Madrid planea más clases ‘online’ para septiembre pero sin más profesores

La reapertura de los colegios en septiembre está siendo un quebradero de cabeza para las autonomías. Entre los pocos consensos hubo uno claro desde el principio: harían lo posible para que los alumnos vuelvan a pisar las aulas. Faltaban por perfilar los flecos; en qué condiciones regresarían y con qué medios. Esta semana las comunidades se han lanzado a publicar sus protocolos de seguridad —Navarra ya lo hizo la anterior— y, de momento, convergen en otro punto: Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana prevén contratar nuevos docentes para dar mayor apoyo a los estudiantes, que con el confinamiento no han podido avanzar en los temarios y, en muchos casos, llegarán tocados psicológicamente. Madrid, en cambio, no contempla esa posibilidad en el primer escenario, el que se pondrá en marcha en septiembre, según el consejero de Educación, Enrique Ossorio, y lejos de hacer nuevos contratos solo prevé contar con la ayuda de voluntarios de ONG y de alumnos de Magisterio en prácticas, en caso de que los alumnos de primaria —solo los de 4º a 6º— necesiten un refuerzo. Si por razones sanitarias Madrid pasa al escenario número dos, el de la semi presencialidad, sí se contratarán 3.500 personas entre personal docente y administrativo.

“El año que viene tendremos una bajada del PIB entre el 9% y el 12%, el presupuesto va a ser terrible, no podemos hacer grandes gastos. Hay que tener mucho cuidado”, ha dicho este martes Ossorio durante la presentación del nuevo protocolo. A falta de que el resto de autonomías anuncien sus planes, las que lo han hecho hasta el momento han dejado caer que la contratación de los nuevos docentes se hará con cargo al fondo de 2.000 millones que el Gobierno destinará a las comunidades para el arranque del nuevo curso —un programa de ayudas a fondo perdido, que las regiones no tendrán que devolver—.

El Gobierno todavía no ha anunciado cómo se efectuará el reparto, pero lo más probable es que se haga en función del número de estudiantes en cada una de las autonomías. Cataluña anunció esta semana que invertirá 370 millones para contratar a 5.000 profesores; Andalucía comunicó un refuerzo de 6.300 docentes, dentro de un plan dotado con 600 millones; Valencia está a la espera de que los centros le comuniquen sus necesidades para calcular el número de profesores que deberá contratar, y Navarra tiene previsto incorporar a 300 en caso de pasar al nivel dos de riesgo sanitario como consecuencia de un rebrote de covid-19 en la zona.

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“Hace falta más profesorado, más espacio y más bajada de ratios. Si antes era una demanda educativa y pedagógica, ahora también es sanitaria”, ha advertido Pablo Gómez Perpinyà, portavoz de Más Madrid en la Asamblea. Para Isabel Galvín, responsable de Educación del sindicato CC OO, la propuesta educativa de Ossorio no tiene en cuenta la nueva normalidad, que requiere más inversión. “Ahora dice que va a recurrir a ayuda humanitaria. Eso es estar fuera de la realidad”, ha señalado.

Sobre los nuevos modelos de enseñanza, Ossorio sí ha ofrecido una alternativa más tecnológica que el resto de las regiones; aunque las clases de infantil y primaria se realizarán con grupos de 25 alumnos (los mismos que antes de la pandemia), los alumnos de 1º a 4º de la ESO recibirán varias asignaturas de forma online desde casa y los de bachillerato se unirán a un plan llamado Uno de cinco online, que significa que uno de los cinco días de la semana las clases se impartirán íntegramente de forma telemática y dentro de su horario habitual. Además, Madrid se acogerá al plan del Gobierno para la compra de dispositivos digitales —dotado con 260 millones para la distribución de 500.000 unidades, con el objetivo de cerrar la brecha digital— y proveerá con hasta 25.000 ordenadores a los alumnos y profesores.

En la reunión mantenida el pasado día 11 entre las autonomías y el ministerio para debatir sobre las medidas de seguridad para la vuelta al colegio, otro de los puntos calientes fue el número máximo de alumnos por aula. En un primer momento, la intención de la ministra Isabel Celaá fue que se creasen grupos de “convivencia estable” —las llamadas burbujas, en las que los estudiantes permanecen en grupos cerrados y no tienen que guardar distancia ni llevar mascarillas— de un máximo de 15 personas, tal y como recomendaban las asociaciones pediátricas. Más tarde, el Ejecutivo amplió a 20, para finalmente permitir que fuesen de 25 (la ratio máxima legal). Las autonomías, que tienen la competencia en la organización del curso, debían decidir en sus protocolos el tope de alumnos por aula y, hasta el momento, todas han coincidido en mantener las ratios actuales, de unos 25 alumnos en primaria, unos 30 en secundaria y unos 35 en bachillerato.

CC OO ha estimado que rebajar las ratios a la mitad para guardar la distancia entre los alumnos requeriría, solo en la red pública, la contratación de 165.000 profesores adicionales, con un coste de 5.151 millones de euros al año. Una cantidad que los Gobiernos autonómicos tacharon de inasumible.

Mientras en Madrid y Andalucía se mantendrán las ratios actuales, en Cataluña serán los equipos directivos de los centros quienes decidan el número máximo de alumnos por aula, siempre que se respeten los “grupos estables de convivencia”, que deberán “funcionar como una familia” y tener siempre los mismos profesores, un mínimo de dos en primaria y cinco en secundaria. De ese modo, no será necesario el uso de mascarillas. El Gobierno catalán no descarta un sistema de enseñanza híbrido, en el que se combinen, como en Madrid, clases presenciales y virtuales en los cursos superiores.

En Valencia, la consejería recomienda que esos grupos estables sean de 20 alumnos, pero, como en Cataluña, deja en manos de los centros la decisión final. Para los grupos que superen ese número, aconseja una asistencia a clase en días alternos, para que se pueda mantener la distancia interpersonal de 1,5 metros. Pero, de nuevo, la máxima es la autonomía de los centros para decidir.