Cómo una empresa puede esquivar el concurso de acreedores tras crisis como la dana

Las inundaciones ocasionadas por la dana han puesto en riesgo la viabilidad de muchas empresas. Para ellas, los planes de reestructuración (PdR) son una alternativa para evitar el concurso de acreedores y salvar el negocio, en caso de que se enfrenten en un futuro a una situación de insolvencia. Ante este escenario, el Consejo General de Economistas y la CEOE han presentado este martes una guía con casi 100 preguntas y respuestas para entender qué es un plan de reestructuración, cómo funciona, y qué se necesita para implementarlo. Desde que se reguló este mecanismo, en septiembre de 2022, su uso ha sido limitado pese a que los expertos creen que “podría ser de gran utilidad para garantizar la supervivencia de muchas empresas, entre ellas las más de 72.000 afectadas por la dana”.

• ¿Qué es un plan de reestructuración? Es una herramienta preconcursal destinada a corregir los problemas operativos y financieros de una empresa. Su propósito es evitar el concurso de acreedores y permitir que el negocio continúe. Este plan puede modificar la estructura del activo, el pasivo o los fondos propios, logrando así que la empresa sea nuevamente viable.
• ¿Qué permite hacer? El plan de reestructuración da margen para renegociar deudas y modificar aspectos como el capital o el vencimiento de los créditos. Puede incluir cambios en la composición de activos ―como venta de propiedades o reducción de inventario―, vender partes del negocio y negociar las condiciones de la deuda para aliviar la carga financiera.
• ¿Qué empresas pueden acogerse? Cualquier negocio que se encuentre en situación de insolvencia actual o previsible, es decir, que se anticipa que no podrá pagar sus obligaciones en el corto o medio plazo, puede considerar un plan de reestructuración. Esto incluye empresas de cualquier tamaño: pequeñas, medianas y grandes. No hay restricciones específicas para sectores industriales o comerciales, por lo que abarca el sector servicios, industria, agrícola, y tecnológicas. Sin embargo, la inclusión de ciertos créditos públicos, como impuestos o seguridad social, está limitada. Solo se pueden renegociar estos créditos si tienen menos de dos años y la empresa ha cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social hasta el momento de iniciar el plan. También se pueden incluir los créditos privados ―deudas con proveedores o bancos—.
• ¿Cómo se presenta un plan de reestructuración? Se presenta mediante un proceso judicial por el cual se da validez oficial al plan, haciéndolo obligatorio para todos los acreedores afectados. A esto se le conoce como homologación. Este paso es importante porque asegura que los términos del plan, una vez aprobados por el juez, deban ser cumplidos por todos los acreedores, incluso por aquellos que no estuvieron de acuerdo o no participaron en la negociación. La homologación es el último paso para que el plan entre en vigor con plena seguridad jurídica. Para la formalización se debe escribir un documento ante notario y debe incluir una certificación emitida por un auditor o experto responsable de que se han cumplido las mayorías necesarias.
• ¿Cuáles son los requisitos? Para ser homologado debe contener lo siguiente: identificación completa del deudor (la empresa), descripción detallada de la situación económica (problemas que enfrenta y condición de los trabajadores) e inventario de los activos y pasivos de la empresa en el momento de crear el plan. También, una lista de los acreedores afectados especificando el importe y tipo de cada crédito, descripción de los créditos públicos y privados incluidos y medidas de reestructuración operativa y financiera ―cambios en la estructura o composición de activos, venta de unidades productivas o activos y ajustes en la deuda―. Además, deben incluirse otras cuestiones técnicas como las proyecciones de flujos de caja a corto y mediano plazo para demostrar la viabilidad financiera de la empresa bajo el plan, el impacto en los empleados y medidas laborales y los compromisos que deben cumplirse para que la reestructuración sea efectiva.
• ¿Qué tipos de créditos pueden incluirse? Se contemplan casi todos los tipos de créditos, pero los públicos, como los que otorga el Instituto de Crédito Oficial (ICO) tienen restricciones. Los laborales, excepto los de personal de alta dirección, también suelen estar excluidos.
• ¿Qué es un experto en reestructuración y cuándo se nombra? Es un profesional independiente que asiste en la negociación y supervisa la implementación del plan, asegurando su viabilidad y el cumplimiento de los derechos de los acreedores. Puede ser por decisión de las partes implicadas, a solicitud del deudor o de acreedores que representen más del 50% de la deuda que podría verse afectada por el plan. Segundo, un juez puede nombrarlo si el deudor pide la suspensión de ejecuciones o una prórroga, y el juez considera que es necesario para proteger a los acreedores afectados, o también si lo solicitan acreedores que representen más del 35% del pasivo afectado. Por último, el nombramiento es obligatorio si se busca la homologación judicial de un plan que no ha sido acordado por todas las partes o que afecta a socios que no han votado a favor.
• ¿Qué es un deudor Pyme? Tiene menos de 50 empleados, su volumen de negocio anual o su balance general anual es inferior a 10 millones de euros y no pertenece a un grupo empresarial que esté obligado a consolidar sus cuentas.
• ¿Y una microempresa? Tiene una media de menos de 10 empleados durante el año anterior a la solicitud. Esto se calcula considerando que las horas de trabajo del conjunto de la plantilla no superen las que corresponderían a menos de diez empleados a tiempo completo. Su volumen de negocio anual es inferior a 700.000 euros y su patrimonio total es menor a 350.000 euros, según las últimas cuentas del año anterior a la solicitud.
• ¿Qué debe hacer una empresa si no logra acuerdo en la negociación? Si no se alcanza un consenso entre las partes, la empresa deberá considerar iniciar un proceso de concurso de acreedores, en el plazo máximo de cuatro meses desde la apertura de la negociación.