Los socialistas proponen bajar la ratio de alumnos de forma permanente en los centros educativos de alta complejidad social

Reducir de forma permanente el número de alumnos por clase mejoraría los resultados académicos y la convivencia, argumenta el texto registrado por los socialistas en el Congreso

Una maestra dispensa gel desinfectante a los alumnos en el colegio Maestro Padilla de Madrid, este martes.
Una maestra dispensa gel desinfectante a los alumnos en el colegio Maestro Padilla de Madrid, este martes.Manu Fernández (AP)

Los socialistas proponen reducir de forma permanente las ratios, esto es, el número de alumnos por clase, en los centros de “alta complejidad social y con mayor índice de necesidad educativa”. El grupo parlamentario del PSOE registró este lunes en el Congreso de los Diputados una iniciativa para instar al Gobierno a impulsar un acuerdo al respecto con las comunidades autónomas en la Conferencia Sectorial de Educación.

La bajada de las ratios es una de las reivindicaciones que más consenso genera en la comunidad educativa. La petición histórica se cumplió el año pasado en gran parte de los colegios e institutos por la aplicación de las normas para prevenir los contagios de covid. Pero este curso desaparecerá, ya que el nuevo protocolo permite volver a las cifras previas a la pandemia.

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La proposición no de ley registrada por los socialistas, que será debatida en las próximas semanas en el Congreso, menciona el metaanálisis, basado en 148 estudios, realizado en 2018 por la red internacional de expertos Campbell Collaboration, que concluyó que las bajadas de ratio no parecen tener, de forma general, grandes efectos positivos. Pero el texto que será debatido en el Congreso añade que sí hay, en cambio, trabajos internacionales que reflejan consecuencias beneficiosas en entornos de “alta complejidad y vulnerabilidad social”. Una conclusión similar a la que expuso en julio en este periódico el catedrático de Economía en la Universidad Carlos III Antonio Cabrales.

Bajar las ratios no es precisamente barato. La propuesta socialista argumenta su apuesta por una reducción selectiva señalando que los pasos en dicho terreno deben darse analizando previamente “tanto el impacto presupuestario como el impacto de equidad”. Y teniendo en cuenta, prosigue, que el sistema educativo se encuentra inmerso en otras grandes inversiones pendientes históricamente en materia de “educación infantil, educación inclusiva, digitalización, nuevos centros y plazas públicas, impulso de la Formación Profesional, profesorado, personal de apoyo al profesorado y reducción de interinos”.

Reducir las ratios en los centros que concentran alumnado con dificultades socioeducativas permitiría, señala el texto, que en ellos mejoraran los resultados académicos, la convivencia, las oportunidades de los estudiantes para graduarse en etapas postobligatorias, y la motivación y compromiso del profesorado. Especialmente, señala, “tras el impacto” que cabe esperar que la pandemia tenga en estos colegios e institutos.

¿Qué se entiende por centro de alta complejidad?

La propuesta plantea que la Conferencia Sectorial de Educación (en la que se reúnen el Ministerio de Educación y las comunidades autónomas) defina qué centros públicos y concertados son de alta complejidad social sobre la base de una serie de “indicadores metodológicos armonizados”, que tengan en cuenta “su entorno y composición social”. Las comunidades autónomas ya aplican sistemas para clasificar la situación social de los centros, por ejemplo con encuestas sobre el nivel cultural y estatus laboral de los padres en el momento de la matrícula. De lo que se trataría ahora sería de establecer unos criterios comunes “que refuercen la cohesión social y educativa”.

El documento subraya que debe evitarse “en todo momento dar publicidad a dichos centros a fin de impedir su estigmatización”.

La propuesta también insta a que el Gobierno impulse en la Conferencia Sectorial de Educación un “plan de acompañamiento” para este tipo de centros en cumplimiento de la ley de educación, la Lomloe, que prevé que las administraciones educativas destinarán “mayores recursos y dotaciones a los centros públicos y concertados que atiendan alumnado con mayores necesidades”.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra

Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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