El Senado deja intacta la ‘ley Celaá’, lista para entrar en vigor

España estrenará el nuevo año con su octava reforma educativa en cuatro décadas. Y lo hará con el mismo enconamiento político e ideológico que marcó todas las anteriores. El paso por el Senado de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe), la más conocida como ley Celaá, que reemplaza a la ley Wert, no ha logrado atenuar en lo más mínimo la división entre derecha e izquierda con que ya había salido del Congreso. El Senado ha dado este miércoles la aprobación definitiva, sin cambiar ni una coma, al texto que ratificó la Cámara baja hace un mes y que ahora entrará en vigor en el plazo de 20 días. El Gobierno y sus aliados ―ERC y PNV― rechazaron hasta 650 enmiendas, un modo de evitar que el proyecto tuviese que retornar al Congreso para recibir la luz verde final. La aprobación contó con 142 votos favorables, 112 en contra y 9 abstenciones.

La ministra de Educación, Isabel Celaá, saludó el fin de una norma “excluyente, segregadora y elitista”, en alusión a la ley Wert, y aseguró que su proyecto respeta la “libertad de enseñanza”. “Es una ley a favor de todos, no en contra de nadie”, señaló. Respecto a las insinuaciones del PP de que evitará aplicar la norma en las comunidades donde gobierna, la ministra apuntó: “Estamos en un Estado de derecho, no puedo ni imaginarme que una comunidad autónoma decida no cumplir la ley”. En caso de que eso se produjera, dejó entrever que acudirá a los tribunales: “En último término, el poder judicial sabrá hacer que se cumpla”.

En el último día del trámite parlamentario en la Cámara alta, pasaron por la tribuna las representantes de ERC Adelina Escandell y de Junts Assumpció Castellví, y ambas presumieron: “En Cataluña tenemos una ley desde hace años con un amplio consenso”. Subió luego el senador del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) José Miguel Fernández Viadero y contó: “En mi comunidad aprobamos una ley por unanimidad”. Y más tarde le tocó el turno al del Partido Aragonés, Clemente Sánchez-Garnica, que completó: “Y nosotros también”. Pero la política nacional es otra cosa, apegada a lo que ya se ha convertido en un clásico español: los furibundos combates cada vez que se aborda una reforma educativa. “Me deprimo un poco”, confesó Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. “En casi 50 años hemos sido incapaces de superar la división ideológica sobre algo tan decisivo para el futuro de nuestros hijos. Yo tengo una hija que aún no es bachiller y ya va por la tercera ley”.

El debate final en el Senado derivó en la enésima vuelta de tuerca a esa discusión ideológica, con digresiones sobre temas como la aprobación del sufragio femenino en la II República o el papel de Lluís Companys en la Guerra Civil. Todo eso mezclado con la pugna partidista ante las próximas elecciones en Cataluña. De lo que más se habló ―casi el tema único en el caso de Ciudadanos― fue de la convivencia entre las diferentes lenguas, una vez que el Gobierno, tras pactar con ERC, retiró la mención expresa al carácter “vehicular” del castellano. Cuando se habían consumido ya más de cinco horas de debate, el senador de Más País Eduardo Fernández Rubiño exclamó con cierto hastío:“¿Por qué estamos hablando de estas cosas y no de la educación?”.

La derecha, con el apoyo de Ciudadanos, insistió en sus ominosas previsiones sobre las consecuencias que tendrá la ley para los colegios concertados y la enseñanza especial. No faltaron, naturalmente, alusiones a la religión y, por parte de Vox, también a la educación sexual. El PP se elevó a escarpadas cotas apocalípticas: la ley es “una pesadilla”, según el senador Pablo Ruz, y supone “una afrenta directa contra todo lo bueno que hemos construido como sociedad, contra todo lo bueno de una nación milenaria”.

Esos argumentos que los contrarios a la ley han agitado durante su tramitación parlamentaria y trasladado a protestas en la calle responden, según el socialista Txema Oleaga, al “principio Pinocho”. “Mentiras y más mentiras”, acusó Oleaga, quien esgrimió que fue un Gobierno de su partido el que creó la enseñanza concertada en España. Los socialistas, el resto de la izquierda y los nacionalistas también se afanaron en desmentir que se vaya a desmantelar la educación especial o que el castellano esté en peligro de desaparición en algún lugar. “La derecha agita cuatro amenazas fantasma: la concertada, la religión, el castellano y la educación especial”, resumió con ironía Fernández Rubiño.

Pero la ministra Isabel Celaá, que asistió el debate en la soledad del banco azul, también tuvo que escuchar críticas muy duras de grupos que habitualmente apoyan al Gobierno. El motivo, el rápido trámite del texto en el Senado ―que tenía de plazo hasta finales de febrero― y el rodillo con el que la mayoría derribó todas y cada una de las enmiendas. No solo las de los contrarios a la ley, sino de otros grupos que acabaron votando a favor o absteniéndose y que defendían cuestiones como ampliar la presencia de la ética, de la cultura clásica o de la filosofía en el currículo escolar. Si se hubiese aceptado alguna enmienda, el texto aún tendría que retornar al Congreso antes de entrar en vigor.

El Gobierno y sus aliados más estrechos ya habían hecho lo mismo el pasado martes, cuando cerraron el trámite de los Presupuestos del Estado para 2021 sin mover tampoco una coma. La indignación por esa actitud no fue cosa solo de la derecha. “Lo repruebo moral y políticamente”, denunció Joseba Martínez, de Geroa Bai, que, pese a todo, votó a favor. También lo hizo Carles Mulet, de Compromís, aunque después de dejar constancia de su protesta: “Para esto, mejor disuelvan el Senado y que los ciudadanos se ahorren nuestros sueldos”.