El Gobierno permite a las comunidades ampliar a 25 alumnos los grupos que forman una ‘burbuja’

El Gobierno ha remitido a las comunidades autónomas una nueva guía con elementos de seguridad e higiene para la organización del próximo curso escolar. Se trata de unas “recomendaciones” porque, una vez que decayó el estado de alarma, los territorios han recuperado sus competencias en materia sanitaria (las educativas no las perdieron), a excepción de lo que contempla expresamente el decreto de nueva normalidad aprobado el 9 de junio por el Gobierno. La guía incluye una de las principales reclamaciones que los Ejecutivos autonómicos realizaron respecto a la primera propuesta que presentaron los ministerios de Sanidad y Educación. En concreto, permite que las autonomías eleven por encima de 20 el número máximo de alumnos que puede haber en un grupo de convivencia estable, las llamadas burbujas, en las que los estudiantes no tienen que guardar distancia social ni llevar mascarilla. Y amplía tal posibilidad a todos los cursos de infantil y primaria. En el primer documento elaborado por el Gobierno solo se contemplaba hasta cuarto de primaria.

De esta forma, las comunidades podrán hacer burbujas de hasta 25 alumnos como querían. Un número que coincide con la ratio máxima legal en infantil y primaria. La guía señala expresamente: “Las consejerías de Educación podrán flexibilizar el máximo del alumnado para los grupos de convivencia estable siempre que la autoridad sanitaria de salud pública de dicha comunidad autónoma así lo autorice”. Las burbujas son grupos cerrados en los que los alumnos de una clase interaccionan con normalidad entre ellos, pero no se mezclan con los de las demás clases a lo largo de la jornada lectiva en ningún espacio del centro. Se trata de una fórmula para reaccionar ante la aparición de un rebrote, aislando solo al grupo afectado sin necesidad de cerrar toda la escuela.

Los territorios consideran que se trata de una medida básica para poder garantizar la presencialidad el próximo curso. A algunos especialistas, como el pediatra y epidemiólogo Quique Bassat, les preocupa que el aumento haga que las burbujas no cumplan su objetivo. “El problema es que cuando la burbuja se hace muy grande, el riesgo de transmisión es mayor y el de controlar a sus componentes también es más difícil”, explicaba hace dos semanas en una entrevista con este periódico. Otros expertos, sin embargo, considera que la medida sigue teniendo valor incluso con 20 o 25 alumnos. Así lo cree la presidenta de la Asociación Española de Pediatría, María José Collado Mellado: “Es mucho mejor una burbuja, aunque sea de ese tamaño, a que haya menos alumnos y puedan interactuar con los de otros grupos”.

Cursos superiores

Para las etapas educativas superiores, la nueva guía mantiene lo contemplado en la anterior: “Los centros educativos calcularán la distancia entre puestos escolares y reorganizarán los espacios de forma que el alumnado cuente con una separación de al menos 1,5 metros entre personas”. Ello implica que, en teoría, una vez sentados en el aula, la distancia interpersonal entre los alumnos debería ser de 1,5 metros. Pero las comunidades han venido advirtiendo de que consideran tal previsión incompatible con un regreso presencial de todos los estudiantes en una gran parte de institutos, dado que la ratio máxima alcanza los 40 alumnos por clase en bachillerato en algunas autonomías (como Castilla-La Mancha) y el coste en contratación de nuevo profesorado y habilitación de espacios adicionales resultaría demasiado elevado.

La Federación de Enseñanza de CCOO calculó el mes pasado que una vuelta al colegio con suficientes garantías educativas y sanitarias requeriría una tercio más de plantilla (unos 165.000 profesores más) y una inversión de 7.385 millones de euros. De momento, el Gobierno central ha movilizado 2.000 millones extra para las comunidades y otros 260 millones para distribuir de 500.000 de ordenadores y tabletas entre los centros educativos.

En el acuerdo alcanzado entre las comunidades autónomas (salvo Madrid y Euskadi) y el Gobierno central en la Conferencia Sectorial de Educación del pasado 12 de junio, se pactó que las decisiones de organización del próximo curso serán adoptadas de acuerdo con lo que establezcan las autoridades sanitarias estatales y autonómicas, anticipando el papel muy relevante que las consejerías de Sanidad iban a tener a partir del momento en que decayera el estado de alarma.

Alternativas a los 1,5 metros

El acuerdo de la conferencia sectorial también incluyó, a petición de las comunidades, una referencia expresa a lo que establece el artículo 9 del decreto de nueva normalidad aprobado por el Gobierno que indica: “En cualquier caso, deberá asegurarse la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se mantenga una distancia de seguridad de, al menos, 1,5 metros. Cuando no sea posible mantener dicha distancia de seguridad, se observarán las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio”. La segunda parte del artículo permite así adoptar medidas alternativas a los 1,5 metros, como puede ser llevar mascarillas en clase, según la interpretación que han hecho las autonomías y que están incorporando a los planes de organización del próximo curso, todavía en fase de borrador, que están elaborando.

Unos planes que, al menos, en el caso de varias comunidades que ya han enviado sus borradores el Gobierno, también contemplan varios escenarios de reacción de colegios e institutos en función de la evolución de la epidemia y recogen un progresivo endurecimiento de las medidas de seguridad que irá en paralelo a un eventual agravamiento de la situación sanitaria.