Las comunidades necesitarán 34.500 millones para financiarse en 2025

La deuda acumulada por las comunidades ha crecido de forma espectacular en los tres últimos lustros y requiere que cada año destinen un importe millonario a cubrirla. Los Gobiernos regionales precisarán unos 34.500 millones en su conjunto en 2025 para pagar los préstamos que se vencen y pedir otros para financiar su déficit, según las estimaciones de la consultora Afi (Analistas Financieros Internacionales). Cataluña, el territorio con mayor volumen de pasivo, el grueso de ello en manos del Estado, será el territorio que requerirá el mayor importe, por encima de los 8.000 millones, una cifra que supone más del 20% del total.

La inmensa mayoría de esta factura, según Afi unos 5.000 millones inferior a la de 2024 porque se han ampliado los plazos de carencia, se corresponde a vencimientos. “Está muy condicionada por el elevado endeudamiento de las comunidades y la estructura de su financiación. La vida media de su deuda es reducida, en torno a 5 años, frente a los 7,9 años del Estado”, explica César Cantalapiedra, socio director de Afi. Eso hace que los Ejecutivos autonómicos tengan que refinanciar cada año un volumen mayor de su pasivo, que en el tercer trimestre de 2024 alcanzaba en su conjunto los 333.177 millones de euros, cinco veces más que antes de la crisis financiera.

Fue justo a partir de 2008 cuando el pasivo autonómico empezó a crecer de forma descontrolada, año en el que la quiebra del coloso bancario estadounidense Lehman Brothers desencadenó un efecto dominó en el resto de economías avanzadas. En España, el terremoto se transmitió rápidamente a un mercado inmobiliario dopado, que acabó pinchando y se llevó por delante a miles de empleos y empresas. El desplome de la actividad provocó una caída en picado de la recaudación, y el déficit y la deuda se desbocaron.

El mercado empezó a exigir a países más rezagados unos sobrecostes gravosos para financiarse, que en algunos casos se convirtieron en inasequibles —véase Grecia y Portugal—. España no escapó de la tormenta y acabó pidiendo a Europa un millonario rescate de su sistema financiero; las comunidades, con las cuentas más que maltrechas tras la embestida de la crisis, empezaron a tener problemas para captar fondos. Fue así que, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha los llamados mecanismos extraordinarios de liquidez, préstamos baratos del Tesoro para cubrir las necesidades de los territorios más asfixiados. A través de esas estructuras, que siguen funcionando aunque hubieran tenido que desaparecer cuando la tempestad amainara, el Estado se endeuda en el mercado a cuenta de las comunidades.

Las autonomías pueden financiar a través de los mecanismos su deuda y déficit, las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a 2008 y 2009 que todavía pagan, así como el exceso de déficit del año previo, una partida que Hacienda aún no ha autorizado para este ejercicio, en el cual no hay objetivos de estabilidad para las comunidades, aunque se prevé que varias cierren en números rojos.

El resultado es que, a día de hoy, el Estado atesora el 60% de la deuda regional (208.638 millones), un lastre que el Gobierno ha decidido condonar parcialmente en virtud de un acuerdo alcanzado ERC para Cataluña y ampliable al resto de autonomías, incluso aquellas que solo acuden al mercado. Cataluña, de hecho, es el territorio que más debe al Estado, que atesora 77.053 millones de los 88.917 de su deuda total. Navarra y País Vasco, con un sistema de financiación distinto al resto de comunidades, son los únicos territorios que nunca usaron los préstamos del Tesoro.

“El tipo de interés implícito para las comunidades que se acogen a los mecanismos cayó mucho. Se sabe que el Estado está detrás de ellos y funcionan como una garantía pública”, explica Virginia Pou, economista de BBVA Research. Este centro calcula que las autonomías necesitarán en 2025 una cifra parecida al año pasado para financiarse, unos 40.000 millones. “Prevemos unas amortizaciones parecidas a las de 2024, aunque la situación es muy heterogénea”, agrega.

Según el centro de estudios Fedea, las comunidades se ahorraron más de 13.000 millones en intereses entre 2012 y 2022 gracias a estos préstamos baratos. “Pero en el momento de las subidas de tipos [en los últimos años se han incrementado para frenar la inflación] han tenido una mayor volatilidad en el gasto, porque tienen que refinanciar un mayor volumen de su deuda. A las que salen al mercado se les exige una prima de riesgo, pero en cambio su deuda tiene una vida más larga y por ello un coste financiero menos volátil”, matiza Cantalapiedra.

Salida a los mercados

Según las estimaciones de Afi, Cataluña es la comunidad que en 2025 tendrá las mayores necesidades de financiación bruta. Le sigue la Comunidad Valenciana, otro de los territorios que más ha hecho uso de las muletas del Tesoro y que menos dinero recibe de media por habitante del sistema de financiación autonómico —junto a Murcia—. De hecho, es el territorio más endeudado sobre su PIB, con una tasa de pasivo del 40,4%, según el Banco de España. Precisará algo más de 6.000 millones este año, según la consultora. Estas dos autonomías son las que más se han beneficiado de los mecanismos extraordinarios: acaparan cerca de la mitad de los 466.726 millones concedidos desde su puesta en marcha.

En tercer lugar en cuanto a necesidades de financiación está Andalucía, con cerca de 4.000 millones. En cuarta posición se encuentra Madrid, con algo más de 3.000 millones. Los menores importes son los de La Rioja, una comunidad pequeña con una deuda contenida —el 14,8% de su PIB—, Navarra, con la tasa de pasivo regional más baja de todos —un 10,7%—, y Cantabria.

En 2025 también habrá mucha heterogeneidad en el uso de los mecanismos extraordinarios, que están separados en dos compartimientos y que según los expertos deberían eliminarse, pues suponen un rescate encubierto. Por un lado está el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), dirigido a las comunidades con desajustes presupuestarios y al que en 2025 se acogerán hasta nueve territorios —Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Cataluña, Baleares, La Rioja y Cantabria—; por el otro está el Fondo de Facilidad Financiera (FFA), que se puede compaginar con los mercados y al que acudirá Andalucía. Galicia, Asturias, Castilla y León, Madrid, País Vasco, Navarra y Canarias se financiarán exclusivamente en los mercados.

“Los mecanismos extraordinarios se deben eliminar, porque el Estado no es un banquero y no sabe prestar dinero con eficiencia como los mercados. Pero no se les puedes desenchufar de golpe”, considera el catedrático de Economía Diego Martínez López, de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla. El riesgo es que las comunidades más endeudadas se enfrenten a primas prohibitivas. “Se podrían subir los tipos, endurecer los requisitos de acceso... y sobre todo reformar el sistema de financiación. Estaría bien condonar parte de la deuda, pero hay que tocar varias teclas a la vez”. Pou coincide con el diagnóstico y la solución: “Habría que librarse de los mecanismos, y lo ideal sería hacerlo dentro de una reforma del sistema de financiación”.