La incertidumbre presupuestaria deja en el aire 23.000 millones de financiación para las comunidades

Las comunidades autónomas recibirán más de 147.000 millones de euros el próximo año por las entregas a cuenta del sistema de financiación, unos anticipos que suponen la mayor parte de sus recursos económicos y que les permiten sufragar los servicios públicos en los que tienen competencias. La cifra general, avanzada a finales de julio por la vicepresidenta primera y titular de Hacienda, María Jesús Montero, supone un crecimiento del 9,5% anual y es la más elevada de la historia. A partir de aquí, la información recabada por este periódico muestra que todos los territorios verán un incremento de sus recursos en una horquilla que se mueve entre el aumento del 6,8% de Cantabria y el del 10,1% de Cataluña y Comunidad Valenciana. Sin embargo, en tiempos en los que tanto se habla de financiación, la gran duda que revolotea sobre las regiones es si recibirán a tiempo ese extra, de 23.000 millones en conjunto, o si habrá retrasos que puedan desajustar sus arcas. Para responder a esta pregunta hay que mirar hacia los complejos engranajes del sistema de financiación y las claves que mueven la política nacional.

El Gobierno de coalición está trabajando contra reloj para presentar en el Congreso antes del 30 de septiembre su proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, un proceso sumido en las dudas por la ajustada aritmética parlamentaria y cuyo desenlace es todavía imprevisible. Muchos ministros reconocen en encuentros privados que será difícil que estas cuentas vean la luz. De no prosperar, la falta de nuevos presupuestos para la Administración Central podría ocasionar un efecto mariposa en las finanzas de las comunidades a través de estos recursos del sistema de financiación que los territorios reciben cada año por adelantado y que les sirven para armar sus números. La razón es simple: la actualización de estos importes suele estar vinculada a los PGE, por lo que una nueva prórroga podría retrasar la llegada de las mejoras y recursos adicionales. En las últimas cuentas vigentes, de 2023, los anticipos llegaron a los 124.200 millones. El diferencial hasta los 147.300 millones ahora previstos es el que quedaría en el aire hasta que Hacienda volviese a desbloquearlo vía decreto, como ya ha hecho este año.

Las entregas a cuenta son un mecanismo que permite a las 15 comunidades autónomas de régimen común (todas, salvo Navarra y País Vasco) recibir anticipadamente parte de los fondos que les corresponden por el sistema de financiación. El artículo 11 de la Ley 22/2009, por la que se regula este esquema, establece que los importes se calculan a partir de los recursos tributarios que se estima que se ingresarán a lo largo del ejercicio en cada región en concepto de IRPF (la tarifa autonómica), además del IVA y los impuestos especiales. De esta manera, el Estado hace un cálculo de lo que va a tener que transferir a las comunidades y va liberando estos fondos a lo largo del año, normalmente con un pago que se produce cada 15 días.

Eso es lo que explica que en unos territorios las entregas previstas crezcan más que en otros. Según detalla Diego Martínez López, catedrático de Economía en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla e investigador en Fedea, el cálculo está ligado a los cambios vinculados al ejercicio de la capacidad normativa de las autonomías en el impuesto sobre la renta, la principal figura impositiva de España. Es decir, cuando los gobiernos autonómicos deciden rebajar el tramo del IRPF en el que tienen competencia, las previsiones de entregas a cuenta se ajustan en consecuencia. En 2025, las mayores cantidades se registrarán en Cataluña (28.200 millones), Andalucía (27.50 millones) y Madrid (20.500 millones). Las menores, sin contar con Ceuta y Melilla, se anotarán en La Rioja, Cantabria y Baleares (con cifras que oscilarán entre los 1.300 y los 3.000 millones, aproximadamente).

Al esquema final también se suman las liquidaciones del último ejercicio finiquitado, un proceso que en España se demora durante dos años. En este caso, se hacen cuentas entre las partes y si la diferencia entre el importe liquidado y el entregado a cuenta es a favor de las comunidades, el Estado les hace una nueva aportación. Si es al revés, las comunidades devuelven el importe que han obtenido de más. La liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación inicial (las entregas a cuenta) y los ingresos reales cuando finaliza el ejercicio contable, alcanzará en 2025 los 11.692 millones de euros debido a la buena marcha de la recaudación tributaria, una cifra que se sumará a los 147.000 millones y que dejará un saldo neto favorable para los territorios de 158.167 millones. En regiones como Madrid, por ejemplo, la liquidación positiva sumará otros 794,6 millones adicionales. Al otro lado, otras como Aragón perderán 87 millones en el saldo final, según denuncian desde Zaragoza.

El problema en estos momentos de incertidumbre política es que la cuantía que anticipa el Estado se calcula utilizando “las previsiones existentes a la fecha de elaboración por el Gobierno del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado del ejercicio que corresponda”, según marca la ley. Por eso, si las cuentas públicas no ven la luz en el año 2025 y hay que volver a prorrogar las de 2023, las comunidades autónomas podrían recibir más tarde de lo previsto todos estos recursos extra, lo que redundaría en tensiones de tesorería. Cabe recordar que los anticipos son el pilar fundamental de los presupuestos territoriales y que representan el grueso de los recursos de los que disponen los gobiernos regionales para sufragar los servicios en los que tienen competencia, tales como sanidad y educación.

Este retraso, de hecho, ya se produjo a lo largo de este ejercicio, lo que desató una ola de críticas por parte de los gobiernos regionales, mayoritariamente en manos del PP, hacia Hacienda. Cuando el Gobierno renunció a los Presupuestos de 2024, viéndose obligado a prorrogar los de 2023, dejó en barbecho la actualización de las entregas a cuenta —previstas entonces en 134.500 millones— durante medio año, hasta que en junio desbloqueó el proceso vía decreto.

Pese a todo, el Ejecutivo insiste en que “no hay precedentes de un Gobierno central que haya prestado tanto apoyo a los entes territoriales”. Según los cálculos de Hacienda, desde que gobierna Pedro Sánchez las comunidades autónomas han recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años últimos del Gobierno del Partido Popular. A ello se le suman otras medidas impulsadas por Hacienda en beneficio de los territorios como la decisión de mantener inalterables las entregas a cuenta durante la pandemia, asumiendo además las liquidaciones negativas que se generaron como consecuencia de la caída de la recaudación tributaria durante la crisis económica.