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Debate sobre la ‘ley Celaá’: La escuela inclusiva, ¿mito o realidad?

Este miércoles se aprueba en el Senado la octava ley de la democracia, la Lomloe. Varios expertos debaten sobre los efectos de los cambios en la educación especial

Vídeo: Saúl Ruiz / Luis Soto / Luis Almodóvar
Ana Torres Menárguez

La cuenta atrás para la aprobación de la nueva ley educativa, la Lomloe (la octava de la democracia) ya ha comenzado. Previsiblemente, el texto, que ya fue aprobado por mayoría absoluta en el Congreso, se aprobará definitivamente en el Senado este miércoles. Los cambios contemplados en la ley respecto a la educación especial han generado un clima de confrontación, especialmente entre los socios de Gobierno (PSOE y Podemos) y algunas plataformas de familias con hijos con discapacidad. El nuevo texto normativo contempla la intención del Gobierno de integrar en un periodo de 10 años al máximo número de alumnos con discapacidad en los centros ordinarios, de forma que los de educación especial queden reservados únicamente para los casos más graves.

En el curso 2018-2019, el 82,6% de los alumnos con discapacidad se matricularon en centros ordinarios; el 17,4% restante (37.499 alumnos) en centros especiales. La ONU rechaza la existencia de dos redes (ordinaria y especial) y aboga por un único modelo en el que todo tipo de alumnos convivan, pero frente a las pretensiones del Gobierno de avanzar en esa dirección, en la memoria económica de la llamada ley Celaá no se contempla ninguna partida económica para dotar a los centros ordinarios de más recursos y realizar de una forma ordenada el trasvase de niños de las escuelas especiales a las ordinarias.

España quiere dirigirse hacia el modelo portugués, donde en 2010 había 11.000 alumnos con discapacidad en centros especiales y hoy 500. En este vídeo, tres expertos exponen sus principales preocupaciones al respecto.

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Sobre la firma

Ana Torres Menárguez
Redactora de Juventud. Antes, pasó por las secciones de Educación y Tecnología y fue la responsable del espacio web Formación, sobre el ámbito universitario. Es ganadora del Premio de Periodismo Digital del Injuve (dependiente del Ministerio de Derechos Sociales). Fue redactora de la Agencia EFE y del periódico regional La Verdad.

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