Conpymes recurre a la justicia para ser reconocida como representante de la pequeña y mediana empresa

La Confederación Nacional de Pymes (Conpymes) va a presentar este jueves un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional para ser reconocida como organización representativa de las pequeñas y medianas empresas, condición que le ha negado recurrentemente el Ministerio de Trabajo, y que ha impedido su equiparación con el resto de agentes sociales. Hasta el momento es Cepyme, organización integrada dentro de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), el único representante con el que cuentan estas compañías dentro de la mesa de diálogo social.

El reclamo judicial ha resultado la última vía por la que los responsables de Conpymes han decidido transitar para obtener una condición de representatividad que vienen reclamando desde hace nueve meses. En agosto de 2021, esta organización nacida en 2018 con el nombre de Plataforma Pymes, y que adquirió su actual denominación en noviembre de 2020, presentó una petición ante el Ministerio de Trabajo alegando que cumplía con las condiciones que establece Estatuto de los Trabajadores para ostentar este papel, y que en su disposición adicional sexta detalla que gozarán de esta capacidad representativa “las asociaciones empresariales que cuenten con el 10% o más de las empresas y trabajadores en el ámbito estatal”.

Un volumen con el que dicen cumplir, puesto que entre sus miembros cuentan con grandes organizaciones representativas de pymes como FENADISMER (transporte), COAG (agricultura), AFELIN (limpieza) UATAE (autónomos) ANPIER (energía), y organizaciones territoriales de la importancia de PIMEC (Cataluña), PIMEEF, PIMEM, PIME Menorca, (Baleares), CES (Salamanca) o CEL (León), junto con más de 20 organizaciones sectoriales y territoriales.

“Desde Trabajo nos contestaron que no disponían ni de una normativa, ni de los instrumentos necesarios para llevar a cabo este recuento”, confiesa José María Torres, presidente de Conpymes. “Además, reconocieron que los organismos que han venido representando a los empresarios en España en democracia lo hacen por presunción de esta representatividad. Y en algunos sectores sucede que estas organizaciones no abarcan ni al 5% de empresas o trabajadores”, añade.

Ante la negativa del Ministerio, esta entidad presentó un recurso de alzada acompañado con toda la documentación necesaria para acreditar la representatividad que estima necesaria la ley, pero no recibió respuesta en los tres meses siguientes de los que disponía para hacerlo. La manera de revertir este silencio administrativo por parte de Conpymes ha sido el de presentar una demanda contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional.

“Es vergonzoso, porque llevo llamando desde noviembre todas las semanas al Ministerio de Trabajo para que nos reciba Yolanda Díaz, y no encuentran ningún momento para atendernos”, lamenta Torres, que no encuentra razón para semejante rechazo, teniendo en cuenta que su postura respecto a aspectos como la negociación colectiva está bastante alejada de la de las otras patronales, con quienes el Gobierno no siempre ha logrado alcanzar un acuerdo. “Conseguí reunirme con la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a la que le comenté que nuestra reclamación es justa y legal, y que no estamos pidiendo ningún favor, sino que se cumpla la ley”, añade.

Precedentes

En España, la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) es la voz de los pequeños empresarios dentro del diálogo social. Sin embargo, en opinión del presidente de Conpymes, su integración dentro de la CEOE le impide actuar “con voz propia e independencia”. Además, según Torres, que solamente exista una organización que represente de manera global a todas las empresas “es una anomalía internacional”.

No es la primera vez que sucede un enfrentamiento en cuanto a qué organización debe ostentar la representatividad de un colectivo de empresas. En Cataluña, las patronales Pimec y Fomento del Trabajo ―la principal organización empresarial, y adscrita a CEOE―, acordaron en 2019 que ambas ejercerían labores de interlocución en las mesas de negociación durante los siguientes diez años. Ambas arrastraban un conflicto que se remontaba 12 años atrás, y en el que también mediaron los tribunales. “Hubo hasta ocho procesos judiciales hasta que en uno de ellos el juez determinó que era necesario constatar esta representatividad contando, y es ahí donde Fomento se echó atrás y lo aceptó”, recuerda Torres. ”Es el camino que estamos dispuestos a recorrer si es necesario”, sentencia Torres.