Raimundo de los Reyes, presidente de los directores de instituto: “Muchos opinan de la ley de educación sin haberla leído”

Raimundo de los Reyes ha dirigido durante 27 años el instituto Ortega y Rubio de Mula (Murcia). En septiembre cedió el testigo y se jubiló, pero seguirá siendo presidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), con presencia en todas las comunidades autónomas, salvo Cataluña, hasta que la pandemia permita a la entidad celebrar un nuevo cónclave, quizá en el primer trimestre de 2021. De los Reyes responde a la entrevista por teléfono desde su casa, situada a 10 kilómetros de Murcia, donde nació hace 63 años.

Pregunta. ¿Qué opina de los temas que protagonizan el debate público de la nueva ley educativa, como la concertada y la asignatura de Religión?

Respuesta. Creo que no son los problemas que verdaderamente tiene el sistema educativo. Y oyendo a muchos de lo que opinan, me da la impresión de que no se han leído la ley.

P. Su federación ha criticado que la ley se apruebe sin consenso.

R. Me parece lamentable que el debate político se superponga a cualquier otra consideración, como ya sucedió con la salud durante la gestión de la pandemia. En educación, en lugar de buscar el acuerdo, aunque para ello sea necesario aparcar ciertos asuntos, lo que hacemos es ponerlos por delante de lo importante y magnificarlos, en este caso con medias verdades.

P. ¿No es contradictorio que al mismo tiempo consideren ustedes urgente derogar la Lomce [la ley educativa aprobada en 2013 por el PP que será, salvo sorpresa, sustituida por la Lomloe]?

R. Podría parecerlo, pero sobre la Lomce ya nos manifestamos en contra. Y no solo nosotros, sino la mayor parte de la comunidad educativa y todos los partidos al margen del que la aprobó. Luego la práctica ha demostrado que la ley era deficiente en lo técnico, con muchos problemas para el profesorado, como los estándares de aprendizaje. Y cuando hemos empezado a tener promociones que estudiaron con la Lomce hemos visto que los resultados no han mejorado. Otra cosa es que, al ver que el cambio va a ser de nuevo provisional, digamos que así no, por favor.

P. ¿Qué mejoras cree que introduce la ley?

R. Yo destacaría los programas de diversificación curricular, nadie entiende por qué los suprimieron. Me parece importante que los representantes de la comunidad educativa recuperen funciones de participación y gobierno, que el consejo escolar no sea simplemente un grupo de personas que se sientan a escuchar al director. Y también que la ley declare expresamente la apuesta por la educación pública, aunque todavía debe concretarse en el terreno de la financiación. Estábamos viendo en algunos sitios una defensa de la educación privada, porque al defender la concertada se está defendiendo la privada, algo perfectamente lícito siempre que no se produzca en menoscabo de lo público.

P. ¿Qué le falta a la nueva ley?

R. Aunque anuncia algo, hace falta una apuesta más concreta sobre la profesionalización de la función docente. También falta definir, de una vez, un modelo de dirección y avanzar en su profesionalización, en su formación, selección, reconocimiento y evaluación. La Administración, en general, no confía en los centros, de ahí el dirigismo. Pero tampoco pone los medios necesarios para poder confiar. Nosotros defendemos que el director sea un puesto de plantilla, de manera que no ocupe plaza en el departamento. Pero creo que sí debe ser un profesor. Otra cosa sería como que gestionara un taller alguien que no sepa de mecánica. A lo mejor podría hacerlo, pero yo veo que sería complicado cuando tuviera que discutir algo con los mecánicos.

P. Plantean ustedes suprimir el actual título de la ESO, ¿por qué?

R. Sí, un reciente informe del Consejo Escolar del Estado reflejó que este título no existe en la mayoría de países de nuestro entorno. ¿Por qué nos empeñamos en mantener lo que es más una barrera que otra cosa e impide que parte de los alumnos, a esas edades, siga formándose? Nosotros nos inclinamos por un sistema de certificaciones más flexible, que vaya acompañado de informes competenciales de los alumnos y deje abiertas más puertas.

P. También quieren revisar el modelo de repeticiones.

R. Las repeticiones han mostrado un escasísimo éxito como herramienta para mejorar la formación y los resultados del alumnado. La ley en este terreno supone un avance.

P. Usted es partidario de que los alumnos elijan antes de lo que prevé la nueva ley entre una opción más orientada a la FP y otra más decantada hacia el Bachillerato. ¿Por qué?

R. Creo que para el alumnado sería más positivo, y que seguramente ayudaría a reducir las tasas de fracaso y abandono escolar.

P. ¿Se ha perdido mucho conocimiento con la pandemia?

R. En adquisición de conocimientos y, lo que debería preocuparnos más, de competencias, creo que de momento, para un alumno con un acceso normal a los medios informáticos, resulta perfectamente recuperable. A quien ha perjudicado más ha sido al alumnado que llamamos vulnerable, entre el que ha aumentado el peligro de fracaso y posterior abandono.

P. Usted es catedrático de Lengua y Literatura Española. ¿Qué le parece que la nueva ley haya suprimido la referencia a que el castellano deba ser lengua vehicular?

R. Lo de lengua vehicular se lo debemos a la Lomce, antes no estaba. Y en Cataluña, que es donde se centra el problema, la Lomce tampoco ha solucionado la impartición del castellano. La nueva ley, además de remitir a lo que establece la Constitución sobre la lengua oficial, dice que las Administraciones deben garantizar el perfecto uso del castellano por parte del alumnado. Creo que lo importante es eso.

Siga EL PAÍS EDUCACIÓN en Twitter o Facebook

Apúntese a la Newsletter de Educación de EL PAÍS