La brecha entre la comunidad mejor financiada y la peor lleva dos décadas sin reducirse

Los complejos engranajes que conforman el sistema de financiación autonómico, un asunto que en los últimos meses ha ganado un espacio protagónico en el debate político, llevan dos décadas impidiendo que se recorte la brecha entre la comunidad mejor tratada y la peor. Si en 2002 había una distancia de 23,7 puntos entre La Rioja y la Comunidad Valenciana (equivalente a unos 400 euros), entonces los territorios mejor y peor financiados, respectivamente, en 2022 el boquete era de 26,7 puntos (unos 900 euros), esta vez entre La Rioja, una vez más la que recibe más recursos, y Murcia, que ha bajado a la última posición. Esta última autonomía, junto a la Comunidad Valenciana, siempre ha recibido flujos por debajo de la media en los 20 años analizados en el informe Actualización de las series de financiación homogénea de las Comunidades Autónomas, publicado este jueves por el centro de estudios Fedea. Otras, como Baleares, han mejorado su posición de forma vertiginosa.

Durante estos 20 años que analiza el informe, hubo un cambio del modelo de financiación, en 2009, que ha implicado una mayor cesión de tributos a las comunidades y ajustes en el sistema. Pero también se produjo una crisis financiera sin precedentes, que ha frenado en seco el crecimiento, ha evidenciado las vulnerabilidades de la economía española y ha gripado el proceso de convergencia entre territorios. Después, una emergencia sanitaria mundial volvió a poner de rodillas la actividad, que apenas ha logrado recobrar el terreno perdido.

“Puesto que la mayor parte de los ingresos de las comunidades autónomas proviene de los tributos cedidos a las mismas, la evolución de la financiación depende en buena parte de la evolución de las rentas regionales. El sistema reduce mucho la desigualdad en financiación [con respecto a la que habría sin él], pero no hay nada en él que fuerce necesariamente la convergencia en el tiempo en los niveles de financiación. Si las rentas regionales divergen con un sistema constante, también lo harán los niveles de financiación, aunque menos que si no hubiera sistema, porque este redirige una parte del crecimiento hacia otras regiones” puntualiza Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) y autor del informe.

Según los últimos datos disponibles, relativos a 2022, hay cuatro comunidades que reciben recursos por debajo de la media: Murcia, Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha. No ha sido siempre así, al menos para las dos últimas comunidades mencionadas. El índice de financiación por habitante ajustado que calcula De la Fuente estuvo algunos años cerca de la media en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha, antes del cambio de modelo negociado en 2009. Muy por encima se sitúan La Rioja y Cantabria a lo largo de toda la serie —si la media es 100, sus índices nunca han bajado del 110—.

Los grandes motores económicos del país, la Comunidad de Madrid y Cataluña —el estudio no hace referencia a País Vasco y Navarra, ya que cuentan con un sistema distinto—, han estado siempre en torno a la media, y sus índices durante los últimos 20 años han mejorado ligeramente, un 0,8% y un 1,3%, respectivamente, hasta situarse en 2022 en el 100 y el 100,9. Estos datos contrastan con el discurso de los partidos independentistas catalanes, que exigen una financiación singular justificando que su territorio está infrafinanciado, una petición que la mayoría de las comunidades y la oposición rechazan frontalmente y que está teniendo un efecto mariposa en otras negociaciones políticas.

Baleares, la tercera comunidad mejor financiada, es el territorio que ha experimentado la mejor evolución: se benefició más que las demás de la reforma del modelo de 2009, y pasó de estar infrafinanciada a ser una de las autonomías mejor tratadas, con un incremento de su índice de financiación del 23% desde 2002, hasta los 115,2 puntos. Otros incrementos notables los han registrado Extremadura (+6%) y Canarias (+5,6%).

Las cuatro comunidades infrafinanciadas, en cambio, son las únicas que han experimentado en estos años un retroceso en su índice de financiación, el mayor del 4,4% en el caso de Murcia. Su índice por habitante ajustado, es decir teniendo en cuenta las características demográficas de la población —envejecimiento, personas en edad escolar, etcétera—, estaba casi 10 puntos por debajo de la media en 2022 (90,8, frente a los 95,2 de 2002). El mismo año, el índice de la Comunidad Valenciana era de 91,8 puntos; 94,6 en el caso de Andalucía y 94,9 en Castilla-La Mancha.

“En el año 2002, algunas regiones disfrutaban de una financiación por habitante ajustado superior en casi veinte puntos al promedio, mientras que la comunidad peor tratada se situaba casi diez puntos por debajo de esta referencia. En 2022 la situación era muy similar en términos del techo y el suelo del sistema”, resume el informe de Fedea, organismo patrocinado por grandes empresas y del cual es patrono el Banco de España.

Redistribución

El sistema de financiación actual, pendiente de una reforma desde hace 10 años, funciona a través de un complejo esquema de fondos. El más importante es el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que funciona como una cesta común donde acaba el 75% de lo que las comunidades recaudan en determinados impuestos —el 50% de IRPF, el 50% del IVA y el 58% de impuestos especiales, además de los impuestos cedidos— y otras aportaciones estatales. Estos recursos, en línea con el crecimiento de la economía y la recaudación, se han duplicado en los últimos años, pasando de los 70.000 a los 149.000 millones a competencias homogéneas (incluyendo solo los recursos destinados a financiar un conjunto de competencias común a todas las comunidades), de acuerdo con el informe.

Esa cesta común se reparte entre los territorios en función de su población ajustada, para que puedan garantizar un nivel parecido de servicios públicos independientemente de su nivel de renta —por ello, las autonomías con más músculo económico (Madrid, Cataluña y Baleares) son aportadores netas al sistema—. Pero después entran en funcionamiento otros fondos que, en opinión de los expertos, añaden complejidad al sistema y distorsionan la distribución. “Si solo se dejara el Fondo de Garantía y la aportación subiera del 75% al 80%, por ejemplo, se reducirían las diferencias de financiación y se lograría un sistema más redistributivo”, observa de la Fuente.