Elena Manzano: “El reto demográfico debe verse atendido también con el sistema de financiación”

Elena Manzano (Cáceres, 42 años) lleva cerca de un año al frente de la Consejería de Hacienda y de Administración Pública de Extremadura (PP), pero toda la vida tratando temas relacionados con las finanzas públicas. Doctora y profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, defiende la política de rebajas fiscales del Gobierno extremeño (PP-Vox). “No estamos acometiendo una bajada generalizada. Queremos hacer justicia tributaria”, afirma durante una entrevista en su despacho en Mérida.

Defiende la eliminación del impuesto sobre el patrimonio, rechaza la financiación singular que pide Cataluña y reclama que la reforma del sistema integre a los territorios forales y suponga una inyección de recursos. “No nos vamos a sentar a negociar un sistema sin saber cuánto dinero de más va a haber”, zanja. Para Extremadura exige una inversión y una “financiación justa”, que tenga en cuenta el coste de prestar los servicios públicos: “El reto demográfico ya es una emergencia que tiene que verse atendida también con el sistema de financiación”.

Pregunta. Extremadura es una de las comunidades con el PIB per cápita más bajo de España y con mayor riesgo de pobreza. ¿Cómo se soluciona?

Respuesta. Lo importante es la inversión y cumplir con la Constitución: España tiene que crecer de manera equilibrada y cohesionada. Pero durante años la política de inversión estatal ha ido a otros territorios. Y Extremadura no tiene una financiación justa. Queremos estar donde se encuentran otras regiones y que las personas que hayan nacido aquí puedan quedarse. Ha habido un éxodo obligado de extremeños a otros territorios por la ausencia total de oportunidades aquí.

P. Dice que Extremadura no está bien financiada, pero según los datos está encima de la media y es beneficiaria neta del sistema.

R. Todo lo que llevemos al ámbito de habitantes, cuánto aporta un territorio, cuánto recibe… Esa premisa para mí es totalmente errónea. Somos un millón de habitantes en un territorio muy amplio. No tenemos en cuenta lo que cuesta prestar los servicios frente a otros territorios donde hay más habitantes y menor superficie. No quiero que solo se mida por número de habitantes.

P. Pero hablamos de población ajustada según las necesidades sanitarias, educativas…

R. Da igual. El peso de la población es enorme. Si consideráramos otras variables geográficas quizás iríamos a unos indicadores más reales. Y la contribución territorial no puede medirse en términos puros por comunidades. No todo lo que se recauda en Cataluña tiene ahí su origen. Puede haber un contribuyente catalán que tenga cinco fincas en Extremadura. Territorializar los ingresos genera distorsión. Por eso creo que las balanzas fiscales son una falacia total. Somos las personas quienes pagamos los tributos.

P. ¿Cómo hay que modificar el reparto de recursos?

R. Defendemos que el coste de la prestación de los servicios en Extremadura se vea adecuadamente representado. Ya somos muchos los territorios despoblados que queremos que se nos escuche. El reto demográfico ya es una emergencia que tiene que verse atendida también con el sistema de financiación. Lo más adecuado sería convocar una Conferencia de Presidentes y, después, un Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y debe haber una aportación dineraria, que es lo que ha pasado en reformas anteriores. No nos vamos a sentar a negociar un sistema sin saber cuánto dinero de más va a haber.

P. ¿Quiere decir que también hay insuficiencia de recursos?

R. Absolutamente.

P. ¿Cuánto más se debería inyectar al sistema?

R. Nosotros queremos que el Estado sea responsable. Si habla de condonar 15.000 millones a una comunidad, que esa misma responsabilidad la traslade al resto y ponga una cifra encima de la mesa. El gasto en servicios públicos se concentra en sanidad y educación, que gestionamos las comunidades. Y la distribución de recursos no es acorde. Todos necesitamos mayores ingresos. En cuanto haya una propuesta estatal veremos si se adecua a las necesidades.

P. ¿De dónde se sacaría el dinero?

R. El Estado está obteniendo mucha recaudación. Que haya un reparto más adecuado de esos ingresos.

P. Mientras tanto ustedes bajan impuestos.

R. No estamos acometiendo una bajada generalizada. Queremos hacer justicia tributaria. Todas las medidas están muy controladas a nivel presupuestario. Hemos corregido la tarifa de IRPF. Somos una comunidad con altos niveles de pobreza y teníamos el tipo de gravamen más alto de toda España para contribuyentes de hasta 20.200 euros. Hemos proporcionado justicia también en sucesiones y donaciones y en patrimonio, que es otro de los factores que llevaba a los contribuyentes a marcharse a otros territorios. Y no pienso solo en Madrid, sino en Portugal, en otros países.

