado del papel.

Una de las certezas con las que se trabaja, con la vista puesta en ese nuevo escenario fronterizo, es que el contrabando tolerado, el denominado “comercio atípico” —que movía unos 500 millones de euros anuales en Ceuta y otros 1.000 millones en Melilla—, nunca volverá. Marruecos lo suspendió de forma unilateral y sin aviso previo en octubre de 2019 en Ceuta. Rabat no dio ninguna explicación y por un tiempo se creyó que se trataba de una medida temporal, pero el cierre de las fronteras con motivo de la pandemia convirtió en indefinida esa suspensión, también en Melilla. Los cerca de 10.000 porteadores marroquíes (la mayoría, mujeres) que pasaban cada día a las dos ciudades españolas cargados con fardos tuvieron que buscarse otro medio de vida.

El fin de ese “comercio atípico”, admiten las fuentes consultadas, supone un revés económico notable, pero “también una oportunidad”, pues obliga a buscar nuevos modelos para garantizar el desarrollo de Ceuta y Melilla. Aunque los diferentes ministerios deben concretar aún sus aportaciones, estas son las medidas más destacadas sobre la mesa:

Aduanas comerciales. La fórmula preferida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez es la de instalar aduanas comerciales con Marruecos en los pasos fronterizos de las dos ciudades, pues permitiría el tráfico legal con su entorno, tanto de productos manufacturados desde España a Marruecos como de productos frescos (sobre todo pescado y verduras) a la inversa. El Gobierno quiere convencer a Marruecos de que la existencia de estas aduanas no afectaría a su reivindicación territorial, pero las fuentes consultadas consideran que es improbable que Rabat lo acepte, al menos a corto plazo, pues nunca permitió que hubiera aduana comercial en Ceuta y en el verano de 2018 cerró, también sin aviso previo, la de Melilla. La construcción, por parte de Marruecos, de zonas comerciales en las inmediaciones de las dos ciudades españolas evidencia el propósito de acabar con el papel que estas jugaban como intermediarias en la importación de bienes para las regiones marroquíes vecinas.

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Ciudades-isla. Si se acaba el contrabando y tampoco es posible el comercio legal con Marruecos, Ceuta y Melilla deberán cambiar su modelo económico y olvidarse de su entorno terrestre para empezar a funcionar como si fueran islas. La economía de ambas ciudades tendría que orientarse así, señalan las fuentes consultadas, hacia Europa, aprovechando las ventajas de su régimen fiscal y el nuevo entorno creado por la revolución digital para atraer empresas de servicios y alta tecnología. Los fondos europeos Next Generation deberían ayudar, según este planteamiento, a crear la infraestructura necesaria para poner en marcha este modelo.

En esa línea se moverán los futuros planes estratégicos de desarrollo socioeconómico de las dos plazas. Esta opción, admiten las mismas fuentes, sería difícilmente compatible con la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera de la UE, otra de las opciones que se barajan, pues resultaría complicado mantener las ventajas fiscales que disfrutan ahora ambas ciudades y a las que no están dispuestas a renunciar.

Entrada en Schengen. Una de las decisiones más delicadas que deben adoptarse es la de acabar con la excepcionalidad de Ceuta y Melilla en el tratado Schengen, el espacio europeo sin fronteras que permite circular sin controles por 26 países europeos. En virtud de un acuerdo bilateral, los habitantes de las dos provincias marroquíes vecinas, Tetuán y Nador, pueden entrar libremente en Ceuta y Melilla, pero no pueden pasar a la Península. El fin de la excepcionalidad obligaría a pedir el visado también a los vecinos de Tetuán y Nador en la frontera terrestre. Esa posibilidad fue sugerida por el secretario de Estado para la UE del Ministerio de Asuntos Exteriores, Juan González-Barba, tras la crisis fronteriza de mayo pasado en Ceuta, pero los estudios realizados han puesto de manifiesto la dificultad de su puesta en práctica. Requeriría el visto bueno de los demás socios del tratado Schengen y aumentaría previsiblemente la presión sobre el vallado fronterizo, admiten las fuentes consultadas.

La exigencia de visados a todos los marroquíes obligaría además a reforzar los consulados en el país vecino para atender la avalancha de peticiones. El acceso sin visado de los habitantes de la zona circundante solo sería posible mediante un acuerdo de tráfico fronterizo menor ajustado al reglamento comunitario de 2006, al que deben dar el visto bueno tanto Marruecos como la UE.

Control de vacunas. La reapertura de las fronteras con Marruecos en un contexto en el que no haya desaparecido la pandemia exigirá estudiar la compatibilidad de los certificados covid expedidos por las autoridades sanitarias de Marruecos y la posible autorización de las vacunas inoculadas en el país vecino por parte de la Agencia Europea del Medicamento. También se estudia la posibilidad de vacunar en España a los empleados transfronterizos que cada día acudían a Ceuta y Melilla desde Marruecos para trabajar en sectores como la construcción o el servicio doméstico.

“Frontera inteligente”. La tarea más urgente consiste en finalizar las obras de reparación y mejora del vallado, que van con retraso, y terminar la llamada “frontera inteligente”, que servirá a las autoridades para saber realmente quién entra y sale por los pasos fronterizos. La nueva frontera contará, entre otras cosas, con cámaras de reconocimiento facial, y debería permitir el cruce de registros informáticos de entradas y salidas por la frontera con los controles de identidad en el puerto y helipuerto/aeropuerto, puerta de entrada al espacio Schengen. Al mismo tiempo, el Gobierno se emplaza a concienciar a las autoridades locales y a la población de las nuevas condiciones de paso, explicando que se tratará de una “frontera más segura pero de flujo menos ágil” que antes de su cierre.

Asilo y refugio. Por sentencia judicial, los solicitantes de asilo, una vez que han registrado su petición y a la espera de la respuesta, tienen libertad para desplazarse desde Ceuta y Melilla a la Península. El Gobierno, incómodo con que quien pida asilo en las dos ciudades autónomas pueda salir fácilmente de ellas antes de que se estudie su solicitud, se plantea ahora si le conviene aplicar el procedimiento en frontera, que restringe la libertad deambulatoria y obliga a decidir si se admite a trámite o no la solicitud en un plazo máximo de 10 días, como se hace, por ejemplo, en los aeropuertos. Para ello, habría que habilitar espacios de retención en la frontera para esos días y contar con la disposición de Marruecos a aceptar las repatriaciones de los rechazados. Una cuestión más compleja es si, además, las autoridades españolas pasan a considerar a Marruecos como “país seguro” a efectos de protección internacional, pensando sobre todo en ciudadanos de terceros países.

Revisión del padrón. Las delegaciones del Gobierno en las dos ciudades, sobre todo la de Melilla, aseguran que el cierre de la frontera ha revelado un fraude en el empadronamiento y que decenas de personas que decían residir en la ciudad y hacían uso de los servicios públicos vivían en realidad al otro lado de la frontera. La reapertura obligará a analizar esa situación y se estudia un cambio en la normativa. No está claro en qué consistirá, pues la norma ya es bastante restrictiva y Ceuta y Melilla son los únicos municipios que vetan el empadronamiento a personas en situación irregular.

Plan de seguridad. Se desarrollará un plan integral de seguridad para Ceuta y Melilla, de acuerdo con lo previsto en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021, de inminente aprobación. También se elaborará un plan de contingencia ante episodios como los de mayo pasado, cuando más de 10.000 personas entraron irregularmente en Ceuta.

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