El Gobierno de Ayuso avala desde 2020 proyectos de universidades privadas obviando las críticas de sus propios expertos

Desde 2020, la Fundación para el Conocimiento Madri+d ha obviado los dictámenes de una comisión conformada por tres profesores universitarios (vocales) a los que encargaba informes sobre proyectos para abrir nuevas universidades privadas o centros adscritos a estas. En más de la mitad de las ocasiones ―dos de cuatro universidades y cinco de ocho centros― su informe incluía conclusiones negativas, pero la dirección de la entidad ―dependiente del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso― ha añadido una primera página en la que califica de “favorable” la iniciativa o ha dado por finalizados los trámites cuando el grupo ha pedido documentación complementaria para tener los elementos suficientes para valorar. Casi la totalidad de los proyectos ya han sido autorizados. En 2024 se constituyó una nueva comisión, que no ha publicado ningún informe, a pesar de que los han elaborado.

El decreto de 2022 que ordena la creación de nuevas universidades en España dicta ―como las leyes desde 1983― que es preceptivo que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elabore un informe técnico que debe de ser aprobado por la Conferencia General de Política Universitaria ―en la que están presentes los gobiernos autonómicos―. Sin embargo, su resultado no es vinculante para que una comunidad apruebe el campus. El decreto nacional no menciona la necesidad de ningún informe autonómico, y por lo tanto, sus conclusiones no condicionan la viabilidad de los proyectos con un juicio negativo. De modo que esta práctica, en la que la Comunidad enmascara el dictamen técnico, no es ilegal, pero sí pone en tela de juicio las palabras de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ―“Abrimos Madrid a todo proyecto de universidad, de todos los rincones de España, del mundo y especialmente de Hispanoamérica, siempre que cumplan los requisitos de calidad y excelencia”― y convierte en un paripé el proceso de evaluación regional.

La conducta madrileña choca con la de otras comunidades. En Cataluña el sistema está blindado, pues funciona el Consejo Interuniversitario de Cataluña, en el que están presentes las universidades públicas y privadas que analizan en conjunto qué necesita la comunidad y son muy estrictos. En la Comunidad Valenciana, que vivió una fuerte expansión de privadas con el PP que ya cesó, no resulta fácil que se abra un nuevo grado si las tasas de empleabilidad no lo certifican, mientras que Andalucía y Canarias, siguiendo la estela madrileña, se han vuelto muy laxas en los últimos años, pese a contar en muchas ocasiones con demoledores informes del ministerio.

Desde la Fundación para el Conocimiento Madri+d no contesta a las preguntas de este diario y remiten a consultar su página web. Por su parte, la Consejería de Educación y Universidades ―que pide a la fundación la elaboración de cada documento― concede alguna respuesta genérica. Explican que los informes “en su versión final pueden recoger aspectos a mejorar, que no invalidan el conjunto del proyecto”, además de detallar que estos son “valorativos” y “por tanto, no vinculantes”. “La apertura de una nueva universidad en la región solo se produce cuando así se aprueba por ley en la Asamblea de Madrid”, añaden con respecto a los nuevos campus.

El director de la fundación es Federico Morán, que fue número dos de José Ignacio Wert en el Ministerio de Educación (PP), y su gerente, Juan Soler-Espiauba Gallo, que ha ostentado distintos puestos ligados al PP madrileño (diputado regional, senador y alcalde de Getafe). La fundación acaba de cambiar sus estatutos para posibilitar que Morán permanezca en el puesto dos años más con el voto en contra de los seis rectores de las universidades públicas.

La comisión depuesta la conformaban tres profesores de universidades públicas (UNED, Sevilla y Vigo) y han sido sustituidos por vocales de la pública (Girona) y la privada (UNIR y Comillas). El protocolo de la fundación afirma que compondrán el grupo “expertos académicos procedentes de universidades que no pertenezcan al Espacio Madrileño de Educación Superior”, pero se incumple. Comillas es una universidad privada de la Iglesia que forma parte del espacio universitario madrileño. Y aunque legalmente, UNIR está adscrita a La Rioja, tiene una gran sede en Madrid e intereses en la región; por ejemplo, su principal accionista acaba de entrar en el negocio de la Universidad Internacional Villanueva, una de las últimas privadas inauguradas en la comunidad.