P. ¿No es contradictorio hablar de justicia fiscal y bajar patrimonio, aunque les afecte la competencia fiscal?

R. No creo que se anule esa competencia con una armonización dentro de nuestro país. El impuesto sobre el patrimonio no existe en territorios cercanos, y tenemos un problema de población en Extremadura. Además, el impacto recaudatorio es de cinco millones en un presupuesto de 8.144. Prefiero obtenerlos por otras vías que sean justas y me permitan atraer población.

P. ¿Y para ello es suficiente la política fiscal?

R. Todo es transversal, pero la fiscalidad es importante. La decisión de deslocalizar es una realidad en Extremadura. La eliminación del impuesto de patrimonio completa una idea clara que queremos trasladar: que la gente se tiene que quedar, y que aquellos que estén pensando en venir no encuentren ni una sola traba.

P. ¿Entonces no sería recomendable, dentro del territorio español, una armonización?

R. La asimetría que más me preocupa es la que existe entre el régimen foral y el común. Ya dijimos en la comisión de expertos de 2017 [para la reforma de la financiación] que una modificación del sistema debería pasar por integrarlos. Defiendo que haya diferencias y autonomía, porque se adecua a las singularidades existentes. Pero siempre ponemos el foco en la armonización en el territorio común y nunca en los forales. Me gustaría que el Estado abriera el debate. Hay dos territorios económicamente muy relevantes que generan una asimetría importante. Y creo que parte del problema político de Cataluña proviene de la situación existente en País Vasco y Navarra.

P. ¿Cree que Cataluña va a tener la financiación singular que pide?

R. Espero que no, porque supondría la desaparición de la hacienda estatal. Sería una hecatombe.

P. También propone una condonación de deuda.

P. No me parece justo. Los recursos son de todos, no solo del Estado, y el debate debe abordarse de manera multilateral. Para mí está claro que el sistema actual castiga a territorios como el nuestro, que sufren una pérdida poblacional.

P. La mayoría de las comunidades está gobernada por el PP, pero no hay acuerdo entre ellas.

R. ¿Esta cuestión tiene que ser de posicionamiento político? Los servicios hay que cubrirlos y se prestan de forma diferenciada dependiendo del territorio. No tiene que obedecer a unas siglas o a una posición política.

P. Pero las decisiones se toman en el Congreso.

R. Es cierto. Todas las revisiones de la financiación han partido de acuerdos y de posiciones comunes en un foro multilateral, aunque previamente había reuniones del Estado con cada comunidad. En la situación actual, veo muy complicado que eso pase, pero me resisto a que no podamos intentarlo.

P. Tampoco hay acuerdo sobre el fondo transitorio de nivelación que piden las comunidades infrafinanciadas.

R. Eso parte de una situación inicial que no comparto. Todos estamos infrafinanciados. Pero no se arregla con unas transferencias a determinados territorios. Igualmente, me parece un error de partida una decisión bilateral que suponga que el Estado destine 15.000 millones a un territorio sin hablar con el resto. Que por lo menos las decisiones se adopten en un foro multilateral.

P. La presidenta de Extremadura habla de una infrafinanciación de la comunidad de más de 10.000 millones. ¿Cómo se ha calculado?

R. Incluye el Fondo de Compensación interterritorial, las inversiones territorializadas y las complementarias estatutarias, que nunca se realizaron. Legitimar los 15.000 millones de condonación de deuda a Cataluña legitima también la carencia de inversión en mi territorio. Todo es debatible.

P. ¿Va a haber alguna novedad en los presupuestos que están diseñando?

R. Seguiremos profundizando en esa fiscalidad justa y en esa política fiscal de atracción. Hay figuras tributarias en las que quiero actuar. Me preocupa el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. También el de sucesiones y donaciones. Queremos equiparar los descendientes por consanguinidad a vínculos de vivencia en común. Estamos trabajando en medidas potentes, que aún no puedo anunciar, pero que van a salir pronto.

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