Plan urgente para evitar la asfixia económica de Ceuta y Melilla

España dejará de estar a la defensiva en Ceuta y Melilla. La entrada de unas 10.000 personas en Ceuta en apenas unos días a mediados del pasado mes de mayo provocó una crisis diplomática con Rabat de la que saldrá alterado el equilibrio entre España y Marruecos en los dos temas más espinosos: el Sáhara Occidental y los dos enclaves españoles del Norte de África.

El Sáhara requiere la mediación de la ONU y la solución puede tardar, a la espera de que se rebaje varios peldaños la tensión. Pero el Gobierno, según un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS, acelera un plan estratégico para combatir la “asfixia económica” de las dos ciudades autónomas por parte de Marruecos.

Y va más allá: por primera vez alerta a las claras del rápido deterioro de la situación social en las dos ciudades. Junto con la “desconexión económica” con la zona limítrofe marroquí, que España atribuye a “un objetivo nacional constante e irrenunciable” por parte de Rabat para anexionarse Ceuta y Melilla, el Ejecutivo advierte del “vuelco demográfico” por los flujos migratorios y la creciente población de origen marroquí que reside en ambas ciudades de forma irregular.

El documento subraya el “reto sociodemográfico” en Ceuta y Melilla, que se traduce en una “creciente polarización” y en una preocupante “brecha social”. Alerta de incipientes “sentimientos xenófobos”. E incluso de cierto “desapego hacia el Estado” con servicios públicos de menor calidad, lo que muchos ceutíes y melillenses atribuyen a que la sanidad, la educación y los servicios sociales están “a disposición de los extranjeros”.

Ese polvorín está ahí desde hace tiempo, pero hasta ahora España prefería mirar hacia otro lado en aras de mantener buenas relaciones con Marruecos, un país capital para los intereses españoles. Eso se acabó. Esa dinámica saltó por los aires en primavera: España accedió a acoger al líder del Polisario, Brahim Gali, y como respuesta Rabat permitió el acceso de miles de personas, muchas de ellas menores de edad, a Ceuta en menos de 72 horas.

Exteriores apunta que esa crisis obliga a España y a Marruecos a hablar con mucha más claridad sobre el Sáhara, una prioridad nacional para Rabat, pero también sobre Ceuta y Melilla, que han pasado a ser una prioridad española, con un plan estratégico que estará listo “antes del verano”, según fuentes gubernamentales.

A la espera de ese plan, el informe ofrece ya una hoja de ruta de las intenciones de España, con una batería de propuestas para el corto y medio plazo. Los datos socioeconómicos de las dos ciudades autónomas están entre los peores de España, con un desempleo que ronda el 30% en Ceuta y el 20% en Melilla. Y aun así la renta por habitante de las dos ciudades españolas multiplica por seis la de las áreas marroquíes más cercanas, una de las claves que explican la presión migratoria. Los servicios públicos están al límite, admite ese estudio. Ceuta, además, tras las entradas masivas de hace más de un mes, aún intenta volver a la normalidad mientras busca qué hacer con 800 menores acogidos en centros improvisados y unos 2.000 adultos que malviven en sus calles. Tampoco hay señales de que Rabat vaya a renunciar a su estrategia de “presión económica” que “asfixia” a las dos ciudades autónomas, advierte el análisis del Gobierno.

Por encargo de La Moncloa ya está en marcha un plan de rescate socioeconómico, con al menos media docena de medidas. España estudia incluir a Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, y reformar el régimen económico y social de ambas ciudades autónomas.

El documento apunta a la maximización de los beneficios fiscales “para impulsar nuevos sectores de actividad”, en particular el turismo (con los cruceros como objetivo) y el juego en línea. También pretende mejorar las conexiones con la Península y generar un área de “prosperidad compartida”, una expresión que el Ejecutivo también usa en las relaciones con Gibraltar. Además, aboga por dar un impulso de la actividad portuaria, que se ha resentido en el caso de Melilla por la competencia del vecino puerto de Nador.

Servicios “insuficientes”

El diseño de la nueva estrategia para Ceuta y Melilla está en manos del Ministerio de Política Territorial, que ha nombrado a una alta funcionaria para que se dedique en exclusiva a coordinar las acciones de los diferentes departamentos en las dos ciudades, e incluye una mayor presencia de ministros y secretarios de Estado, junto con medidas de presión europeas: España ha advertido de que estudia incluir a ambas ciudades en el espacio europeo sin fronteras o tratado de Schengen, lo que supondría pedir visado a todos los marroquíes que viven en las provincias limítrofes para entrar en Ceuta y Melilla. Y también baraja dar entrada a guardias de la Agencia Europea de Fronteras (Frontex) en las dos ciudades para dar visibilidad a que sus límites se corresponden con la frontera sur de la Unión Europea.

Pero el paquete económico, Schengen y Frontex son solo una parte de esa estrategia. España pretende también pararle los pies a Marruecos en otros ámbitos. El informe advierte de que al progresivo vuelco demográfico, con un fuerte incremento de la población de origen marroquí, se une un incremento “de la influencia política y religiosa” del país vecino.

“La evolución demográfica de las últimas décadas, con un peso creciente de la población de origen marroquí, ha resultado en una creciente polarización”, advierte el informe. “La crisis económica, la falta de oportunidades para una población joven, la falta de espacios comunes, está resultando en una creciente brecha social”, abunda el texto, que reconoce que los servicios públicos de las dos ciudades están “infradotados” y son “insuficientes para el volumen de población actual”.

España recela del uso que los residentes en las provincias de Nador y Tetuán hacen de los servicios básicos de la ciudad, especialmente Sanidad y Educación. Las autoridades locales y nacionales consideran que la presión migratoria resulta en “una saturación” de los servicios públicos.

“Numerosos fraudes relacionados con la residencia efectiva y los derechos son uno de los elementos que alimentan susceptibilidades entre comunidades y contribuyen a la polarización y a dificultades de convivencia”, recoge el análisis del Gobierno. El Ejecutivo está dispuesto a reforzar sus servicios, pero advierte: “Los casos de fraude y abuso y la tensión que generan en los servicios públicos despiertan sentimientos xenófobos y desapego hacia el Estado entre la población [local], que siente que los servicios públicos son de menor calidad que la media nacional y se ponen a disposición de extranjeros”.