El Gobierno adelantará de forma inmediata el 50% de la ayuda a todas las personas afectadas por la dana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes 110 nuevas medidas de emergencia que se activarán de inmediato para hacer frente a las devastadoras consecuencias de la dana. El paquete de ayudas, que asciende a 3.765 millones de euros, se suma al primer paquete aprobado la semana pasada por una suma de 10.609 millones ―en total, suman 14.373 millones de euros―. El objetivo de este esfuerzo, ha insistido el mandatario español, es “reforzar el escudo social” y proteger a los sectores más golpeados por la catástrofe meteorológica, al tiempo que contribuye a la recuperación del tejido empresarial, muy dañado por la riada que anegó pueblos enteros. Por eso, el Ejecutivo ha decidido adelantar de forma inmediata el pago del 50% de todas las ayudas a las personas que las estén solicitando, de modo que no deban esperar la tramitación de su expediente. El Gobierno quiere evitar así retrasos en la entrega de las ayudas a familias y empresas afectadas por la dana para reconstruir cuanto antes las zonas dañadas.

Además, los propietarios de las casas afectadas que no residían en ellas, pero que las alquilaban, también podrán acogerse al nuevo plan, lo que ampliará significativamente el número de beneficiarios. Hasta la semana pasada, solo contemplaba primera vivienda. Igualmente, los inquilinos que hayan perdido sus muebles podrán solicitar las subvenciones, incluso si no son bienes de primera necesidad.

El Ejecutivo ha habilitado 150 viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), cercanas a las zonas afectadas, que “estarán disponibles de forma gratuita e inmediata para las familias que lo necesiten”. Este parque de viviendas se complementa con 25 millones de euros destinados a la ampliación de la oferta de alojamiento para los damnificados a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Los beneficiarios serán aquellas personas residentes en las zonas afectadas y cuya vivienda haya sufrido daños que impidan su ocupación temporal o permanente. Además, se crea un grupo de trabajo para agilizar la obtención de suelos finalistas para la construcción de vivienda pública en las zonas afectadas.

En cuanto a las hipotecas, el Gobierno ha decidido congelar los pagos durante 12 meses adicionales, ampliando así el plazo ya previsto en el real decreto ley de la semana pasada. Esto permitirá que aquellas familias en riesgo de vulnerabilidad no tengan la presión de hacer frente a los pagos hipotecarios hasta noviembre de 2026, y solo tendrán que pagar los intereses. A modo de ejemplo, Sánchez ha vuelto a señalar que una hipoteca media de 120.000 euros, con una cuota mensual de 600 euros, no pagará nada durante un trimestre y, posteriormente, solo abonará 300 euros. Las solicitudes para acogerse a este plan podrán presentarse en los tres meses posteriores a la entrada en vigor del decreto.

El presidente ha insistido en que el adelanto económico del 50% responde a la necesidad de asegurar que los afectados no tengan que esperar meses para recibir asistencia. “Con este adelanto, lo que buscamos es que las familias puedan afrontar cuanto antes los gastos más inmediatos sin tener que esperar a la tramitación completa”, ha dicho.

Ayudas al campo e infraestructuras

Además de las medidas vinculadas a la vivienda, se ha aprobado un aumento del 30% en el complemento para la infancia en las zonas afectadas. Según los cálculos del Ejecutivo, este incremento beneficiará a unas 10.000 familias en situación de vulnerabilidad, aliviando de esta manera los gastos básicos de los hogares afectados.

Para el campo, el Gobierno ha aprobado una línea de fondos directos por 200 millones de euros para las explotaciones agrarias que hayan sufrido daños que les impidan realizar la siguiente campaña con normalidad o que hayan perdido más del 40% de su potencial productivo. Además, se ha habilitado una línea adicional de créditos ICO por 60 millones de euros para agricultores y ganaderos, y un programa de reparación de infraestructuras agrarias con 175 millones de euros, que ejecutará la empresa pública Tragsa. La línea de préstamos se suma así a los 5.000 millones gestionados por el Instituto de Créditos Oficial que contemplaba la normativa de la semana pasada y que representan la mitad de ese dinero originalmente movilizado.

Como medida adicional, los agricultores y ganaderos que tengan pérdidas mayores al 40% de su producción en 2024 no tendrán que pagar el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de sus propiedades rústicas, como fincas o locales de trabajo relacionados con su actividad. Si algún agricultor o ganadero ya pagó el IBI correspondiente a este periodo, puede solicitar que le devuelvan el dinero. Las autoridades locales (como los ayuntamientos y otras entidades) perderán dinero por la exención de este impuesto, pero el Gobierno central compensará esa pérdida a través de los Presupuestos Generales del Estado. Esta exención ya se había aprobado la semana pasada el resto de los inmuebles no rústicos.

En cuanto a la restauración de infraestructuras, se contempla un plan de 45 millones de euros para la restauración de la Albufera y otras cuencas fluviales devastadas por las inundaciones. Además, se han previsto dos millones de euros para cines, librerías y entidades culturales que se han visto obligadas a cerrar debido a los daños causados por el desastre.

En materia laboral, el Gobierno reforzará los ERTE para empresas y trabajadores, aunque no se encuentren en los municipios afectados de manera directa, pero que hayan visto afectados su actividad económica por las inundaciones. Además, se pone en marcha una prestación extraordinaria para autónomos, que podrán compatibilizar su actividad con la recepción de una ayuda equivalente al 50% de su base de cotización durante tres meses. Asimismo, la incapacidad temporal de los trabajadores será tratada como un accidente de trabajo, eliminando el requisito de un número mínimo de años cotizados para poder acceder a la prestación. En paralelo, se priorizará el trabajo a distancia, salvo que resulte imposible por falta de medios.

Como consecuencia de esta “rápida respuesta gubernamental”, Sánchez ha insistido en que a día de hoy, más de 400 empresas ya han solicitado los ERTE de fuerza mayor que afectan a 9.000 trabajadores; 2.800 personas ya han pedido ayudas directas por daños a viviendas o pérdidas de enseres, y hay 158.000 expedientes que están siendo tramitados por el consorcio de seguros. Sin embargo, ha reconocido que “queda mucho trabajo por hacer, muchas calles por limpiar, drenajes por drenar, y hogares y empresas por recuperar”.

Precisamente, en un intento por dar respuesta al impacto que sigue teniendo el barro y los restos acumulados en las zonas afectadas, se destinarán 500 millones de euros para financiar un plan de acción contra el lodo, que se encargará de la retirada de los sedimentos y la reparación del sistema hidráulico en los municipios más dañados. El plan es crucial para garantizar el suministro de agua potable en las áreas afectadas.