Quitar el título de ESO, ampliar la educación obligatoria hasta los 18 y crear otra vía formativa: los debates que la ‘ley Celaá’ ha aplazado

La nueva ley educativa, la ley Celaá, aprobada el miércoles en el Senado, ha desactivado los cambios en el sistema educativo introducidos por la norma anterior, del PP (2013), que fueron más criticados en su día por gran parte de la propia comunidad, como la separación temprana del alumnado en itinerarios distintos, las ventajas a la escuela concertada a expensas de la pública o el refuerzo a la asignatura de Religión. La ley también ha avanzado más que la anterior norma educativa elaborada por los socialistas (la LOE, en 2006) en la distribución del alumnado desfavorecido entre la pública y la concertada y en la reducción de las repeticiones, y ha sentado las bases para diseñar unas asignaturas menos saturadas de contenidos que pongan el acento en los aprendizajes esenciales.

La ley no ha abordado, en cambio, otras cuestiones de calado que expertos e incluso instituciones como el Consejo Escolar del Estado han puesto sobre la mesa en los últimos tiempos. Como la supresión del actual título de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), la introducción de una tercera vía formativa tras la secundaria (que se sumaría a la del Bachillerato y la Formación Profesional), y la ampliación hasta los 18 años de la enseñanza obligatoria.

Son cambios que en algún caso la ley esboza, pero cuya ejecución quedan para una próxima reforma educativa, aunque no necesariamente para la elaboración completa de una nueva ley, ya que podrían incorporarse a la actual.

Porcentaje estancado

Hace 30 años, cuando el PSOE aprobó la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (Logse) solo el 51% de los jóvenes de 16 años tenían una formación equivalente a la que ahora supone haber completado la ESO —en aquella época, salvando las distancias, significaba haber terminado segundo de BUP o la Formación Profesional de primer grado—. En la década siguiente se produjo un gran avance y ese porcentaje creció hasta el 75% de la población escolar. Desde el año 2000, sin embargo, con módicas variaciones hacia adelante y atrás, la proporción de titulados ha permanecido estancada. O dicho de otra forma: desde hace 20 años hay un 25% del alumnado que no consigue titularse en la ESO.

Lo grave no es tanto que no obtengan el título, que por otra parte concede por sí solo una cualificación profesional casi nula, como afirma el presidente de la asociación de directores de institutos públicos Fedadi, Raimundo de los Reyes, y volvió a poner de relieve hace unas semanas la Encuesta de transición educativa-formativa e inserción laboral del INE. Sino que no disponer de él impide a los jóvenes continuar formándose, al ser la condición para poder acceder a las dos vías formativas que se abren al término de la secundaria obligatoria: el Bachillerato y la FP de grado medio. “El título”, resume Enrique Roca, presidente del Consejo Escolar del Estado, que se ha mostrado partidario de su supresión, “actúa como una barrera”.

El organismo asesor del gobierno que preside Roca publicó este año un informe que compara la situación de España con la de siete países europeos, EE UU y Canadá. La conclusión es que en ninguno de ellos existe nada parecido al título de la ESO, sino que al llegar al final de la secundaria todos los alumnos reciben un certificado con sus calificaciones y una orientación sobre el camino formativo que, en opinión del equipo docente del centro, deberían seguir a continuación.

La nueva ley no ha suprimido el título de la ESO. Pero sí ha introducido dicho certificado de calificaciones, que se entregará a quienes no logren graduarse. Y en el que figurarán “el número de años cursados y el nivel de adquisición de competencias”. El documento no servirá, sin embargo, para proseguir los estudios en la secundaria postobligatoria.

Muchos frentes abiertos

Fuentes socialistas que han participado en la elaboración de la ley en el Congreso admiten que lo deseable sería quitar el título. Pero consideran que dicho proceso requiere maduración. En otras palabras: a bastantes frentes tenía que enfrentarse la nueva ley como para añadir otro que, como se vio en la reacción al informe aprobado por el Consejo Escolar del Estado, genera rechazo en ciertos sectores educativos de orientación conservadora. La mención del certificado de calificaciones que hace la ley es en todo caso, añaden las mismas fuentes, un primer paso en dicha dirección.

Según el planteamiento de Roca, quitar el título de la ESO no debería ser una medida aislada, sino tomada conjuntamente con otras. Como la fuerte reducción de las repeticiones (un terreno en el que la nueva ley avanza). Y la creación de otra opción formativa, además del Bachillerato y la FP, al término de la secundaria obligatoria, con un perfil todavía más laboral, como existe en los países analizados en el informe del Consejo Escolar del Estado.

Una idea que concreta más Miguel Soler, secretario autonómico de Educación de la Generalitat valenciana. Soler defiende que al acabar la secundaria los alumnos reciban lo que llama “certificado de escolaridad” y un informe de orientación que, además de Bachillerato o FP, pueda aconsejarles una tercera vía “que combine la formación y el empleo hasta que el joven logre una cualificación equivalente a una Formación Profesional de grado medio”.

Soler cree que para ello sería necesario un cambio en la normativa laboral para establecer que si una empresa quiere contratar a un joven que carece de una titulación equivalente a la FP de grado medio, “deberá hacerlo mediante un contrato de formación y aprendizaje hasta que el joven obtenga dicha cualificación”. También se requeriría, añade, un aumento de la oferta de Formación Profesional como la que ya prevé el Gobierno, que en verano anunció que quiere crear 200.000 nuevas plazas en cuatro años.

Ventajas e inconvenientes

Suprimir el título de la ESO, ampliar las vías formativas tras la secundaria y alargar hasta los 18 años la enseñanza obligatoria son tres debates que giran en torno a la misma cuestión: cómo reducir el nivel de abandono escolar temprano —los jóvenes de 18 a 24 años que tienen como máximo el título de ESO y no siguen ningún tipo de estudios o formación que les permita elevar su cualificación— que en España alcanza el 17%, 10 puntos más que la media de la UE.

“Nosotros tenemos claro que la extensión de la educación obligatoria hasta los 18 es algo que, por lo menos, se debe estudiar”, afirma Raimundo de los Reyes, presidente Fedadi. La medida, recuerda, ha sido implantada en países cercanos, como Portugal, y en España ya fue planteada hace más de una década por Ángel Gabilondo cuando era ministro. “Parece un contrasentido que antes de los 18 años el título que los alumnos obtienen, en el mejor de los casos, sea el de la ESO, que no cualifica para nada. Si para tener una cualificación laboral se necesita más, seamos consecuentes y ampliemos la edad obligatoria”.

Miguel Soler cree, en cambio, que la medida tendría “más inconvenientes que ventajas”, sobre todo si lo que se amplía a los 18 es la actual ESO que, coincide con De los Reyes, no proporciona cualificación profesional. En ese caso, añade, a los alumnos que ahora quieren dejar los estudios a los 16 “habría que retenerlos dos años más sin ofrecerles una alternativa acorde con sus intereses”. Soler considera mejor universalizar la oferta (que haya plazas para todos), y abrir al término de la secundaria una tercera opción que aúne formación y empleo.

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