Ninguneo y erratas

Los vocales confiesan sentirse ninguneados en sus informes de evaluación de la calidad de los proyectos educativos presentados. “Esta comisión ha tenido la sensación de que son documentos no acabados, en formato borrador, y que, desde luego, no se corresponden con la seriedad esperable en el cumplimiento por una institución académica de trámites como el que nos ocupa”, se quejan a la Nebrija. O denuncian que no se emplea “la terminología propia de la investigación académica universitaria. Hay erratas y faltas de ortografía, faltan tildes, sobran comas...” en el caso de la Abierta de Europa.

Tres centros adscritos (CUNEF, Villanueva y ESIC), con cierta red académica tejida en los años anteriores, recibieron el beneplácito de la comisión y la dirección de la fundación cuando se independizaron como universidades en 2019. Desde entonces, una de cal y otra de arena. A la Universidad del Diseño, Innovación y Tecnología (UDIT), el decimotercer campus privado de la capital, y de TAI University ―un proyecto que no ha fraguado aún―, la comisión les agradeció en su último informe (en 2020 y 2024) la corrección de las deficiencias. No ocurrió con la Universidad Internacional de la Empresa (UNIE), del grupo Planeta, aprobada en 2020: “Aunque se corrigen unos pocos aspectos (...), no se procede de la misma forma con otros muchos, auténticamente sustanciales”. La comisión consideraba que “estaba en juego la viabilidad del proyecto” al implantarse de golpe todas las titulaciones o le escamaba la falta de referencias a las líneas de investigación.

En el expediente de la IE University ―que nació en Segovia, pero quiere regirse por la legislación madrileña, donde tiene la mayoría de sus instalaciones, y que cuenta con el informe favorable del ministerio―, se desconoce la valoración final, porque la fundación ha colgado en su lugar unas alegaciones de otra universidad.

Más prisa parece darse para autorizar la Universidad Abierta de Europa, cuyo dueño, Carlos Pérez Castro, es próximo al ala ultraconservadora del PP madrileño. “Parte de las dudas manifestadas por esta comisión tienen que ver con la gran envergadura de un proyecto nuevo y la dificultad de gestionarlo adecuadamente para que no se malogre”, afirman en su último escrito de 2024, tras forzar al empresario a rehacer el proyecto. Morán añade en la primera página que se han hecho “esfuerzos en subsanar” los fallos, que permiten “valorar favorablemente la propuesta”. A su vez, el empresario trata de abrir una universidad en Badajoz con 3.000 euros de capital social.

En el caso de los centros adscritos, la comisión se mostró entre 2020 y 2023 a favor de que Hygiea fuese parte de Udima (Universidad a Distancia de Madrid), el Centro de Estudios Garrigues de la Universidad Europea y Cunimad, de la Francisco de Vitoria. En 2021, a la comisión le faltó información para bendecir que el Centro de Educación Superior en Enseñanza e Investigación Educativa acabase adscrito a la Camilo José Cela y que el Centro de Educación Superior Felipe Moreno perteneciese a la Nebrija; y en 2023 no respaldó que el Real Centro Universitario Escorial María Cristina pasase a manos del San Pablo-CEU. Los tres ya funcionan como centros adscritos de estas universidades.

Más lenta va CUNEF. En 2023, Morán dio luz verde a la adscripción de la Escuela de Ingeniería a la universidad de la Asociación Española de Banca, aunque los vocales habían remarcado objeciones a su participación en proyectos de investigación, su internacionalización o su estrategia para localizar y contratar al profesorado. Desde CUNEF indican que no hay “novedades”. Y ese año, UNIE ―que ya había recibido su propio palo― solicitó que EAE Business School, también Planeta, se convirtiese en un centro adscrito y de nuevo hubo muchos peros. “En seis años no ha conseguido proyectos [de investigación] competitivos”. A pesar de ello, una vez más, se ha cambiado la adscripción.