El Consejo de Ministros vuelve a aprobar la senda fiscal que le tumbaron PP y Junts

El Gobierno quiere presentar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado al Congreso de los Diputados antes del 30 de septiembre y este martes ha vuelto manos a la obra para intentar lograrlo. El Consejo de Ministros ha aprobado la senda fiscal que fija los objetivos de déficit y deuda para el conjunto de las Administraciones públicas, además del límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto. Es un trámite necesario para poder diseñar las cuentas públicas de 2025 y el enésimo intento por parte del Ejecutivo de sacarlo adelante, después de que haya sido tumbado en varias ocasiones tanto por la oposición como por Junts, uno de sus potenciales socios que sí apoyó la investidura de Pedro Sánchez.

Los objetivos por los que apuesta el Gobierno son los mismos que ya fueron rechazados en la Cámara alta y en la Cámara baja por los populares y por el partido de Carles Puigdemont, respectivamente. Establecen que el déficit —la diferencia entre ingresos y gastos— del conjunto del sector público no pueda superar el 2,5% del PIB el próximo ejercicio (frente al 3% este año), el 2,1% en 2026 y el 1,8% en 2027. El reparto para 2025 es el siguiente: un 2,2% de desequilibrio para el Estado, un 0,1% para las comunidades autónomas y un 0% (equilibrio presupuestario) para las corporaciones locales. Bajo este esquema, la Seguridad Social tendría que registrar un déficit de dos décimas. En 2026 y 2027, todos los subsectores mantendrían estas referencias salvo la Administración central, que tendría que ir mejorándolas. La deuda pública, por su parte, se reduciría al 103,6% del PIB en 2025 para situarse por debajo del 100% al final del periodo de referencia.

El problema para el Gobierno es que no tiene asegurados los apoyos necesarios a esta senda, por lo que si el proceso de tramitación vuelve a quedar en saco roto en el Congreso, el Ejecutivo tendría dos opciones: o renunciar a su propósito y prorrogar las cuentas de 2023 un año más o hacer uso de un informe de la Abogacía del Estado que, según su versión, permitiría imponer la senda anterior, más estricta con comunidades y ayuntamientos. El Gobierno insiste en qué hará lo segundo y que presentará el proyecto de Presupuestos en las Cortes, aunque sin seguridad de conseguir luz verde ante una aritmética parlamentaria ajustada y cada vez más tensionada por las presiones de los independentistas catalanes.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido al PP “y otros grupos”, en clara alusión a Junts, que presentará el proyecto de cuentas públicas aunque el Congreso tumbe la senda para el periodo 2025-2027. La número dos del Gobierno y del PSOE ha eludido toda mención al partido de Carles Puigdemont, de quien depende la mayoría de la investidura, y ha responsabilizado al PP, que preside 11 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla además de una treintena de capitales de provincia, de las consecuencias que tendría un nuevo voto negativo de la senda de estabilidad en las Cortes. “Si el PP vota en contra, pensando que afecta a los Presupuestos, les digo que desistan de esa idea. El Gobierno va a presentar los Presupuestos de 2025 ya sea con la senda aprobada hoy o con la senda que estaría vigente”, ha recalcado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Es inútil que el PP piense que no se van a presentar los Presupuestos porque del mismo modo no se podrían presentar por parte de las comunidades”.

La única pregunta que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo tiene que responder, ha añadido la titular de Hacienda, es si quiere obligar a estos subsectores a realizar un ajuste presupuestario en dos años de 11.550 millones o si les permite mayor capacidad de gasto. Según sus cálculos, si la senda propuesta no ve luz verde y entran en vigor los objetivos vigentes, las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarían, respectivamente, con 6.600 millones y 4.950 millones de euros menos de margen fiscal para los dos próximos ejercicios. Es decir, un sobreesfuerzo de 11.550 millones que dejarían de destinarse a servicios como la sanidad o la educación, ha apuntado Montero. “No tiene sentido que el PP rechace una senda que beneficia claramente a los territorios donde ellos gobiernan”.

En diciembre del año pasado, con varios meses de retraso debido a las elecciones del 23-J y las dificultades para formar Gobierno, Hacienda inició el proceso para aprobar las cuentas de 2024 con los mismos objetivos para los subsectores de la Administración por los que ha apostado este martes. Este plan pasó el trámite del Congreso, pero fue tumbado después en el Senado gracias a la mayoría que ostenta el Partido Popular, por lo que el proceso quedó en punto muerto. Para intentar salvar los muebles, el Gobierno sacó a la luz un controvertido informe de la Abogacía del Estado que le permitiría imponer la senda de estabilidad previa en caso de bloqueo parlamentario y así despejar el camino, pero el clima político con la negociación de la amnistía en Cataluña llevó al Ejecutivo a renunciar a unos Presupuestos para 2024.

Meses después el Gobierno coló en la Ley de Paridad una enmienda que eliminaba la capacidad de veto del Senado y que permitiría que la senda planteada entrara en vigor con la mayoría simple del Congreso, a priori asegurada por los socios de la investidura. Sin embargo, el pulso entre el PSOE y Junts fue cogiendo fuerza tras los resultados de las elecciones catalanas y, el pasado julio, el partido de Puigdemont bloquearon —junto a PP y Vox— los objetivos de déficit, esta vez en la Cámara baja. Así, el Gobierno se encontró con un nuevo rechazo.