Moody’s advierte de que la recuperación económica en la zona afectada por la dana será “larga y costosa”

Las devastadoras inundaciones que han afectado a la Comunidad Valenciana y otras autonomías tendrán efectos negativos sobre la economía y las finanzas de estas zonas, y la recuperación será “larga y costosa”, según ha advertido este viernes la agencia de calificación Moody’s. A pesar de las ayudas gubernamentales para la recuperación, la magnitud de los daños a la infraestructura y empresas en estas regiones amenaza con socavar aún más su estabilidad fiscal, en particular en el caso de la Generalitat. En consecuencia, los analistas consideran que, dada la magnitud de los daños causados por las inundaciones y el impacto económico que se avecina, Hacienda debería condonar la liquidación negativa que se presupone que tendrá el territorio por el impacto de la catástrofe en la recaudación tributaria.

Con 75 municipios gravemente afectados por la dana, la Comunidad Valenciana se ha convertido en el epicentro de una tragedia cuya magnitud amenaza con empeorar su ya frágil situación fiscal. Las inundaciones no solo han destruido infraestructuras clave y provocado la pérdida de miles de empleos, sino que también ha dejado un impacto duradero sobre las finanzas públicas. Según un informe publicado este viernes por la agencia de calificación Moody’s, la destrucción ha sido de tal envergadura que, a pesar de la ayuda financiera anunciada por el gobierno central, el proceso de recuperación será largo y costoso. Cerca de 4.500 empresas han sido afectadas directamente por las inundaciones en Valencia, muchas de ellas con graves perspectivas de cierre definitivo. En el sector agrícola, la situación es aún más crítica, ya que unas 53.000 hectáreas de tierras cultivadas han quedado inutilizables, con pérdidas de cultivos que superan los 150 millones de euros.

Lo que hace aún más preocupante esta situación es que antes de la catástrofe, la Generalitat ya arrastraba la mayor deuda pública de todas las comunidades autónomas: un 42% sobre su producto interior bruto (PIB), según recoge Fedea. Se trata del doble de la media del resto de autonomías, que es del 22%. A esto se le suma una tasa de deuda operativa que se acercaba al 319% al cierre de 2023, lo que la coloca en una posición extremadamente vulnerable frente a cualquier shock económico, de acuerdo con Moody’s. La agencia ha advertido de que, tras las inundaciones, se espera una mayor presión sobre las finanzas de la región, ya que las autoridades locales se verán obligadas a aumentar el gasto en servicios públicos esenciales, como sanidad, educación y asistencia social, al mismo tiempo que sus ingresos fiscales caerán drásticamente debido a la desaceleración económica provocada por los daños.

A pesar de las medidas de apoyo desplegadas por el Ejecutivo, como el paquete de ayudas de 10.600 millones de euros que incluye garantías para pequeñas y medianas empresas y exenciones fiscales, la capacidad de la Comunidad Valenciana para hacer frente a la magnitud de los daños es limitada. Moody’s cree que, a medida que la economía regional se ralentiza y los ingresos fiscales disminuyen, las autoridades locales se verán obligadas a recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) ―como ha ocurrido en el pasado― para afrontar los pagos de la deuda y las facturas con sus proveedores. En cualquier caso, el uso de este mecanismo por la Generalitat ha sido reiterado, lo que según los analistas refleja los problemas que afronta en materia fiscal. El documento precisa que “Valencia ha solicitado el uso de este mecanismo de liquidez de manera consistente desde su creación. A finales de 2023, tenía casi 50.000 millones de euros en deuda pendiente con el FLA, lo que representaba el 87% de su deuda directa total. Esta fuente de financiación mitiga los riesgos de refinanciación de la región y limita sus costos por intereses”.

Por otro lado, la capacidad de las comunidades autónomas afectadas para asumir nuevos compromisos financieros es limitada. La necesidad de implementar planes de recuperación que incluyan inversiones en infraestructuras esenciales, como carreteras, ferrocarriles y recursos hídricos, podría generar aún más tensiones fiscales en el futuro. En este escenario, el proceso de reconstrucción en la región dependerá de la cooperación entre ambos niveles de gobierno ―central y autonómico― para la financiación de inversiones esenciales en las infraestructuras que deben ser restauradas, así como en la garantía de que los fondos se distribuirán de forma eficiente.

A fin de tener otra fuente de fondos, el Ejecutivo ha solicitado a la Comisión Europea la Ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad y se ha solicitado al Consejo y al Parlamento Europeo la aprobación por vía de urgencia de un nuevo reglamento que permitirá canalizar más recursos a superar los efectos negativos causados por la dana.