La recuperación en Venezuela es solo para unos pocos
Los ingresos petrolíferos y la liberalización de facto de la economía generan crecimiento, pero la desigualdad se perpetúa
Cuando has caído demasiado bajo, crecer al triple de velocidad que tus vecinos no basta. Y si no, que se lo pregunten a Venezuela. Según el informe que publicó en diciembre la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Venezuela crecería un 12% en 2022 y un 5% en 2023, más de tres veces el 3,7% y el 1,3% que el mismo organismo estimaba para el promedio regional. Sin embargo, las migraciones de venezolanos hacia esa región de menor crecimiento no cesaban, llegando a más de seis millones de personas en febrero de 2023.
Una parte de la explicación tiene que ver con el tamaño de la caída. Entre los años 2014 y 2020, y según las estimaciones de la consultora Ecoanalítica, Venezuela perdió del 75% al 80% de su PIB, porcentajes sin precedentes para un país en tiempos de paz. Es más fácil crecer a grandes velocidades cuando se parte de niveles muy bajos que cuando la economía se acerca a su capacidad máxima. En palabras de Alejandro Grisanti, de Ecoanalítica, “cuando algo cae de 100 a 20, que luego suba un 10% no significa tanto; solo has recuperado 2 puntos, o sea, que sigues estando 78 puntos por debajo del nivel anterior”.
Pero la parte más importante de la explicación tal vez sea el origen de una recuperación que ha afectado casi exclusivamente a la actividad importadora y comercial, sin solucionar los límites que pesan sobre la producción petrolera ni los problemas de falta de confianza que lastran a las manufacturas. Según José Morales Arilla, del Harvard Growth Lab, la tímida recuperación comenzó en 2021 con una serie de medidas que el Gobierno de Nicolás Maduro puso en marcha como respuesta a las sanciones de 2019 de la Administración de Trump.
“Hubo una liberalización de facto de la economía venezolana; no es que se cambiara el marco regulatorio de los controles de precios, sino que se dejó de aplicar”, dice el experto. “Las sanciones económicas contra personas afines al régimen estaban restringiendo el acceso a sus rentas y obligando a que esas rentas solo pudieran disfrutarse dentro del país, porque ya no podían salir”, añade.
La aparición de restaurantes de lujo, de tiendas de bolsos de Prada y de concesionarios de Ferrari en un país donde uno de cada tres niños presenta síntomas de malnutrición tiene mucho que ver con ese relajamiento en los controles de precios y de importación que, de carambola, dio posibilidades de mejora económica a una clase media que, en palabras de Morales Arilla, “se había convertido en 2019 en el principal componente de la oposición porque venía de años de empobrecimiento”. “Esas personas de la clase media que no estaban afectadas por las sanciones de EE UU de repente pudieron importar y vender a precios altos porque Venezuela dejó de exigir el cumplimiento del control de precios”, explica.
La retirada de los controles también ha significado la dolarización de la economía. Sumado al fuerte ajuste que el Gobierno puso en práctica de manera indirecta al retrasar la actualización de los salarios estatales, la divisa estadounidense como moneda de referencia permitió que Venezuela pasara de una hiperinflación de seis dígitos en 2018 a un encarecimiento en la cesta de la compra del 234% en 2022. Un horror en cualquier otro país que llegó como un alivio para los ciudadanos de Venezuela.
Pero el coste económico de la desigualdad generada con la liberalización y el desfase de los salarios públicos también es alto. De acuerdo con los datos de la consultora Anova Policy Research, en 2020 los ingresos del 20% más rico multiplicaban por 23 los ingresos del 20% más pobre. Un año después, ese multiplicador había pasado a ser de 46. Y eso sin contar con la desigualdad que provoca la falta de personal en hospitales, colegios y fuerzas de seguridad. “No tenemos datos, pero sí el conocimiento anecdótico de muchos que en el sector público están dando a sus subordinados libertad de horario para hacer otras cosas; la gente está tratando de buscarse la vida vendiendo pastelitos, cortando el pelo o en cualquier emprendimiento que lo meta en el mercado dolarizado”, dice Omar Zambrano, de Anova. “La contrapartida es que el sector público en gran medida ha dejado de existir, dejando sin absolutamente ninguna protección social a los más vulnerables”.
700.000 barriles
El regreso de los ingresos del sector petrolero, gracias al incremento de los precios, al mercado chino y a la ayuda prestada por Irán para evadir las sanciones, también contribuyó a la recuperación económica de 2022. Pero según Grisanti, el nivel actual de 700.000 barriles producidos por día (desde los 330.000 al que había caído tras las sanciones de EE UU) podría ser un máximo, teniendo en cuenta las condiciones en que se encuentra la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) tras décadas de desinversión (en tiempos de Hugo Chávez, el nivel de producción oscilaba en torno a los 3,5 millones de barriles por día).
En opinión de Grisanti, por más que EE UU haya otorgado permisos temporales a Chevron, Repsol y Eni para recuperar con petróleo parte de lo que Venezuela les debe, conseguir las inversiones que requiere PDVSA y el sector privado venezolano en general tiene varios obstáculos insalvables: las sanciones de EE UU sobre PDVSA, los 150.000 millones de dólares de deuda venezolana en cesación de pagos y el exceso de celo con que la banca internacional trata cualquier inversión que tenga como destino Venezuela.
Y es que, como dice Zambrano, para que la recuperación se extienda más allá de la actividad comercial importadora y alcance al sector manufacturero hace falta una confianza para inversiones de largo plazo que va a ser muy difícil de recuperar. Tanto como los 1.500 millones de dólares en oro venezolano que descansan en el Banco de Inglaterra, “sobre los que ya hay un fallo judicial adverso”. O como los activos de la refinería venezolana en suelo estadounidense Citgo, “que está en manos de sus acreedores”.
Menos imposible, dice Zambrano, es obtener el reconocimiento del Gobierno por el Fondo Monetario Internacional para acceder a unos 5.000 millones de dólares en derechos especiales de giro que le corresponden a Venezuela. “Si hay acuerdo en México [en las negociaciones entre Gobierno y oposición], es posible que el Gobierno consiga el acceso a ese dinero, creo que lo están discutiendo como parte del paquete”. En una economía como la venezolana, con un PIB estimado de entre 50.000 y 60.000 millones de dólares, según los datos de Zambrano, esos 5.000 millones podrían representar una diferencia importante. “Antes eso no era plata para Venezuela, pero con el tamaño que tiene su economía en este momento, ahora es un montón”.
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