Cataluña arranca un plan para salvar su industria de la automoción y liderar el coche eléctrico en España
Con peores datos que Madrid y Navarra, la Generalitat catalana se propone multiplicar por cinco la red de recarga y bonificar la compra de vehículos sin emisiones
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La Generalitat catalana quiere echar a rodar un plan para ponerle las pilas al sector del coche eléctrico y situar a Cataluña al frente de la transición para reducir la cuota de motores de combustión en España. Para hacerlo posible, se apuesta por un programa de impulso que prevé multiplicar por cinco la red de puntos de recarga en cinco años, de 9.000 a 45.000, electrificar el 90% de la flota de vehículos de la administración catalana y dar facilidades para que particulares y empresas se pasen al eléctrico.
El plan desvelado por el president Salvador Illa cuenta con poder movilizar 1.400 millones de euros de inversión público-privada y avanza por un doble carril: persigue darle un acelerón a un mercado que se considera “estancado”, a la vez que actúa como palanca para salvar la actividad del sector catalán de la automoción, que fabrica 480.000 unidades anuales y ocupa a 35.000 personas en más de 10.300 empresas. El de los coches es, por volumen de facturación, el tercer sector industrial más importante en Cataluña y de las plantas del grupo Seat en Barcelona sale el 20% de los vehículos que se fabrican en España.
Pese a que el mes de enero de 2025 arrancó con brío en las ventas, los coches eléctricos e híbridos enchufables representan una cuota de menos del 15% en el mercado español. El precio, los recelos con la autonomía de las baterías y las lagunas en la red de puntos de recarga aparecen como los tres motivos que frenan la electrificación del parque automovilístico. La vida útil de un vehículo está estimada en torno a los 14 años, lo que hace vaticinar que la transición será lenta y que por delante aún queda mucho tiempo de dominio del coche de humos en la carretera. ´
La realidad choca con el compromiso de la Unión Europea para reducir un 55% en 2030 las emisiones de gases relacionadas con el transporte. Anfac, la patronal española de fabricantes de automóviles y camiones recoge en un informe que las ventas de coches sin emisiones crecieron un exiguo 1,9% en 2024, con 115.932 unidades. Se resalta que es apenas un 41% de los objetivos que estaban fijados para el año pasado para cumplir con las exigencias del programa Objetivo 55 de la UE.
El gobierno catalán defiende que su programa de impulso está llamado a marcar un “punto de inflexión”. El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, define el proyecto como la herramienta que ha de facilitar “el acelerón que necesitan el sector y los usuarios” para transitar de forma decidida hacia la movilidad eléctrica. Sàmper subraya que, además, debe servir de factor tractor para la industria de la movilidad en sentido amplio: “Porque en este sector tenemos tradición, pero también innovación, y un dinamismo que atrae conocimiento, industria y genera puestos de trabajo de calidad.”
Para asumir el liderazgo, a Cataluña le queda camino por recorrer porque, según los índices de electromovilidad, presenta peores datos que Madrid y que Navarra. La clasificación que elabora Anfac tiene en cuenta qué cuota de penetración logra el vehículo eléctrico en cada comunidad y las dimensiones de la red de puntos de recarga de baterías. El informe detalla que “Navarra (+3,1), Cantabria (+2,9) y Castilla y León (+2,6) son las comunidades autónomas que más han crecido, mientras que Baleares es la única que registra una caída (-0,3 puntos)”. La situación es “mejorable”, admite el gobierno catalán, pero “no hay marcha atrás”, ha asegurado el president Illa.
“La normativa europea es el escenario en el que nos encontramos y el plan de impulso es la brújula que nos marca un camino decidido, de la mano del sector por una industria potente, limpia y al servicio de la gente”, razona Miquel Sàmper. El consejero pone énfasis en este último aspecto, y recoge las palabras de Illa durante la presentación del plan, cuando definió como elemento democratizador el vehículo eléctrico “para que no sea solo un lujo para unos pocos, sino una herramienta para la mayoría”.
La Generalitat invertirá 150 millones de euros en crear una red propia de cargadores de coches eléctricos, poniendo el foco en asegurar que nadie se queda en la cuneta y que habrá puntos de recarga también en aquellas zonas más alejadas de las grandes áreas urbanas. La idea es alcanzar los 45.000 surtidores eléctricos en un despliegue multianual. Ahí se reserva un papel protagonista a L’Energètica, la compañía eléctrica pública de Cataluña. Se avanza que el coste de cada punto de recarga oscila entre los 8.000 y 20.000 en los clasificados como de baja potencia, esto es unos 11 kW, y entre 50.000 y 70.000 euros los de alta potencia (150 kW).
También se fomentará la compra de eléctricos con una línea de préstamos bonificados para autónomos y empresas de más de 400 millones de euros, a cargo del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). En cuanto a la mejora de la percepción social, el gobierno de Illa invertirá hasta 20 millones entre “campañas comunicativas y mejoras en el sistema de gobernanza”.
“Tenemos que ir todos hacia la electrificación del país y esto no tiene camino de vuelta”, abunda Pol Gibert, secretario general del departamento de Empresa de la Generalitat. En el Govern no se esconde la voluntad de proyectar la imagen de que Cataluña es territorio amigo para la automoción. Seat tiene previsto empezar a producir vehículos eléctricos en Cataluña a partir de 2026, pero Wayne Griffiths, el presidente del grupo automovilístico, se ha encargado de airear su descontento por la falta de medidas para incentivar el vehículo eléctrico y el año pasado incluso dimitió de la presidencia de Anfac para mostrar su disgusto. Illa ha defendido que las empresas “están haciendo bien su trabajo”.
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