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El Gobierno trata de adelantar el pago de ayudas e indemnizaciones a través de préstamos del ICO

La prioridad es que el dinero llegue cuanto antes. La Agencia Tributaria acelera también para dar las subvenciones

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este viernes en Valencia.
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, este viernes en Valencia.Ana Escobar (EFE)

Hacer que las ayudas e indemnizaciones por las inundaciones lleguen lo antes posible. Esta es una de las prioridades que se ha marcado el Gobierno. Cuanto antes llegue la liquidez para iniciar la reconstrucción, antes se volverá a la normalidad y se podrán calmar los ánimos. Y para ello el Ejecutivo ha puesto en marcha la posibilidad de que las indemnizaciones y las ayudas públicas se puedan anticipar en los bancos con un aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO). La idea es que simplemente con el papel que acredite el derecho, el banco pueda adelantar la liquidez y el ICO ponga el aval.

Así se recoge ya en el decreto de ayudas publicado en el BOE el pasado día 6: “Tendrá la consideración de garantía financiera la pignoración o cesión de los derechos de crédito que puedan resultar de las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros o de las ayudas que por cualquier Administración se concedan por razón de la dana, aun cuando el deudor sea un consumidor, una pequeña empresa o una microempresa”.

Y añade que estas garantías financieras “serán válidas una vez que consten por escrito o de forma jurídicamente equivalente, sin que pueda exigirse ninguna otra formalidad para su constitución, validez, eficacia frente a terceros, ejecutabilidad o admisibilidad como prueba”. Es decir, solo con la documentación que certifica el derecho, el banco debería conceder el adelanto. Eso sí: con el interés del préstamo que aplique la banca.

Estas condiciones se están instrumentando con los bancos y, en principio, estas líneas para adelantar las ayudas e indemnizaciones deberían estar disponibles la próxima semana. Es la primera vez que se articula un sistema así. Aunque las entidades sí que hicieron ya un pago de los ERTE, a través de su red de oficinas, cuando hubo problemas para abonarlos en medio de la pandemia. Y en esta ocasión ya están empezando a aplicar las moratorias anunciadas a sus créditos concedidos.

Estos créditos del ICO aprobados por la dana, para los que se ha dispuesto una línea de avales con un máximo de 5.000 millones, también se podrán usar por las empresas y autónomos afectados para conseguir liquidez, como en la covid, o para solicitar un crédito con el que financiar la recuperación de la capacidad productiva dañada. Aunque todavía se está trabajando en las condiciones, los préstamos se tendrán que devolver en una horquilla entre uno y siete años. Obviamente, las ayudas públicas directas no habrá que devolverlas. Y las indemnizaciones se están haciendo en función de las tablas de valoración. Si bien para los coches se está dando un 20% por encima del valor en dichas tablas.

Por su parte, las aseguradoras han ofrecido al Gobierno que se pueda usar su red de oficinas abiertas en la zona para agilizar el proceso de pagos del Consorcio de Compensación de Seguros. Este ha recibido ya 136.000 notificaciones en ocho días. Esa cantidad es la que gestiona el Consorcio normalmente en un año. Solo por toda la erupción del volcán de La Palma hubo 16.000 reclamaciones. Es decir, se está recibiendo el equivalente a un desastre como el del volcán de La Palma cada día. Y este mecanismo no cuenta con una estructura muy ágil. Así que hay conversaciones para que las aseguradoras puedan también ayudar ofreciendo sus oficinas.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que se ha reunido este viernes en Valencia con asociaciones de empresarios, comerciantes y cámaras de comercio para conocer sus necesidades tras los daños provocados por la dana, ha avanzado que su departamento estudia poner a disposición de los sectores afectados esta línea del ICO similar a la que se desplegó durante la pandemia y que, solo en la provincia de Valencia, supuso 5.000 millones de euros.

Economía sigue a diario la evaluación de las pérdidas por la catástrofe a través de los datos del Consorcio. “Estamos viendo el detalle de la afectación por localidades y por sectores, además de vehículos, viviendas y locales comerciales para ser capaces de actuar lo más rápido posible. Ese es el objetivo de hoy: tener información de primera mano para responder rápidamente”, ha explicado Cuerpo. Y ha agregado que “todavía es pronto para tener una cifra global”.

El ministro ha avanzado la posibilidad de que las empresas afectadas puedan acceder a partir de la semana que viene a estas líneas ICO a través de las entidades financieras, “que no solo les van a permitir recomponer su material, su maquinaria, sino que además les permitirán anticipar las ayudas que tienen que venir del Consorcio o de sus propios seguros”. El Gobierno está analizando las medidas ya planteadas y se espera un nuevo paquete para el próximo Consejo de Ministros adelantado al lunes.

También se busca agilizar las ayudas directas que gestiona la Agencia Tributaria. El 19 de noviembre estará disponible en la página web la solicitud. Habrá que dar un número de cuenta y la idea es que se puedan empezar a pagar a partir del 1 de diciembre por transferencia bancaria. Ya hay en la web de la Agencia un apartado propio para la dana.

Y este viernes estará ya disponible en la web el aplazamiento de impuestos por la dana, parecido al de la covid, por el cual se difieren 24 meses, de los que los primeros seis meses van sin intereses. Una vez presentada la declaración a ingresar, se puede pedir para aquellas con plazo de presentación entre el 28 de octubre y el 30 de enero.

La Agencia Tributaria ha puesto a disposición del público, además, un número de teléfono específico para dudas sobre la dana: 917575800. Y un chat o la posibilidad de pedir cita telefónica. En todas las oficinas abiertas en la provincia de Valencia se han habilitado departamentos focalizados en atender particulares en relación con la dana. Y en la sede de la delegación especial en Valencia, uno dedicado a asesores tributarios.

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