El impulso de la inmigración

Una de las claves del dinamismo que mantiene la economía española contra viento y marea reside en la incorporación de mano de obra extranjera, siendo este un factor favorable que, sin embargo, también pone de manifiesto las deficiencias de nuestro modelo productivo. Desde el primer trimestre de 2022, el número de ocupados originario de otros países o con doble nacionalidad se ha incrementado más de un 20%, casi 12 veces más que el crecimiento de la ocupación entre los españoles.

Incluso teniendo en cuenta la sobrerrepresentación de los trabajadores inmigrantes en sectores con niveles de productividad inferiores a la media, su contribución a la economía es innegable, aportando más de la mitad del avance del PIB registrado estos últimos dos años. Esta es además una estimación conservadora, basada en una extrapolación mecánica de la contribución del empleo a la economía, bajo la hipótesis de fungibilidad perfecta entre mano de obra autóctona y foránea. El supuesto es poco realista: en los sectores poco atractivos para los españoles o que se enfrentan a fenómenos de escasez, la actividad se sustenta en parte gracias a los no nacionales.

La inmigración obedece sobre todo a motivos laborales, como refleja la composición por edad, siendo la franja de entre 25 y 54 años la más representada. Por otra parte, la tasa de ocupación de la población de origen extranjero es prácticamente la misma que la española, a diferencia del déficit de empleo que padecen los inmigrantes en la mayoría de los países europeos. La brecha es particularmente pronunciada en Alemania, con una diferencia de tasa de ocupación entre población nacional y foránea superior a 11 puntos, y en Francia con casi 7 puntos. La importancia de América Latina como origen de la mayoría de inmigrantes contribuye a explicar la relativa facilidad de su integración en el mercado laboral.

Todo ello sirve también a frenar el envejecimiento poblacional, con efectos relevantes para el sistema de pensiones. La población extranjera cuenta con 5,6 ocupados por cada persona de más de 65 años (en Francia, país con una inmigración más arraigada, la ratio es solo de 3). En comparación, la población española registra 2 ocupados por cada persona mayor de 65 años. La relativa facilidad con que la población inmigrante encuentra un puesto de trabajo es coherente con un estudio reciente de la OCDE que evidencia un impacto favorable en la Hacienda pública para el caso de España: según estas estimaciones, los ingresos que aporta la incorporación de extranjeros en concepto de impuestos y cotizaciones sociales excederían el gasto que ocasionan, particularmente en la sanidad pública.

Frente al impacto inmediato, a todas luces positivo desde el punto de vista económico, la inmigración también exacerba algunos de los principales retos estructurales. El más visible es el desequilibrio en el mercado de la vivienda que se cierne como un cuello de botella sobre la economía española. La inmigración, por sí sola, también podría reforzar el sesgo “aditivo” de nuestro modelo productivo, basado en la incorporación de fuerza laboral barata relativamente al coste del capital, pudiendo por tanto actuar como un desincentivo a la inversión en equipamiento. Si bien la contratación de personal extranjero sirve para aliviar los problemas de escasez de mano de obra que han aparecido en algunos sectores, también hace menos urgente la mejora de las políticas de formación o la intermediación laboral. Tampoco soluciona la debilidad de la productividad, ya que la sobrecualificación de los trabajadores extranjeros es aún más acusada que para los autóctonos, redundando en una pérdida de capital productivo.

La paradoja es que la entrada de mano de obra extranjera está aportando dinamismo a la economía española, al tiempo que modera la sensación de urgencia para afrontar los grandes desafíos de inversión, paro estructural y productividad.

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