Las pymes crean un frente contra el Gobierno por la reducción de jornada

La reducción de la jornada laboral por ley que impulsa el Ministerio de Trabajo, y cuya mesa de negociación volverá a reunirse el próximo lunes, tiene a las pequeñas y medianas empresas en pie de guerra. Alegan que al disponer de menos recursos técnicos y humanos, reducir el tiempo de trabajo de sus empleados —sin recorte de salario— supone un ataque a la supervivencia de la mayoría de ellas, y, en consecuencia, a más del 90% del tejido empresarial del país al que representan. Los reproches entre el Gobierno y las organizaciones que defienden al grueso de los empresarios han alcanzado un tono bronco, y que no acostumbran a emplear las pymes, tradicionalmente menos volcánicas que sus hermanos mayores de CEOE. A pesar de que la tensión entre las partes se ha rebajado tras los últimos encuentros, las posturas siguen enconadas, y nada hace presagiar que el acuerdo esté cerca de consumarse en septiembre, como pretende el Ministerio de Trabajo.

“Consideramos que esta medida es totalmente necesaria, pero insuficiente”, reconoce José María Torres, presidente de la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes). “Si bien la reducción de la jornada laboral puede ser una propuesta vestida de buenas intenciones, las consecuencias nefastas que puede tener para las pymes, para nuestra economía y la generación de empleo, si se hace mal, pueden ser muy importantes”, añade.

A pesar de que esta asociación tiene una pésima relación con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), con Cepyme —integrada en su estructura—, y con Pimec, a cuenta de la representatividad que cada una de ellas se atribuye a sí misma, los argumentos que emplean todas ellas en contra de la reducción de la jornada han hecho que, por primera vez, vayan de la mano y en la misma dirección.

“Si bien muchos convenios vigentes establecen horarios equivalentes a 37,5 horas, y la media de horas trabajadas en España es de 37,8 horas mensuales, hay que tener en cuenta que estos acuerdos afectan mayoritariamente a grandes empresas y administraciones públicas, y que las pymes y las micropymes son las que tienen menos margen financiero y capacidad de invertir en contratación de nuevo personal”, detalla Torres. “Las pymes no podrán absorber los incrementos de costes que esta medida significa, a diferencia de las grandes empresas, y deberán repercutirlos sobre los precios aplicados a sus clientes. Esto supondrá una merma de competitividad que afectará a la lucha desigual entre pymes y grandes empresas, como venimos denunciado, por ejemplo, en los plazos de pagos, o en nuestra poca participación en la compra pública”, añade.

El líder de la CEOE, Antonio Garamendi, que equiparó el recorte que plantea Trabajo —de las 40 horas semanales actuales a 38,5 en 2024 y a 37,5 en 2025— con “regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año”, también ha alertado de que “habrá muchos convenios que se paralicen” si se lleva a cabo este ajuste.

“Esto no debería plantearse como un enfrentamiento entre trabajadores y empresarios, porque no hay un problema actualmente en la sociedad en este sentido”, replica Antoni Cañete, presidente de Pimec, la patronal de pymes en Cataluña. “Lo que no puede ser es un café para todos. Se tienen que tener en cuenta los sectores y sus dimensiones. Se ha de legislar pensando en los pequeños para hacernos grandes, no en que cerremos negocios”, reclama Cañete. “Si mejoramos el absentismo, la productividad, la fiscalidad para las pequeñas y medianas empresas... No hay ningún problema en que podamos hablar de en qué condiciones se pueden tener las jornadas laborales e incluso salariales”, remacha.

En un discurso reciente, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme —única organización que participa en el diálogo social en nombre de las pequeñas y medianas empresas—, acusó al Gobierno de estar llevando a cabo un ataque contra los empresarios; y al Ministerio de Trabajo de tratar de imponer “sus trasnochadas tesis de control público de los medios de producción y de planificación económica”. “La reducción de la jornada es solo el último ejemplo de cómo el Ejecutivo actúa de manera unilateral, sin evaluar sus medidas y perjudicando a la empresa. Lo cierto es que está demostrándose que hay poco espacio para la empresa privada ante un Gobierno que adopta tesis comunistas”, añadió Cuerva. Unas calificaciones nada habituales en el líder de la principal patronal de las pymes, que evidencian su verdadero malestar, y que sorprendieron incluso a Garamendi. “Yo entiendo que la gente esté enfadada, preocupada, agobiada. Yo suelo utilizar otras palabras”, reconoció en una entrevista reciente en EL PAÍS.

Representatividad

Al margen de los temores compartidos acerca de una previsible caída de la productividad y la consiguiente dificultad para mantenerse a flote, las organizaciones representativas de las pequeñas y medianas empresas apenas tienen trato entre sí. CEOE y Cepyme —que han rechazado participar en este reportaje—, niegan cualquier representatividad a Pimec y Conpymes —”No representan a nadie. Es política de amiguetes. Conpymes no es nada. Ya está. Si quieren hablar con los empresarios que vengan a esta casa”, indicó Garamendi—, al tiempo que las otras dos organizaciones consideran que el organismo que dirige Cuerva no defiende adecuadamente los intereses de las pequeñas y medianas.

“No tenemos voz propia en el diálogo social”, denuncia Cañete, cuya organización alcanzó en 2019 un acuerdo con Fomento del Trabajo, la patronal catalana integrada en CEOE, después de 12 años de conflicto, para repartirse a partes iguales la representatividad de las empresas catalanas. “La negociación se está haciendo a nivel de cúpulas, y por mucho que uno quiera hacer de poli bueno y el otro de poli malo, la realidad es que hay una connivencia entre lo que dicen CEOE y Cepyme”, añade.

“CEOE tiene el monopolio de la representatividad desde hace más de 47 años, y Cepyme no deja de ser un apéndice a su dictado”, secunda Torres. “La CEOE actúa al servicio de las grandes empresas y cada vez más parece una patronal política que está al servicio de un partido político y con utilización de puertas giratorias desde hace años. En el ámbito de las pymes, el problema real es que las mismas no están representadas de forma independiente”, añade. “Somos una excepción europea y los distintos gobiernos han mirado hacia otro lado, por eso nos hemos visto obligados a presentar una demanda en la Audiencia Nacional pidiendo que se proceda a regular la representatividad de forma democrática. La CEOE siempre está en contra de cualquier medida que suponga beneficiar a las pymes y a los trabajadores, mientras sus directivos disfrutan de sueldos millonarios que pagamos entre todos los españoles”, abunda.

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