Los comedores escolares y las rutas estarán garantizadas en septiembre

La vuelta a las aulas el próximo septiembre tendrá un denominador común en las diferentes autonomías: todas harán esfuerzos para que la educación sea presencial, para que los alumnos más vulnerables puedan hacer uso del comedor escolar y para asegurar las rutas de transporte que les facilitan la llegada al centro. Esos son los tres puntos más destacados del documento elaborado por el Ministerio de Educación que el jueves suscribieron todas las comunidades, a excepción de Madrid y el País Vasco. “La escuela es insustituible, es la mejor herramienta para la equidad. La educación a distancia genera brechas de desigualdad y no cubre la necesaria sociabilidad de los estudiantes”, ha apuntado la ministra Isabel Celaá.

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Tal y como se explica en uno de los 14 puntos del documento, las Administraciones autonómicas “adoptarán las medidas necesarias” para que los centros puedan ofrecer sus servicios complementarios habituales, especialmente los de transporte y comedor escolar, siempre cumpliendo las medidas de seguridad. Aunque las circunstancias sanitarias obliguen a hacer adaptaciones, “deberán prever” la continuidad de esos servicios. “El comedor es fundamental, los niños que se quedan presentan menos indicadores de obesidad”, señala Álvaro Ferrer, investigador de la ONG Save the Children, que recalca que, además, el hecho de que pasen más horas en el centro favorece que puedan asistir a actividades extraescolares. Según una investigación de la Fundación Jaume Bofill, el alumnado con menos recursos que participa en ese tipo de actividades puede ganar hasta dos meses y medio de progreso académico en un curso escolar.

Hasta ahora no estaba clara la apertura de los comedores el próximo curso y algunas autonomías estaban barajando hace unas semanas mantenerlos cerrados para aprovechar esos espacios como aulas.

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Además, otro de los compromisos es la puesta en marcha de programas de cooperación territorial —cofinanciados entre el ministerio y las autonomías— para ofrecer clases de refuerzo a los alumnos con más dificultades. Celaá ha hablado este jueves de una adaptación del llamado plan PROA, impulsado entre 2005 y 2012, para prestar apoyo a los alumnos con necesidades específicas. Las autonomías tendrán también que elaborar directrices para que los centros elaboren planes de seguimiento para atender durante el curso a los alumnos con problemas de aprendizaje o emocionales como consecuencia de los meses de confinamiento.

Sin embargo, finalmente se quedó fuera del acuerdo la apertura de los centros educativos durante el verano, una medida que el pasado abril solicitaron más de 40 organizaciones y exdirigentes políticos en una carta dirigida a la ministra para reducir la brecha entre los alumnos más aventajados y los más desfavorecidos. Según los cálculos de Jorge Sainz, catedrático de Economía y firmante de la misiva, el coste de un programa de refuerzo en julio podría ascender a 248 euros por alumno, unos 2.000 millones en caso de que lo solicitasen los 8,2 millones de alumnos afectados por el confinamiento (la misma cantidad que el Gobierno destinará a las autonomías para hacer frente a la reapertura de los centros en septiembre).

Otro de los programas de cooperación territorial estará destinado a la compra de equipamiento tecnológico tanto para los centros (dispositivos, redes inalámbricas o acceso a plataformas digitales) como para los estudiantes (mediante sistemas de entrega o préstamo). En España, mientras el 61% de los alumnos de las familias más aventajadas tienen tres o más ordenadores en casa, el 44% de las desaventajadas tienen solo uno y el 14% ninguno, según los datos del último Informe PISA de la OCDE.

Además, en el documento suscrito se contempla que se destinarán recursos para la formación del profesorado en competencias digitales. Mientras en Canadá, Estados Unidos y los países nórdicos, entre el 70% y el 80% de los directores de colegio aseguran que los docentes integran los dispositivos digitales en la enseñanza, en España solo lo afirman el 50%, según datos de la OCDE.

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