Los ERTE se abren camino despacio en el territorio devastado por la dana

Los mecanismos laborales para tratar de paliar los estragos causados por la dana en los negocios de varias regiones de España, y singularmente en aquellos ubicados en múltiples municipios de la provincia de Valencia, han arrancado con lentitud. Con evidentes dificultades teniendo en cuenta que las labores de limpieza siguen primando por encima del papeleo, y a la espera de que el escudo laboral diseñado por el Gobierno se despliegue por completo —el Consejo de Ministros lo aprobará previsiblemente la próxima semana—, las empresas afectadas pueden solicitar actualmente un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP). Según indicó este jueves la Generalitat Valenciana, hasta la fecha se han registrado 159 expedientes que afectan a 2.318 trabajadores. Son pocos todavía, teniendo en cuenta que el Ministerio de Seguridad Social calcula que podrían verse cobijados hasta 400.000 empleados. Una cifra que genera algo de controversia entre los sindicatos.

De acuerdo con los registros oficiales, de los 159 expedientes, dos son de extinción y 157 de regulación temporal, y conciernen a 2.285 empleados por suspensión o reducción de jornada y a 33 por despidos colectivos. Por sectores económicos, el de servicios concentra hasta ahora el mayor número de expedientes registrados (135, con 1.075 trabajadores afectados), seguido de industria (19, 1.221 empleados) y construcción (5, con 22). En cuanto a la división en función de la actividad, hay 1.221 trabajadores impactados en la industria manufacturera; 260 en comercio al por mayor y por menor de reparación de vehículos de motor; 229 en actividades administrativas y servicios auxiliares; 160 en hostelería y otros tantos en transporte y almacenamiento; y 113 en actividades sanitarias y de servicios sociales.

Tomando como referencia la ubicación de las empresas que los han solicitado, Almussafes registra el 20% de los afectados (464), Quart de Poblet el 15,3% (355), Riba-roja de Túria el 14,1% (327), València ciudad el 11,9% (275), Beniparrell el 9,2% (214), Sedaví el 4,4% (102), Benifaió el 3,8% (89), Massanassa el 3,8% (88), Aldaia el 3,8% (87), Torrent el 3,3% (76), Alfafar el 2,5% (57), Catarroja el 1,4% (32), Paiporta el 1,3% (29), Alzira el 1,2% (28), Albal el 1,1% (25), Algemesí el 0,9% (20) y Benetússer el 0,7% (16). Por debajo de ese porcentaje está Chiva (0,6%, 13 afectados), Picanya (0,3%, 8), Requena (0,2%, 4), Alaquàs (0,1%, 3), Llombai (0,1%, 2), y Alginet, Burjassot, Bétera y Utiel tienen un afectado cada una.

La solicitud de esta herramienta de salvaguarda del empleo —que permite suspender temporalmente contratos o reducir la jornada laboral cuando se producen situaciones extraordinarias— ha arrancado con la lentitud esperada debido a que, por el momento, la mayoría de los esfuerzos en las zonas afectadas se concentran en labores de recuperación de hogares y locales, así como de localización de los desaparecidos. Además, fuentes del Ministerio de Trabajo recuerdan que estos ERTE se aplicarán con carácter retroactivo desde el 29 de octubre, fecha en la que se produjo el temporal. Por lo que, independientemente de cuándo lo pidan las empresas —que tendrán que solicitarlo ante la autoridad laboral de la Comunidad Valenciana—, sus empleados quedarán cubiertos desde la fecha en la que se produjeron las inundaciones. Algunas empresas, como la automovilística Ford, han adelantado su voluntad de presentar a la administración un ERTE para la fábrica de Almussafes (Valencia).

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, adelantó el pasado martes que el Gobierno estima que cientos de miles de trabajadores podrían verse beneficiados por las distintas coberturas que se contemplan dentro del paquete de ayudas. Su departamento especificó este miércoles que los trabajadores potencialmente afectados por los ERTE de fuerza mayor “son más de 350.000″, mientras que “los autónomos de la zona ascienden a 68.000″, por lo que el número de trabajadores beneficiarios de las medidas recogidas en el BOE —prestación extraordinaria mejorada de cese de actividad y exoneración del 100% de la cuota para autónomos en cese y empresas en ERTE por fuerza mayor por la dana— “protegerán potencialmente a más de 400.000 trabajadores”.

Sin embargo, los sindicatos, que comprenden el lento despegar de las peticiones por la imposibilidad que muchas empresas tienen en estos momentos para tramitarlas, recelan de estos cálculos. “Representa a un tercio de la población trabajadora de la provincia de Valencia. Es una cifra exagerada, y tengo la sensación de que el ministerio la ha dado para cubrirse en salud”, indica Ismael Sáez, secretario general de UGT en la Comunidad Valenciana. En su encuentro del lunes con las centrales, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, les señaló que al margen de los ERTE —que ya están regulados en el Estatuto de los Trabajadores—, entre las medidas del escudo laboral estarían los permisos retribuidos por ausencia al puesto de trabajo.

“No tiene razón de ser que un trabajador sea penalizado por no acudir al lugar en el que trabaja por razones obvias”, añade Sáez, que confiesa que Díaz les adelantó que estos permisos serían remunerados —hasta que no se aprueben está por ver por quién—, y tendrían carácter no recuperable. “Tenemos una obligación, que es proteger a todos los trabajadores que están afectados”, recalcó este jueves Díaz durante unas jornadas organizadas por CC OO.

Daniel Patiño, secretario de Acción Sindical de CC OO en la Comunidad Valenciana, no considera exagerada la cifra propuesta por Seguridad Social, y advierte de que a partir del próximo lunes el número de expedientes solicitados se multiplicará. “Va a llegar una avalancha, porque hay muchos negocios afectados, algunos de ellos que se escapan de las casuísticas a las que se dirigen muchas de estas medidas”, señala.

Más beneficiarios

El Ministerio que dirige Elma Saiz recordó también que las ayudas impactarán también sobre otros colectivos. Cerca de 100.000 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital y de pensiones no contributivas de la zona “recibirán un complemento en la cuantía de la prestación del 15%”. En este punto, los sindicatos solicitaron a Saiz que todas estas ayudas no recayeran solo sobre las empresas ubicadas en los 33 municipios afectados, sino también sobre aquellas que, aun estando ubicadas en otros lugares, tuvieran a una cantidad representativa de sus trabajadores viviendo en las zonas afectadas. Algo a lo que asegura que se comprometió la ministra.

Otra de las demandas de los sindicatos es que los trámites para solicitar las ayudas sean de fácil cumplimiento. “Estoy harto de ir a lugares donde ha habido una tragedia después de un año, después de dos, y la gente se queja de que las medidas que se habían prometido no han llegado, no puede pasar y yo quiero pedirles a las autoridades que tomen las medidas necesarias para que las ayudas lleguen”, ha reclamado Pepe Álvarez, secretario general de UGT.